San Juan - El jefe de sección de Instituciones Depositarias de la Red para la Detección de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), David Kihm, se mostró escéptico y preocupado sobre la cantidad tan baja de informes de actividades sospechosas (SARs, en inglés) de parte de las aseguradoras que operan en Puerto Rico.

El funcionario federal reaccionó a los estimados que compartió Marilú Jiménez, fundadora y presidenta de FINCAAdvisors, en los que se estima que el sector de seguros de la isla reporta entre 21 y 23 informes SARs al año.

“Cuando veo esa cifra, me pongo bastante nervioso”, comentó Kihm. “Me parece poco probable que sea (una cifra) correcta. No puedo hablar en nombre del gobierno federal y decir que no sea suficiente o no sea la cantidad justa, pero sospecho firmemente que no es suficiente”, abundó.

Las expresiones se dieron este lunes en medio de la cuarta edición del Foro de Servicios Financieros organizado por la Asociación de Bancos Internacionales (PRIBA, en inglés) y la Asociación de Aseguradoras Internacionales (PRIIA, en inglés) de Puerto Rico.

Los SARs representan una herramienta importante en la supervisión de transacciones, los cuales las instituciones deben entregar a las autoridades reguladoras cuando se detecta o sospecha que se está produciendo una actividad relacionada con el lavado de dinero.

Las compañías de seguros están obligadas a detectar y notificar las transacciones sospechosas que impliquen o sumen al menos $5,000 en fondos u otros activos. La ley obliga a presentar estos informes si la compañía de seguros sabe o tiene motivos para sospechar que las transacciones que tienen un aparente propósito lícito o que no son típicas del cliente.

De acuerdo con los datos publicados ante la FinCEN, en lo que va de año las aseguradoras han reportado unos 16 informes SARs, lo que pondría en duda si la supervisión y cumplimiento del sector son los adecuados, según el directivo federal.

En los pasados cinco años las aseguradoras que operan en la isla han reportado alrededor de 79 informes de actividades sospechosas en total. Sin embargo, solo en 2023 se reportaron sobre 47,000 informes SARs de transacciones realizadas en Puerto Rico en todos los sectores, informó a inicios de este año la directora del organismo federal, Andrea Gacki.

“Así que lo que voy a decir es que, en mi experiencia en la aplicación de la ley, una de las áreas en las que tendemos a centrarnos es en la identificación de un área en la que hay una grave falta de notificación y luego identificamos a los candidatos que son problemáticos en esas áreas”, mencionó Kihm.

A juicio de Jiménez, presidenta de FINCAAdvisors, la poca cantidad de reportes pudiera responder a una falta de conocimientos y de entrenamiento del personal de las aseguradoras en Puerto Rico al compararse con otras instituciones financieras las cuales tiene más presentes estas regulaciones.

“Creo que hace falta más formación por parte de la industria, asegurándose de que se siguen la política y los procedimientos”, comentó Jiménez.

En virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés), las compañías de seguros están obligadas a cumplir, entre otras cosas, con el programa contra el blanqueo de capitales (AML, en inglés), supervisado por un responsable de cumplimiento cualificado que resida en Estados Unidos.

Asimismo, deben estar en cumplimiento con los Artículos 314(a) y 314(b) de la Ley conocida como PATRIOT, donde las compañías de seguros están obligadas a buscar en sus registros la información solicitada por las fuerzas regulatorias y permiten el intercambio voluntario de información entre instituciones financieras sobre actividades sospechosas.

“Creo que todas estas cosas (regulatorias) son awareness (entendimiento) que los empleados estén al tanto. No es que ellos tienen que constatar un crimen, sino que la actividad sea inusual o sospechosa”, insistió Jiménez.