Por entender que extensiones de apenas 30 días solo complican la posibilidad de que los consumidores cuenten con la protección adecuada, la Asociación de Comisionados de Seguros (NAIC), el organismo que acoge a los reguladores del sector en Estados Unidos, clamó al Congreso por una autorización de largo plazo al Programa Nacional de Seguro de Inundaciones (NFIP, en inglés).

Justo cuando la temporada de huracanes ha entrado en sus semanas pico y mientras el huracán Francine afectaba el estado de Luisiana y otros con pérdidas millonarias, los reguladores estatales de seguros enviaron una carta al capitolio estadounidense clamando por la extensión del NFIP, determinación que también abriría las puertas para ampliar el mercado de pólizas privadas contra inundaciones.

La presente extensión del NFIP, programa que asegura a sobre cinco millones de dueños de hogares en Estados Unidos, incluido Puerto Rico, expira el próximo 30 de septiembre.

“Continuar con extensiones temporales solo menoscaba la capacidad de los consumidores de planificar con anticipación, particularmente cuando se considera que la mayoría de las pólizas contra inundaciones no entran en efecto sino hasta 30 días después de la compra”, reza la carta del NAIC.

“Queremos instar al Congreso a que utilice esta reautorización del NFIP como una oportunidad para facilitar un crecimiento mayor del seguro privado de inundaciones lo que ayudará a los consumidores a acceder a más alternativas”, insistieron los reguladores.

En Estados Unidos, luego de las pérdidas provocadas por el huracán Andrew en 1992 y más recientemente, por el huracán Katrina –que solo por inundaciones dejó pérdidas ascendentes $25,592 millones (a precios de 2023)- el seguro de inundaciones quedó en manos del estado, esencialmente a través del NFIP. Ello, una vez, decenas de aseguradores privados colapsaron o dejaron de suscribir dicho riesgo, que es separado de los seguros contra huracanes o terremotos.

El NFIP es subvencionado por el gobierno estadounidense y es gestionado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), entidad que ofrece el seguro de manera directa o en coordinación con sobre 50 aseguradoras en todo Estados Unidos. En consecuencia, desde la perspectiva de la NAIC, son los contribuyentes, quienes a fin de cuentas pagan con sus impuestos las pérdidas ocasionadas por inundaciones.

La NAIC también instó a congresistas y senadores a que, al extender el NFIP, se tomen medidas que promuevan la mitigación por parte de los asegurados, lo que tiene el efecto de reducir los impactos de un desastre. Según la NAIC, por cada dólar invertido en medidas para proteger la propiedad de un desastre natural o una inundación, se ahorran unos $6.