La incertidumbre en torno a los efectos que tendría la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) es compartida por todos los grupos que se verían impactados por los recortes y acuerdos pactados, incluyendo a los bonistas puertorriqueños que invirtieron sus ahorros en deuda pública, buscando asegurar su retiro, así como a los suplidores y empresarios locales que prestaron sus servicios al gobierno y cuyas deudas quedaron atrapadas en la quiebra gubernamental sin poder cobrarlas.