La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de no recortar las pensiones le costará a los contribuyentes unos $1,900 millones al cabo de unas dos décadas, según los testimonios de la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, y la ejecutiva de Ernst & Young (EY), Sheva R. Levy y admitidos por la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, durante el tercer día de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.