En un desarrollo no previsto, la firma de inversiones GoldenTree Asset Management y los aseguradores municipales Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee Corp. y Syncora Guarantee, quienes se encuentran en un proceso de negociación confidencial amparado por el tribunal de Título III, informaron al Congreso de Estados Unidos que están dispuestos a proveer capital adicional a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Y en paralelo, responsabilizaron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a la prolongación del proceso de quiebra de la corporación pública- por el deterioro del servicio eléctrico que padecen miles de hogares y negocios en Puerto Rico.

GoldenTree y las aseguradoras municipales que garantizan los bonos de la AEE proponen que la empresa estatal comience a hacer ciertos pagos por la deuda pública vigente -que asciende a $8,500 millones- a cambio de recibir el efectivo necesario para continuar operando.

La propuesta, se alega, ayudaría a solventar la crisis de efectivo que encara la AEE y que la JSF reveló al tribunal de Título III en un informe presentado el pasado 18 de septiembre.

La disponibilidad de GoldenTree y los aseguradores municipales que respaldan la deuda pública de la AEE está contenida en una declaración que el grupo de acreedores presentó al subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Comité de Recursos Naturales del Congreso. Ello, en el contexto de la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada para indagar acerca del estado de la red eléctrica.

“El bien documentado fracaso de la AEE para proveer electricidad confiable al pueblo de Puerto Rico es una consecuencia directa de la incapacidad o falta de voluntad de la (JSF) de traer el proceso de quiebra de la AEE bajo el Título III -que ya marca siete años y contando- a una resolución razonable y consensuada como pretendió el Congreso cuando aprobó Promesa”, reza la declaración de los bonistas objetores de la AEE.

Según los objetores, la JSF ha perdido un tiempo valioso y ha desperdiciado “millones de dólares” en abogados y asesores para impulsar “una guerra infructuosa de reducción por presión” contra los bonistas de la AEE, quienes a fin de cuentas, son los llamados a financiar la empresa estatal si sale de la bancarrota.

Alegan también que, en el caso de la quiebra de la AEE, la JSF ha actuado en contravención del estatuto federal. Aparte de que el organismo pretende reducir su acreencia, los bonistas objetores plantean que la JSF tampoco ha certificado el plan fiscal de la corporación pública para el año 2024 y cuando ha presentado previsiones o proyecciones económicas, estas se alejan de la realidad, lacerando la credibilidad del organismo y por ende, de cualquier posibilidad de acuerdo razonable.

Por su parte, la JSF en una declaración enviada a este diario rebatió a sus opositores en la mesa de negociación, al señalar que GoldenTree y sus aliados en la campaña por cobrar todas sus acreencias contra la AEE “continúan negándose a aceptar que la AEE no puede repagar su deuda corriente en el nivel que ellos reclaman”.

“La JSF continuará su camino hacia una reestructuración de la deuda de manera responsable que pondrá fin a la quiebra de la AEE con una reducción significativa su deuda y proveyendo a la AEE con los recursos críticos para efectuar las inversiones necesarias que provean energía confiable a Puerto Rico”, agregó el organismo que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño.

Así las cosas, aunque las partes llevan, cuando menos, dos meses, negociando por instrucciones de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, parece que GoldenTree y la JSF continúan inamovibles en sus posturas.

A grandes rasgos, considerando los planteamientos previos de las partes y lo que se sabe de casi dos años de negociaciones, la brecha entre bonistas y el organismo fiscal parece seguir siendo insalvable. La JSF asevera que la AEE solo podría pagar unos $2,600 millones. Mientras, los bonistas objetores reclaman unos $8,500 millones, o cuando menos, habrían considerado como punto de partida la oferta que la JSF hizo en diciembre de 2022. Entonces, la JSF proponía pagar unos $5,600 millones.

No es la primera vez que GoldenTree dice estar dispuesto a apoyar financieramente a la AEE.

En marzo pasado, cuando la jueza Swain examinaba los méritos del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE), la firma de inversiones y los aseguradores que conforman el cuadro de opositores –y al que recientemente se cambió National- indicaron que habrían estado dispuestos a financiar la AEE si hubieran tenido la oportunidad de negociar ampliamente como alegan sucedió el año pasado con otro grupo de bonistas de la AEE. Dicho grupo, encabezado por Blackrock Financial, se identifica como el Grupo Mayoritario Ad Hoc de la AEE (MAHG, en inglés).

El PDA-AEE que quedó en el tintero incluye una nueva emisión de bonos que, precisamente, comprarían los integrantes del MAHG. El dinero de esa emisión de bonos serviría pagar al resto de los acreedores, entre otras cosas.

Sin embargo, es la primera vez que GoldenTree devela lo que serían sus posibles términos para llegar a un entendido con la JSF luego de prevalecer el verano pasado en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston. No está claro si los objetores habrían discutido su propuesta con la JSF en el contexto del proceso de mediación que se lleva a cabo.

“Ciertos bonistas de ingresos especiales de la AEE están preparados para liderar una inversión significativa de nuevo capital en la AEE para asistirle en tomar medidas inmediatas para crear una red eléctrica más confiable y duradera para el pueblo de Puerto Rico”, indicaron los bonistas objetores de la AEE a los congresistas.

El dinero provisto por GoldenTree y otros serviría para poner fin, casi de inmediato a la quiebra de la AEE y ayudaría a financiar ciertas obras capitales que necesita la compañía eléctrica. La inyección de capital, agrega el grupo, ayudaría a que la AEE pueda acelerar el uso de fondos ya asignados por el Departamento de la Vivienda federal y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“Para facilitar este resultado, la AEE solo haría pagos en relación a sus bonos existentes, de $8,500 millones, en un nivel que la AEE razonablemente pueda pagar, ni más ni menos”, reza la declaración de GoldenTree en la que se agrega que de acogerse su propuesta, la AEE jamás correría el riesgo de un impago por los siguientes 50 años.

Se indica además que el acuerdo implicaría, para los abonados de la AEE, tarifas asequibles, con un mecanismo de “protección” a las tarifas de la compañía eléctrica por los siguientes 50 años, aunque no se precisan más detalles. Tales tarifas estarían por debajo de los objetivos que ha considerado la JSF, alega GoldenTree.

La declaración de los bonistas objetores de la AEE, quienes poseen la mayoría de la deuda pública de la empresa estatal, se produce en una compleja coyuntura de cuatro vías.

Por un lado, GoldenTree, Assured, Syncora y National explican que su oferta sería la respuesta de la JSF a la reciente admisión del organismo en torno a una situación crítica de efectivo al interior de la AEE.

Asimismo, la declaración de los bonistas objetores, quienes mantienen vivo su reclamo para nombrar un síndico en la AEE, sale a la luz en medio de un rechazo generalizado al desempeño de LUMA Energy -y en menor grado, hacia Genera PR, a cargo de la flota generatriz.

El rechazo popular es tal que los aspirantes a la gobernación se han comprometido a modificar o poner fin al contrato del operador de la red eléctrica. Mientras, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha levantado múltiples cuestionamientos en torno al manejo del sistema por parte de ambos operadores.

En tercera instancia, los bonistas objetores de la AEE aguardan porque el Primer Circuito de Boston vuelva a darles la razón. Allí se espera que ese foro defina con mayor claridad el alcance de los derechos que tendrían los bonistas para cobrar su deuda.

Y tales desarrollos coinciden con una moratoria del proceso de Título III de la AEE decretada por Swain el verano pasado, en aras de que los bonistas objetores de la AEE y la JSF lleguen a un acuerdo. La semana pasada, con la expectativa de que la situación se resuelva en el proceso de mediación en lugar de un dictamen judicial, Swain extendió el nombramiento de la líder del Equipo de Mediación, la exjueza y abogada Shelley C. Chapman hasta abril de 2025.