La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) denunció que los nuevos contratos de dos de las aseguradoras que participan en el plan de salud del gobierno Vital son opresivos y violan lo dispuesto en el Código de Seguros, por lo que urgen la intervención de la Administración de Seguros de Salud (ASES), de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y de la Legislatura.

---

Read this article in English.

---

Debra Velázquez, presidenta de la ALC, indicó que las aseguradoras Triple S y MMM han enviado los nuevos contratos, los que describió como “genéricos” y estandarizados, para que los laboratorios clínicos y otros proveedores de salud, como médicos y radiólogos, los firmen.

“Es un contrato extenso y voluminoso, sumamente técnico y confuso. Esta imposición de un nuevo contrato, so pena de quedarte fuera de la red de proveedores es un acto de coerción e intimidación”, denunció Velázquez.

Estos contratos aplican al mercado de Medicare Advantage, Advantage Platino y Vital, dijo José Sánchez, expresidente de la ALC. En 2023, la ASES había anunciado que iba a cambiar su modelo de servicios y requeriría un nuevo contrato, el cual ofrecería mejores condiciones a los proveedores, según Sánchez y debería ser aprobado previamente por la dependencia gubernamental.

Sin embargo, “este nuevo contrato está peor que el vigente”, aseveró el expresidente de la ALC, al mencionar que es tan genérico y confuso, que no incluye las cosas básicas de cualquier contrato. Por ejemplo, ni Triple S ni MMM incluyen en el nuevo contrato cuáles serán las cubiertas médicas, cuál será la tarifa a pagar; bajo qué condiciones van a pagar (políticas de necesidad), o cuántas pruebas van a pagar al año”, sostuvo Sánchez.

Las aseguradoras contratadas por ASES son cuatro, a saber Triple S, MMM, Plan de Salud Menonita y First Medical, y estas controlan el 85% del mercado de salud en la isla.

“El proveedor que no acceda a firmar estos contratos se queda sin acceso al 85% de la población y tendrá que cerrar su práctica”, sostuvo Velázquez. Asimismo, denunció que ambas aseguradoras están imponiendo estos contratos “bajo presión, coerción e intimidación al amenazar que el proveedor que no firme se queda fuera de la red”.

“Es responsabilidad del gobierno estatal y federal proteger a los proveedores y a los pacientes de estas prácticas abusivas, y de hacer cumplir la política pública de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y mantener un buen sistema de salud”, agregó la presidenta de la ALC.

Velázquez explicó que ambos contratos tienen defectos, además de ser genéricos, mucho de su contenido no aplica a los laboratorios clínicos, y no fueron negociados entre las partes, como lo requiere el Código de Seguros de Puerto Rico y el Código Civil.

Señaló que al día de hoy hay cientos de pruebas cuyos costos son más altos que las tarifas que pagan las aseguradoras, por lo que esas pruebas no están accesibles a los pacientes. “Peor aún, el contrato permite a las aseguradoras enmendar todos estos documentos en cualquier momento, según su necesidad, de forma unilateral y sin la participación del proveedor”, manifestó Velázquez.

Los dueños de laboratorios aseguraron que los nuevos contratos incumplen con otras leyes, como la Ley de Pago Puntual, HIPAA Administrative Simplification, nueva ley de Credencialización Única, entre otras.

Denunciaron además que uno de los nuevos contratos –el de MMM- incluso, establece que la aseguradora puede recobrar pagos realizados hasta 10 años atrás, si la auditoría reflejara una década después que el asegurado no era elegible para ese servicio.

Velázquez dijo que en año eleccionario es momento para que la clase política demuestre de parte de quien está: de las aseguradoras o del pueblo a quienes ellos representan. “Es hora de retomar los proyectos para eliminar a ASES y crear un nuevo modelo para el Plan de Salud del Gobierno con un pagador único”, expresó. Propuso que en ese nuevo modelo haya contratación de proveedores directo con Medicaid y un comité asesor abierto al pueblo, cuyos miembros sean representativos del pueblo, y no impuestos por el gobernador o Secretario de Salud a su conveniencia. “Es hora de salvar lo que queda del sistema de salud y asegurar nuestra calidad de vida”, sentenció Velázquez.