Propuestas para agilizar la otorgación de permisos a negocios, desarrollar la economía, reducir el gobierno y hasta legislar la implementación del Impuesto Mínimo Global (IMG) fueron presentadas este miércoles por tres de los cuatro candidatos a la gobernación durante un foro organizado por el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) en Vivo Beach Club, en Carolina.

La discusión, empero, dejó fuera ideas concretas para atender temas claves para la industria automotriz, como la eliminación del impuesto al inventario, una reconceptualización del arbitrio aplicable a los vehículos de motor, así como el desarrollo de la infraestructura de carga para carros eléctricos.

Al foro denominado “Elecciones e Innovaciones: Una mirada al futuro cercano de nuestra industria” asistieron Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad, y Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD). Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), no asistió.

“Creo que todos los candidatos tuvieron la oportunidad de decir su visión con relación a su proyecto de gobierno en caso de que sean elegidos. Algunos han profundizado sobre el tema del impuesto al inventario, pero no ha habido una solución para los sectores económicos y el consumidor”, expresó José Ordeix, presidente de GUIA, en entrevista con El Nuevo Día.

“Todos se enfocaron en hablar de su visión de desarrollo económico, con perspectivas bastantes diferentes, pero ha sido interesante en el sentido de cómo pueden contribuir a un Puerto Rico mejor”, expresó.

El primer turno correspondió a Dalmau, quien recordó que Puerto Rico es un país empobrecido y en quiebra, que debe dar paso a un ambiente de negocios basado en una “economía sustentable”.

“Las economías dependientes como la nuestra no son una economía de desarrollo”, dijo en alusión a la inyección de fondos federales a la isla por medio de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Ante este escenario, reclamó que Puerto Rico debe enfocarse en promover el empresarismo puertorriqueño y salvaguardar la inversión extranjera por medio de la aplicación del IMG de 15%.

El IMG, que entraría en vigor en enero a nivel global, forma parte de un acuerdo global para eliminar la competencia contributiva a nivel internacional a través de un impuesto global de 15% a empresas multinacionales con ingresos que sobrepasen 750 millones de euros (sobre $800 millones).

Aunque países europeos ya lo implementaron, Estados Unidos ni Puerto Rico cuentan con un marco contributivo a esos fines.

De hecho, al cierre de la pasada sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Senado rechazó el Proyecto de la Cámara 1908, que buscaba establecer ciertos créditos contributivos alternos para mitigar el impacto que supondría a las multinacionales el aumento en el tributo sobre sus ingresos.

Un estudio de la organización Espacios Abiertos (EA) estimó que el gobierno podría dejar la oportunidad de ingresar sobre $3,843 millones en caso que no haya una legislación para implementar el IMG.

“Estados Unidos no ha legislado sobre el tema (IMG) y eso debe a que ellos no sienten que deben tener la urgencia, pero ese no es el caso nuestro (Puerto Rico)“, expresó Dalmau. “Si no actuamos estaremos enfrentando una crisis como la eliminación de las 936″.

El dinero que se recaude producto del IMG podría ser utilizado para bajar las contribuciones de las empresas puertorriqueñas, propuso Dalmau.

Además, indicó que podrían ofrecerle “beneficios no contributivos” a las empresas foráneas que paguen el impuesto, con el objetivo que reduzcan sus costos operacionales.

“Lo que no veo ocurriendo es que se vuelvan a dar unos créditos contributivos como los que gozaban antes, porque eso no sería competitivo en términos de abaratar los costos operacionales”, indicó el candidato del PIP en un aparte con este diario.

A Dalmau le siguió Jiménez, quien enfocó su presentación en su propuesta para reducir el gobierno, bajar la carga contributiva a los ciudadanos, así como agilizar la otorgación de permisos a los negocios.

Sobre este último punto, propuso que los negocios con operaciones simples puedan abrir sus puertas al solo cumplir con los requerimientos de un reglamento.

En el caso de las operaciones más complejas, indicó que crearía la figura de “profesionales autorizados”, quienes se encargarían de la otorgación de ciertos permisos con la autorización del gobierno.

“Si es un permiso complicado, certificaremos aquellos ingenieros o arquitectos con licencia en Puerto Rico para que sean profesionales autorizados. Cuando haya un permiso que tenga una complejidad, la persona contrata a ese personal autorizado, certifica que el ciudadano cumplió, el negocio abre y se notifica al gobierno”, describió.

“Vamos a incentivar que cualquier persona que tenga un sueño o una aspiración la pueda desarrollar de una forma adecuada, menos costosa y con menos impedimentos”, apuntó el actual alcalde de San Sebastián.

El último turno del foro correspondió al candidato a la gobernación por el PPD, quien presentó un modelo de desarrollo económico que, a su juicio, está centrado en el empresario local a través de la colaboración con los distintos sectores de la economía y una baja en los costos para hacer negocios, incluyendo una “redistribución” de la carga contributiva por patentes, arbitrios, entre otros impuestos.

Advirtió, empero, que para poder fortalecer a los empresarios del patio, será necesario fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos en general.

“Si la gente no tiene dinero en el bolsillo, ustedes (los importadores de autos) no pueden vender sus carros”, apuntó.

Para ello, sostuvo que será fundamental cancelar el contrato de LUMA Energy, el consorcio a cargo de la red de transmisión y distribución de energía en la isla. “LUMA se tiene que ir y he establecido un plan específico paara cancelar el contrato”, reclamó.

El primer paso de tal plan será nombrar un comité de transición, que tendrá que documentar los incumplimientos al contrato presuntamente cometidos por el operador.

“Los que tengan dudas (de los incumplimientos de LUMA) salgan allá afuera y vean cómo está el sistema de energía”, indicó Ortiz en referencia a los continuos apagones que afectan a los municipios.

Durante sus alocuciones, tanto Jiménez como Ortiz indicaron estar a favor de la eliminación del impuesto al inventario, pero advirtieron que el gobierno tendría que buscar alternativas para atender el impacto que una determinación a esos fines tendría sobre los ayuntamientos.

Para Jiménez, las alternativas podrían estar dirigidas “a la venta o cualquier otra contribución en lo que trazamos una ruta para que los municipios nos cuesten menos y tengan una operación mucho más reducida”.

“Estoy de acuerdo con que se elimine (el impuesto al inventario), pero hay que buscar un área donde esa contribución emigre. En 2023, los recaudos del impuesto fueron $291 millones, mientras que el total de la contribución por la propiedad mueble fueron $480 millones”, recordó.

“Si de la ecuación (del dinero) que reciben los municipios le quitas los $291 millones, estarías trastocando la operación de los municipios, que vienen de perder el fondo de equiparación. Si se quita eso (el impuesto) al inventario y no se migra la contribución, los municipios, en su conjunto, tendrían que despedir alrededor de 11,000 empleados, lo que trastocaría un disloque en los servicios que reciben las personas de edad avanzada”, agregó.

Ortiz coincidió con Jiménez, al indicar que hay que buscar una alternativa “para que no vistamos un santo y desvistamos otro”.

El candidato del PPD reclamó que el gobierno central no puede dar los servicios solo, por lo que necesita ayuntamientos con buena salud financiera.

“Pero, también necesito una clase empresarial con menos carga contributiva. No puedo tirar el ancla para salvar al otro. Mi compromiso es que busquemos una alternativa de sustitución para eliminarlo (el impuesto al inventario”, apuntó.