Laura Taylor Swain, la jueza federal a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico, extendió por segunda ocasión, la moratoria en el caso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

A solo horas de que se levantara la restricción que impedía a las partes continuar litigando en el proceso de quiebra de la AEE, Swain acogió un pedido de su exhomóloga y líder del Equipo de Mediación, Shelley C. Chapman, para mantener el status quo del caso por otros 30 días.

En lo inmediato, la determinación extiende hasta el próximo 7 de noviembre, la prohibición a las partes de presentar o continuar argumentaciones en torno a la reestructuración financiera de la corporación pública.

Pero a mediano plazo, a juzgar por el expediente de Título III de la AEE, no hay certeza de que, en efecto, se consiga un entendido o cuándo podría resolverse la reestructuración financiera de la empresa estatal. Ello, porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas de la AEE que le respaldan, han extendido la vigencia de su entendido por todo un año.

Swain, quien hace dos años y medio invocó el mecanismo de la mediación en el caso de la AEE una vez el gobierno canceló un acuerdo pactado en el 2019, otorgó otro mes a las partes luego de recibir un escueto informe por parte de Chapman.

“Por instrucciones del tribunal, el Equipo de Mediación ha llevado a cabo múltiples sesiones de mediación presencial desde la orden de paralización”, reza el informe suscrito por Chapman y en el que se indica que han mantenido reuniones con y entre la JSF ciertas partes en mediación e, incluso, partes “adicionales” que se opusieron al Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE), que se ventiló en el tribunal en marzo pasado.

De acuerdo con Chapman -quien en septiembre pasado, junto a su colega Jamie M. Eisen, habría dedicado unas 38 horas a las negociaciones en la AEE- habida cuenta que las discusiones continúan activas, se hacía necesario otro respiro.

Los trabajos de Chapman, quien al dejar la judicatura se integró al bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, son pagados por los abonados de la AEE a razón de $50,000 mensuales. Considerando el momento de su contratación, Puerto Rico ha pagado alrededor de $1.5 millones con la expectativa de que se llegará a un entendido.

La decisión de Swain, sin embargo, se produce luego de tres eventos particulares.

El pasado 24 de septiembre, Swain extendió la vida -y por ende, los trabajos- del Equipo de Mediación de la AEE por otros seis meses, luego de que los principales grupos que intervienen en la quiebra de la corporación pública no mostraran reparos a tal extensión.

Según un recurso de la JSF en el que se solicitaba mantener el Equipo de Mediación activo, ocho de las partes involucradas en el caso no tuvieron reparos en continuar sentados a la mesa. El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), los administradores de las líneas de crédito para combustible (“fuel lenders”), el fiduciario de la deuda de la AEE y el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) no objetaron la extensión de los trabajos del Equipo de Mediación.

Tampoco mostraron reparos a la continuación de los trabajos, la firma de inversiones GoldenTree Asset Management y las aseguradoras municipales Syncora Guarantee, Assured Guaranty, National Public Finance, quienes encabezan el grupo de opositores al PDA-AEE.

La Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) no tomaron una postura en el asunto.

Por su parte, el grupo mayoritario de bonistas de la AEE que encabeza el gigante Blackrock Financial Management tampoco objetó el curso de la mediación. Más bien, el grupo reafirmó su entendido con la JSF.

El pasado 1 de octubre, la JSF y el grupo encabezado por Blackrock aplazaron hasta el mismo día en el 2025, el acuerdo de respaldo al PDA-AEE.

Al extender el acuerdo, también se modificaron los términos de los bonos “Serie B” que forman parte del PDA-AEE y que comprarían Blackrock y otros. En lugar de que la AEE pueda llamar o pagar de antemano esa deuda en 20 años y que ascendería a por lo menos $1,300 millones, la protección de los bonistas sería a 25 años, es decir, hasta el año 2049 y de igual forma, el ajuste porcentual en el prepago se movería del 2049 al 2054.

El PDA-AEE contempla recortar unos $12,000 millones en obligaciones de la empresa estatal, incluyendo en la transacción la emisión de más deuda, dinero que se utilizaría para pagar a diversos acreedores.

Mientras, Blackrock y la JSF parecen decir al mundo que continúan unidos, la semana pasada, los bonistas objetores encabezados por GoldenTree divulgaron su interés en financiar las operaciones de la AEE en una declaración ante el Congreso de Estados Unidos.

Tal oferta, sin embargo, no parece ser bien vista por la JSF, organismo que asegura que los bonistas objetores de la AEE continúan aferrados en cobrar una cuantía que la AEE no puede pagar.