La gobernadora Jenniffer González Colón reconoció este lunes que el gobierno de Puerto Rico cobraba a los comerciantes por inspecciones de prevención contra incendios y de cumplimiento sanitario, pero en ocasiones, los funcionarios responsables de tales tareas nunca las llevaron a cabo.

Ese incumplimiento, que considerando cifras oficiales, supuso millones de dólares en pagos que hicieron los comerciantes por inspecciones que nunca se llevaron a cabo, empero, se pretende zanjar ahora como parte de un paquete de 13 cambios que se implementarán en el sistema de permisos de Puerto Rico.

Uno de los principales cambios es la transferencia de la responsabilidad de inspecciones específicas del Departamento de Salud al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para disminuir la carga de trabajo. Mientras que todas las agencias que realicen inspecciones, como la OGPe y el Cuerpo de Bomberos, están obligadas a realizar las inspecciones pertinentes en o antes de 90 días. De no cumplirse con el plazo, el comerciante no pagará por la inspección y podrá continuar operando.

“Hoy, el cliente (comerciante) tiene que pagar aun cuando no le hacen la inspección. Ustedes no saben la cantidad de casos en las que el gobierno le cobra, pero no hace la inspección y ese comerciante se queda a la espera de una inspección para poder operar”, señaló González Colón en conferencia de prensa.

“El comerciante no tendrá que pagar por las inspecciones que no se ejecuten a tiempo. El Estado, entiéndase el gobierno de Puerto Rico, va a tener 90 días para realizar la inspección y si no se cumple con ese término no se factura el costo”, explicó.

En promedio, el gobierno ingresaba $4 millones al año por concepto de inspecciones ($2.5 millones por inspecciones de prevención de incendios y $1.5 millones por inspecciones sanitarias), que en la mayoría de los casos no se realizaban, según datos ofrecidos por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, a preguntas de El Nuevo Día.

La problemática salió a relucir en la Encuesta de Permisos Únicos, en la que participaron alrededor de 881 comerciantes, quienes señalaron los principales escollos en el trámite de permiso único para la coordinación de inspecciones y notificación de renovaciones.

“Estamos cambiando lo que podemos cambiar”, insistió Negrón Reichard a El Nuevo Día. “Como funciona técnicamente (ahora) es que cuando piden la renovación (de inspección) se guarda tu tarjeta de crédito (y) si pasan los 90 días y no te inspeccionan, pues no se cobra”, explicó.

Por lo regurlar, el gobierno tardaba en hacer la inspección 11 meses, informó la gobernadora.

Los comerciantes pagan al año entre $25 hasta $100 por las inspecciones de bomberos y salud, estimó Norberto Almodóvar Vélez, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

“Los resultados de la encuesta es que ellos (los comerciantes) no se quejan por no pagar, ellos se quejan porque no se inspecciona y lo que estamos fomentando es no penalizar al pueblo, sino fomentar la eficiencia gubernamental”, sostuvo.

Además de los líderes del sector comercial que estuvieron presentes respaldando los cambios en el sistema de permisos, en la conferencia participó Verónica Ferraiuoli, recién nombrada como coordinadora de eficiencia gubernamental.

De otra parte, el gobierno anunció una serie de cambios al sistema de permisos que, aunque lo catalogaron como una reforma, no conllevan cambios a nivel de política pública como serían cambios en reglamentos o enmiendas a la ley. Los cambios entrarán en vigor el próximo 1 de julio.

Entre las modificaciones, se delegaron a la OGPe las inspecciones de bajo riesgo que antes realizaba el Departamento de Salud, para lo que se firmó un acuerdo colaborativo, y se eliminó la inspección obligatoria para oficinas domiciliarias sin impacto sanitario.

El secretario del DDEC aseguró a este diario que la agencia tiene el personal necesario para asumir las nuevas funciones.

“Hay personal suficiente, si no, no lo hubiéramos hecho”, apuntó Negrón Reichard.

Además, se integró inteligencia artificial para validar documentos, se activaron notificaciones automáticas días previos al vencimiento de permisos y se asignará un Número Único de Trámite para cada caso.

Asimismo, a partir de este lunes hasta el 1 de julio, el gobierno entrará en una fase de orientación interagencial y con el sector privado para educar a los consumidores.

En tanto, la gobernadora aseguró, a preguntas de El Nuevo Día, que a pesar de que los cambios no tienen un impacto fiscal y que se utilizaron los recursos disponibles en el DDEC y la OGPe, los esfuerzos para optimizar la Oficina de Permisos tuvieron un costo de $2 millones en mejoras tecnológicas y operacionales, se informó en comunicado de prensa enviado en febrero pasado por La Fortaleza.