Una auditoría sobre las emisiones de bonos vendidas por el gobierno de Puerto Rico y corporaciones públicas, concluyó que la tales instrumentos financieros se emitieron bajo el marco de la ley y constitución de la isla, publicó la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Sin embargo, a pesar de que se tomó prestado al amparo de una ley aprobada, el examen realizado por la OCPR reveló que el gobierno y las corporaciones públicas emitieron bonos sin tener ingresos suficientes para cubrir tales obligaciones, encrudeciendo la situación fiscal de la isla.

“Dentro de nuestra auditoría determinamos que es cierto, que nunca se pasó de los límites constitucionales del 15%, etcétera. Y era importante que se supiera que la deuda era legal, pero desde el punto de vista financiero no fue lo más correcto”, aseguró la contralora Yesmín Valdivieso, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La OCPR evaluó el proceso de aprobación y el establecimiento de las fuentes de repago de ocho emisiones de bonos por $13,806 millones, realizadas entre el 6 de marzo de 2007 y el 17 de marzo de 2014, aunque también revisó transacciones que datan del año 2000. El período de examen abarcó las transacciones en el período de mayor dificultad financiera del gobierno puertorriqueño, que se caracterizó por un cierre gubernamental y una eventual degradación del crédito de Puerto Rico a nivel especulativo o chatarra.

Los bonos son un instrumento de inversión y quien lo compra (bonista) presta su dinero a cambio de recibir pagos con intereses durante un plazo determinado. Generalmente, los gobiernos, pero también empresas privadas, universidades, hospitales y entidades similares emiten bonos para financiar proyectos capitales y en ocasiones, ciertos gastos operacionales.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico durante el período bajo examen recurrió a la emisión de deuda para costear buena parte de su operación sin lograr identificar métodos efectivos para su repago y considerando sobreestimaciones en los ingresos, detalla el informe.

“Ellos (el gobierno y las corporaciones) siempre tenían esa idea de que milagrosamente iban a tener los ingresos (para pagar), o por lo menos así lo demuestran las estadísticas de la Junta de Planificación, pero tú ves la economía caerse y todavía tú tienes unos estimados de ingreso positivo”, dijo Valdivieso.

De acuerdo con la auditoría, entre el 9 de marzo de 2000 y el 15 de junio de 2022, el gobierno y sus corporaciones públicas realizaron 207 emisiones de bonos para un total de $133,548 millones en principal e intereses. La cifra, sin embargo, incluye emisiones de deuda que no necesariamente fueron a entidades de gobierno. Ese es el caso de los llamados bonos Afica, una entidad conducto que hospitales, industrias y entidades educativas utilizan para levantar capital. En ese caso, se emitieron unos $1,539 millones, que son responsabilidad de las entidades privadas emisoras. También se incluyen unos $2,605 millones emitidos por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda utilizados para financiar proyectos residenciales o préstamos hipotecarios.

Grosso modo, el gobierno y las corporaciones públicas comenzaron a tomar dinero prestado para cubrir la deficiencia entre ingresos y gastos, lo que tuvo como resultado que la mayoría operaran con pérdidas millonarias anualmente, según el informe.

El periodo en que se emitió la mayor cantidad de bonos del gobierno fue entre enero de 2009 y enero de 2014, lo comprende la administración del exgobernador Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista, cuando el ELA y las corporaciones públicas emitieron sobre $36,255 millones en deuda, según el informe.

Por años, el gobierno recibió críticas de parte de diversos sectores, que exigían una auditoría de la deuda, alegando que era inconstitucional. Ello sucedía en momentos en los que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprobó en 2016 la ley federal Promesa para encaminar la restructuración de la deuda del territorio estadounidense y, a su vez, estableció la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Las pruebas de la OCPR identificaron problemas en la falta de ingresos necesarios para el pago de la deuda al evaluar las fuentes de repago de las emisiones de bonos, que incluían asignaciones legislativas, impuestos o ingresos propios.

Del examen de la última emisión de bonos de obligación general, por $3,500 millones (General Obligation Bonds of 2014 Series A), se determinó que el gobierno llegó casi al límite el margen prestatario del 15%, que establece la Constitución de Puerto Rico. En el 2013, estaba comprometido en un 11.94% y subió hasta un 14.77% en el 2015.

Asimismo, entre el 2000 y el 2020, la partida de bonos por pagar aumentó un 398%, y el índice de endeudamiento fiscal de la isla incrementó de 87%, en 2000, a 114%, en 2016, lo que implica que el gobierno tenía más deuda pública que activos. El punto más crítico del índice de endeudamiento fue en 2013, cuando alcanzó el 173%.

Al evaluar las emisiones de bonos con asignaciones legislativas como fuente de repago, se encontró que el Fondo del Servicio de la Deuda de Puerto Rico, ingresó solo el 28% de los $9,929 millones requeridos del 2000 al 2016. Además, el Fondo General tuvo un déficit de unos $10,665 millones del 2002 al 2014, y del 2011 al 2020 no tuvo fondos en la reserva que debe apartarse para el pago de la deuda pública.

Entretanto, entre el 2000 al 2013, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizó 11 emisiones de bonos para un total de $9,217 millones, utilizando los impuestos como fuente de repago. La agencia reportó hasta el 2021 una pérdida operacional acumulada por $5,177 millones.

En un examen realizado a una emisión de bonos por $2,184 millones detectó que, en el 2007, la ACT obtuvo el 83% de los ingresos por impuestos a la gasolina, diésel y petróleo, como fuentes de repago. Mientras, del 2018 al 2021, no tuvo ingresos para el repago de $1,342 millones y el nivel de endeudamiento aumentó al 97%.

Asimismo, la auditoría también evaluó las emisiones de bono de la Autoridad de Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) cuya fuente de repago eran o son sus propios ingresos.

El BGF acumuló pérdidas operacionales por $6,659 millones, tras la emisión de bonos principales o sénior por $1,796 millones en el 2011 y 2012. Además, el índice de endeudamiento incrementó entre 108% y 430% para dicho periodo.

La liquidez de los activos del BGF dependían en gran medida de la capacidad del gobierno y sus corporaciones públicas de repagar su deuda, por lo que la disminución y el retraso en los pagos de las entidades gubernamentales y privadas afectó el balance disponible del banco.

Valdivieso adjudicó los problemas de liquidez del BGF a la falta de una cuenta de reserva que le permitiera salir a flote ante el impago de los préstamos.

De acuerdo con el informe la mayoría de los bonos que se emitieron estaban supuestos a ser utilizados para pagar bonos vigentes, mejoras capitales y otros fines. Sin embargo, aún se desconoce con exactitud en qué se utilizó el dinero de varias emisiones de bonos.

“Todo el mundo siempre se enfoca en la emisión de la deuda y aquí lo importante es en qué se usó” el dinero, insistió Valdivieso.

La Contralora mencionó que la oficina ha visto que, en otros casos como los municipios, se asigna dinero para mejoras capitales y este es utilizado para cubrir fondos operacionales, como el pago de nómina, lo que se considera ilegal.

Así las cosas, la segunda parte de la auditoría examinará el uso de las emisiones de bonos.

Sin embargo, Valdivieso no precisó cuándo estará lista la segunda parte del informe.

“El uso que se va a auditar es de estas mismas emisiones y fíjate que estas emisiones están seis u ocho entidades que se manejan diferentes y eran todo tipo de deuda”, indicó Valdivieso.

Como parte de sus recomendaciones, la Contralora reiteró que tanto el gobierno como las corporaciones públicas deben aprender a tomar decisiones fiscalmente responsables.

“La realidad es que ahora mismo tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es como un detente para que estas cosas no vuelvan a suceder, pero la realidad es que en algún momento nos vamos a quedar sin la (JSF) y tenemos que aprender a manejar nuestro dinero”, subrayó Valdivieso.

En momentos en los que la gobernadora electa, Jenniffer González, se encuentra realizando los nombramientos de su equipo, la contralora le exhortó a la funcionaria a que escoja a un principal oficial financiero (CFO, en inglés) que además de estar preparado o preparada tenga “mucho compromiso, no solo con la gobernadora, sino con Puerto Rico”.