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Exmiembro de la Junta Fiscal culpa al organismo federal por colapso energético en Puerto Rico

En tanto, la Junta de Supervisión Fiscal catalogó el colapso energético como uno “inaceptable” y aseguró que trabajará de la mano con la administración de la gobernadora entrante Jenniffer González para modernizar la red eléctrica

31 de diciembre de 2024 - 5:04 PM

Al centro de la imagen, Justin Peterson cuando fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. (david.villafane@gfrmedia.com)

El exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Justin Peterson responsabilizó al organismo que controla las finanzas públicas del país por el colapso energético que experimenta la isla por segunda ocasión en menos de tres años.

En una publicación a través de la red social X (antes Twitter), Peterson arremetió contra los JSF por no haber resuelto la bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y le sugirió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la destitución de los miembros del ente federal.

“La JSF es responsable de los apagones en Puerto Rico. Su incapacidad para resolver la bancarrota de la AEE durante casi una década es una vergüenza y un perjuicio. Donald Trump debería destituir a toda la junta por causa justificada”, expresó Peterson.

En la publicación el exmiembro de la JSF etiquetó a Cate Long, quien en su perfil se describe líder de un servicio de investigación para tenedores de bonos de Puerto Rico. Aunque Long no hizo comentarios compartió la publicación de Peterson.

En la publicación también etiquetó a Trump y la gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González. El Nuevo Día intentó obtener una reacción de parte de González, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

Peterson, ahora exmiembro de la Junta Fiscal, para entonces, había sido nombrado a la Junta Fiscal precisamente por Trump y renunció en agosto del pasado año al estar inconforme con las acciones del ente fiscal en cuanto a la reestructuración de la deuda de la AEE.

De acuerdo con las declaraciones de Peterson tras su renuncia el pasado año, el funcionario mostraba una inclinación a favor del pago a los bonistas, afectando el pago de las pansiones.

“Que quede claro, he renunciado a la (JSF) porque no quiero ser parte de un acuerdo en la AEE que es coercitivo, injusto y discriminatorio”, indicó Peterson en 2023. “La JSF está esencialmente borrando a los bonistas mientras mantiene las pensiones (de la AEE) completamente intactas. Eso es errado”, agregó entonces.

Reacciona la Junta Fiscal

Por su parte, la Junta Fiscal criticó las condiciones en las que se encuentra la red eléctrica de la isla y se comprometió a trabajar de la mano del nuevo gobierno de González para identificar formas para modernizar tanto la red como la generación de energía y mejorar la confiabilidad.

El apagón de esta mañana es inaceptable. El pueblo de Puerto Rico merece algo mejor. La red eléctrica y la generación de energía se siguen deteriorando. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para desplegar fondos federales y transformar un sistema que continúa fallándole al pueblo y a las empresas de Puerto Rico”, reaccionó la JSF en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“La prioridad de la Junta de Supervisión es asegurar que, ante todo, el sistema energético de Puerto Rico tenga los recursos necesarios para realizar mejoras muy necesarias tras décadas de falta de inversión. Tanto el proceso de reestructuración de la deuda como nuestro trabajo en la transformación energética reflejan esta prioridad de trabajar por el mejor resultado posible para Puerto Rico”, continuó la comunicación sin dar detalles sobre Peterson.

¿Qué pasa con la reestructuración de la deuda de la AEE?

Los bonistas objetores del Plan de Ajuste (PAD) y JSF no han logrado ponerse de acuerdo sobre el pago de la deuda, aun cuando la jueza federal Laura Taylor Swain renovó este mes un mandato expreso para que las partes negociaran bajo mediación.

la JSF se comprometió a radicar un nuevo PDA que dependerá de lo que decida el Primer Circuito de Apelaciones en un recurso de revisión. Esto luego de que el foro apelativo federal concluyó en junio pasado que los bonistas sí tienen derecho a reclamar unos $8,500 millones y no alrededor de $2,300 millones, como concluyó la jueza de distrito federal Swain.

Mientras, los bonistas, por su parte, aseguran haber puesto en la mesa una oferta financiera que la AEE puede pagar.



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