El zar de Energía, Josué Colón, se mostró a favor de que se implemente en Puerto Rico, a la brevedad, una decisión judicial que revocó el requisito de contratar únicamente empleados unionados en proyectos de construcción en exceso de $35 millones que sean financiados con fondos federales.

“La posición de la oficina del Zar es que queremos cancelar ese tipo de opción, que los PLA (Project Labor Agreements) no sean parte de los requisitos de instalación contratación”, indicó Colón.

La expresión del ingeniero se produjo este jueves durante un foro de energía que el capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (AGC-PR) celebró este jueves en el Centro de Convenciones de Miramar.

Su expresión recibió aplausos de la audiencia, compuesta mayoritariamente por miembros de la AGC-PR.

El año pasado, el gremio en Estados Unidos presentó ante el Tribunal de Reclamaciones Federales unas siete objeciones a procesos de subasta en los que se requería que los contratistas interesados en licitar se comprometieran a firmar acuerdos con sindicatos como requisito para ejecutar proyectos con fondos federales en exceso de $35 millones. El requisito a los contratistas de suscribir un acuerdo laboral o Project Labor Agreement (PLA, en inglés) fue establecido por el presidente Joe Biden mediante un orden ejecutiva.

En el caso de Puerto Rico, una vez el consorcio LUMA Energy tomó el control de la red eléctrica, el operador estableció el requisito de contratación sindical a los contratistas que estaban interesados en competir por los trabajos de reparación a realizarse en la isla. Tal requisito provocó el encono de las empresas de construcción locales y de proveedores de servicios relacionados, pues para licitar en los proyectos de LUMA, estos estaban obligados a suscribir un PLA. Voces de la ACG-PR aseguran que la reconstrucción de la red eléctrica no ha avanzado como se esperaba como resultado de tales condiciones.

No obstante, Colón cualificó su respuesta al aclarar que su posición aplica “hacia el exterior de los operadores”, en referencia a LUMA y Genera PR.

“Internamente, cada cual de los operadores utiliza las uniones que quiera y los términos que quiera, pero afuera, con fondos públicos para contratar servicios, que simplemente sea el mercado el que lo determine”, dijo Colón.

Por su parte, Juan Saca, presidente de LUMA, indicó que el consorcio interpreta el fallo sobre los PLA como una directriz para las agencias federales.

Agregó que ellos, como operador privado, tienen muchos proyectos que no requieren entrar en un acuerdo laboral con el sindicato International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), que representa a los empleados unionados de LUMA.

Ante la realidad de que han tenido muchas licitaciones desiertas, Saca exhortó a los presentes a que “se atrevan a trabajar con LUMA” porque hay muchas obras que no requieren PLA.

“Donde la cosa está bien dura es el trabajo en líneas eléctricas y ciertos trabajos en subestaciones”, reconoció. Esto responde a que son labores que también hacen los unionados. Aún así, informó que ha sostenido seis reuniones con la IBEW en aras de buscar opciones.

A su vez, el vicepresidente de LUMA, Juan Rodríguez, precisó que el consorcio tiene “sobre 188 proyectos de construcción y $2,000 millones en obras”.

“Hay un sinnúmero de servicios que van a salir a subasta y no hace falta el PLA”, recalcó Rodríguez.

De otra parte, de cara a la demanda pico del verano, Colón apuntó a que el único plan viable para reducir los apagones es agregar 800 megavatios (MW) mediante “barcos, que son plantas flotantes, para conectarlos a (la Central) Aguirre (en Salinas) y Costa Sur (en Guayanilla)”.

Con ello, Colón se hizo eco de una de las propuestas que la operadora de la flota generatriz, Genera PR, presentó el pasado 26 de febrero ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para compensar a corto plazo el déficit de generación, que se agravó de 565 MW a 800 MW con la reciente avería de Aguirre.

“Es la manera más rápida”, acotó Colón,

Explicó que integrar generadores flotantes a la red requeriría obras mínimas, porque vienen con sus transformadores y con lo necesario para conectarse a “las mismas salidas de los patios de interruptores de Aguirre (en Salinas) y Costa Sur (en Guayanilla)”.

Agregó que el acuerdo con el eventual proveedor de los barcos sería “un contrato de compra de energía. Tienen que poner la energía en la red a un costo específico”. Como referentes, indicó que hay unidades de la flota que maneja Genera PR que producen el kilovatio hora por 11 centavos, si usan gas; hasta 18 centavos, si usan diésel. Mientras, las cogeneradoras privadas “AES y Ecoeléctrica están en cerca de 11 a 12 centavos”.

“Ese es el benchmark. Queremos que aún en la emergencia la generación que reemplace sea más barata y competitiva que la que tenemos”, afirmó.

Sin embargo, como el plan de conectar plantas flotantes requeriría unos dos meses entre las aprobaciones gubernamentales y el despliegue, Colón hizo hincapié en que, para atender el déficit de generación actual, “las unidades 6 y 7 de (Central) San Juan tienen que entrar en servicio. La 5 de Costa Sur (en Guayanilla) tiene que estar en servicio”.

El también exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) advirtió que, si esas reparaciones no se concretan, se producirán más relevos de carga que afecten a más de 300,000 clientes por incidente.

“Esa es la realidad del sistema energético a vivo y a todo color”, sentenció Colón.