El Programa de Banda Ancha de Puerto Rico se concentra “totalmente en la ejecución” de proyectos que van desde construir conductos de fibra óptica soterrada hasta activar más puntos de acceso público a internet, ahora que el gobierno federal avaló su plan de cómo usará la asignación de $334 millones bajo la iniciativa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD, en inglés).

Así lo aseguró Michelle Cabiya Zorrilla, directora ejecutiva del programa adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Uno de los proyectos más grandes dentro de los fondos BEAD es el desarrollo del conducto de fibra alrededor de la isla, para asegurar disponibilidad de internet de calidad, confiable, accesible”, indicó Cabiya Zorrilla en entrevista con El Nuevo Día.

Recalcó que el proyecto de fibra óptica se seleccionará mediante un proceso competitivo y no duplicará los esfuerzos que buscan llevar tal infraestructura a más hogares y comercios en Puerto Rico, y que se adelanta con el fondo Uniendo a Puerto Rico de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Por el contrario, precisó que BEAD financia la construcción de los conductos o túneles soterrados para pasar la fibra, con la misión de que “múltiples proveedores pueden usar la infraestructura”.

Además, también con fondos BEAD, auguró que para septiembre próximo deben comenzar los programas de capacitación laboral que buscan formar una nueva generación de personal técnico para la industria de las telecomunicaciones.

“Es un programa prioritario porque vamos a implementar más banda ancha pero, lamentablemente, en la fuerza laboral de telecomunicaciones un porcentaje bastante grande está por retirarse”, alertó.

Cabiya Zorrilla recalcó que se aspira a que estos programas viabilicen programas de aprendizaje registrado y “carreras que sean atractivas” para retener el personal en Puerto Rico. Para ello, desarrollan los currículos de la mano de jugadores de la industria, que tienen muy claras las destrezas que necesitan.

Además, celebró que ha sido un proceso ágil porque ya el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tenía alianzas formalizadas con su iniciativa 21th Century Techforce. Mencionó también, la accesibilidad del Departamento de Educación y de instituciones universitarias.

De forma paralela, Cabiya Zorrilla reiteró que el Programa de Banda Ancha –que el gobierno bautizó “Smart Island”- adelanta con fondos “100% estatales”, la proliferación de redes públicas de wifi.

“Estamos trabajando con Neptuno y Worldnet, los primeros que se seleccionaron. Los otros (proyectos de redes públicas de wifi) están en proceso de contrato”, adelantó.

Resaltó que los puntos de conexión vía wifi “no necesariamente” serán en plazas públicas, sino también en otros lugares accesibles a las comunidades. Para finales del 2024, proyectó que, de 35 a 40 municipios, ya tengan alguna localidad con red de wifi pública.

Mientras, con fondos federales, Cabiya Zorrilla informó que establecerán centros tecnológicos que van más allá de proveer internet, porque también se convierten en puntos de acceso a educación digital y otras iniciativas. En ese renglón, indicó que ya tienen un proyecto piloto en la comunidad sanjuanera de La Perla.

También mencionó que se financiará una campaña de educación a la ciudadanía sobre cómo cuidarse y protegerse de los riesgos de seguridad cibernética.

Cabiya Zorrilla agregó que dentro de la asignación de BEAD hay fondos para financiar programas que permitan rescatar dispositivos en riesgo de ser decomisados y habilitarlos para que sean reusados por personas que los necesitan.

Cuando se concrete esa iniciativa, mencionó que podría juntarse con las redes de wifi público para ayudar “un poco” a las comunidades y domicilios afectados por el fin de programas de subsidio, como los “hotspots” que tuvieron alumnos y maestros del sistema de educación pública durante la pandemia y el Affordable Connectivity Program.

El Programa de Banda Ancha es la entidad gubernamental responsable de canalizar unos $900 millones en fondos estatales y federales para adelantar obras de infraestructura de telecomunicaciones, desarrollo laboral y otras iniciativa para cerrar la brecha digital en Puerto Rico. El programa es administrado por un Comité Ejecutivo, que incluye a un representante de la industria privada de telecomunicaciones y a funcionarios con poder decisional del Negociado de Telecomunicaciones, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Departamento de Hacienda, entre otras agencias.