A pedidos del Equipo de Mediación, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain extendió hasta el 31 de enero de 2025, la moratoria en el caso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y aplazó, de igual manera, un pedido de los bonistas objetores para que se analice la viabilidad de nombrar un síndico en la corporación pública.

Swain emitió su decisión este martes, a solo días de presidir una vista para analizar los méritos de una moción de GoldenTree Asset Managers y otros bonistas de la AEE. Los objetores han planteado la necesidad de que se levante la suspensión automática de litigios que ha protegido a la empresa estatal desde julio de 2017 y se analice la pertinencia de nombrar un síndico en la corporación pública.

La jueza que ha presidido el proceso de quiebra del gobierno puertorriqueño por espacio de siete años tenía previsto analizar la moción de GoldenTree el próximo jueves, 7 de noviembre, unos dos días después de la elección general en Puerto Rico y en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe del Equipo de Mediación, luego de que Swain ordenara un detente en la radicación de remedios judiciales, diversos grupos han participado de las sesiones de mediación coordinadas por la exjueza federal Shelley C. Chapman y el juez Brendan L. Shannon, quienes tienen la tarea de conseguir los pactos necesarios para que pueda confirmarse un Plan de Ajuste para la corporación pública (PDA-AEE).

La decisión de Swain confiere al dúo de jueces, a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y demás partes autorizadas a negociar otros tres meses para cumplir con la directriz de mediación compulsoria.

En ese contexto, más temprano este mes, la JSF reafirmó su entendido con el grupo de bonistas encabezado por Blackrock Financial Management, pero no consigue convencer a los bonistas objetores.

La JSF se mantiene en pagar a los bonistas objetores unos 13 centavos de dólar e incluso, les ofreció un pago en efectivo por sentarse a negociar.

Pero GoldenTree y otros reclaman 89 centavos de dólar al tiempo que solicitaron modificar el cargo legado para que este aplique a un número mayor de abonados de la AEE y la partida variable se cobre a partir de un consumo más bajo que el sugerido en el cuarto PDA-AEE y que se ventiló en marzo pasado.

En el caso del pacto con Blackrock, la JSF presentó a Swain el Acuerdo de Respaldo a la Reestructuración (RSA, en inglés) que firmó hace un año, pero con algunos cambios. Según la radicación de la JSF, los bonistas suscriptores del RSA representan el 49% de la deuda a modificarse por concepto de bonos.

Al extender el acuerdo hasta el 1 de octubre de 2025, la JSF aceptó modificar los términos de los bonos “Serie B” que Blackrock y otros fondos de inversión comprarían como parte del PDA-AEE. Además, si el RSA es final, en lugar de que la AEE pueda pagar de antemano sin penalidades los nuevos bonos de la “Serie B” -que rondarían $1,300 millones- antes de que se cumplan 20 años, la protección de los bonistas sería por 25 años, es decir, hasta el año 2049 y, de igual forma, el ajuste porcentual por prepago se movería del 2049 al 2054.

Es la tercera vez, desde el verano pasado, cuando Swain llamó a capítulo a las partes que litigan en el caso de la AEE, que la jueza concede más tiempo para conseguir un acuerdo.

Empero, desde marzo pasado, cuando se dirimió el PDA-AEE, la JSF se sostiene en que la AEE no puede pagar más de lo que se ha puesto en la mesa. En esencia, la JSF busca recortar en 80%, las obligaciones de la empresa estatal. En contraste, los bonistas objetores de la AEE, encabezados por GoldenTree, aseguran que la corporación pública puede honrar su obligación si esta accediera a ciertas condiciones que no supondrían mayores alzas en la factura de los abonados.

La brecha es tal que en la ronda de negociaciones más reciente tampoco hubo acuerdos.

Según un reporte ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés), la JSF -que ahora tiene en su contra el fallo de Boston- ofreció a los bonistas modificar el Instrumento de Valor Contingente (CVI) para pagar más en caso de que la AEE rebase las proyecciones de recaudo por el llamado cargo legado.

La modificación del CVI, si las proyecciones de los bonistas se confirman, significaría unos $3,400 millones en ingresos para ese grupo de acreedores a lo largo de 35 años.

El cargo legado es la fuente de recaudos que implementaría la AEE para pagar a los bonistas. Este tendría una duración de unos 35 años, se incluiría en la factura de los abonados de la AEE y tendría dos componentes: un partida fija que, en ciertos casos, sería de $1 al mes y otra partida variable que se cobraría en función del consumo de cada hogar, comercio o industria. Si el PDA-AEE llegara a confirmarse, los recaudos del cargo legado llegarían a los bonistas a través de dos vías: nuevos bonos que se intercambiarían por los bonos vigentes de la AEE y un CVI, que se pagaría si se dan ciertas condiciones.

En agosto pasado, aunque las propuestas no se divulgaron hasta principios de este mes, la JSF propuso a los bonistas que si los recaudos del cargo legado excedían por 15% las proyecciones, ese 15% de exceso iría a pagar los bonos reestructurados de la AEE y el CVI.

La oferta de la JSF establecía que el CVI será tributable y una vez la AEE pague la deuda por concepto de bonos, el cargo legado se modificaría, para reducir 25% de la partida por consumo. La JSF incluso propuso eliminar la partida de consumo del cargo legado si en un año determinado, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprueba un presupuesto para la AEE en el cual el costo promedio del kilovatio hora (kwh) supere las proyecciones del plan fiscal de la AEE para el año fiscal 2023.

Pero en cualquier caso, la acreencia que recuperarían los bonistas por vía de bonos y el CVI no excedería el monto de la reclamación de estos en el caso de quiebra.

En contraste, los bonistas objetores reclaman el principal e interés acumulado. En dólares y centavos, reclaman alrededor de $7,500 millones en bonos pagando una tasa de interés -o cupón- de 6% y el reembolso de todos sus gastos legales por el pasado año. Desde la perspectiva de los bonistas, estos ofrecen un descuento a la AEE porque alegan que, en realidad, la corporación pública les adeuda unos $11,700 millones en el acumulado.

Para consumar el pacto, los bonistas objetores proponen pagar solo $500 millones a los prestamistas de las líneas de crédito para la compra de combustible (fuel line lenders), lo que implicaría que la JSF cancele el pacto que ya consiguió con ese grupo de acreedores.

Los bonistas objetores proponen otras tres cosas. En primera instancia, proponen que los bonos modificados estén garantizados con todos los ingresos que reciba la AEE a excepción de fonfos provistos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Vivienda federal (HUD).

Piden además que se cree un cargo separado para el pago de las pensiones de la AEE; que este tenga una super prioridad de pago y se dirija al Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE).

En paralelo, GoldenTree y otros se comprometen a comprar unos $2,000 millones de nueva deuda de la AEE para financiar sus operaciones, a cambio de un cargo de $120 millones.

El pago a los bonistas vendría del cargo legado, cuya partida por consumo se modificaría para comenzar a cobrarse en 415 kWh en lugar de 425 kWh como propuso la JSF y en aras de que se alleguen más ingresos, los bonistas piden utilizar como referencia los hogares con una mediana de ingreso en la percentila de ingreso. Por fuerza, alega la JSF, ello implicará las tarifas residenciales, comerciales e industriales que sean aplicables.

“La (JSF) ni la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) han aceptado ninguna de las propuestas del grupo de bonistas en cooperación”, subraya el informe ante la MSRB.