Más de un año después de que “hackers” casi se apropiaran de $2.6 millones en una transferencia electrónica de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés), la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) concluyó un informe que validó deficiencias en los controles y procesos administrativos que propiciaron las transferencias electrónicas millonarias a una cuenta fraudulenta en febrero de 2020, un robo electrónico que requirió la intervención de entidades federales y estatales.