El proceso de bancarrota de Puerto Rico, el más grande en la historia del mercado municipal estadounidense, ya ha costado a los contribuyentes unos $1,000 millones, pero a su vez, ha servido para encumbrar a los abogados y bufetes que participan de las negociaciones y disputas judiciales entre bonistas, aseguradoras municipales, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno, según Chambers & Partners.