La Liga de Cooperativas de Puerto Rico catalogó este jueves de erróneas y desacertadas las expresiones que realizó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la Ley 99-2024, organismo que ordenó al gobierno que enmendara o derogara el estatuto.

Desde sus inicios como Proyecto del Senado 644, la JSF expuso sus reparos por el impacto fiscal que tendría el establecerse un plan de mitigación a las cooperativas de ahorro y crédito por sus pérdidas tras el colapso de los bonos del gobierno.

Contrario a lo que asegura la JSF, la presidenta en funciones de la junta de directores de la Liga de Cooperativas, Carmen Rosado, indicó que el estatuto no tiene conflicto alguno con la Ley Promesa.

“Esta carta del propio señor Mujica reconoce que la Ley 99 exige que cualquier uso de fondos requiere autorización expresa de la (JSF), por lo que no hay ningún conflicto con Promesa”, reaccionó Rosado.

La JSF estimó que el pago del menoscabo de las cooperativas de ahorro y crédito por el colapso de los bonos de Puerto Rico tendría un impacto fiscal de entre $300 millones a $535 millones al erario.

La Ley 99-2024 fue aprobada por la Asamblea Legislativa, yendo por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) responsabilizó a la Asamblea Legislativa por la controversia que ha generado la aprobación de la ley.

Por su parte, Heriberto Martínez, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, expuso que, a pesar de haber realizado varias solicitudes para reunirse con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, el funcionario no ha accedido a sentarse a la mesa con el sector y tampoco, con el presidente de la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes, José Rivera Madera.

“Reiteramos nuestro llamado al señor Mujica a reunirse para discutir a fondo las consideraciones de política pública que son vitales para el bienestar del cooperativismo y el desarrollo económico de Puerto Rico, objetivos que la propia JSF dice impulsar en sus planes fiscales”, insistió Martínez.

La Liga de Cooperativas, el máximo órgano del movimiento en Puerto Rico, aseguró que, desde el 2017, la JSF ha intentado intervenir en detrimento al sector cooperativo de la isla, razón por la cual las cooperativas detuvieron “proyectos de administración que hubiesen reducido la capacidad prestataria de las cooperativas”.

Así las cosas, la organización cooperativista denunció que la JSF tiene una inclinación a favor de los intereses de la banca comercial de la isla, al mantener miles de millones de fondos públicos en esas instituciones financieras, en lugar de en las cooperativas.

Asimismo, la Liga de Cooperativas señaló que la JSF favorece a LUMA Energy, por aprobar el contrato de $750 millones, y a GeneraPR, a la que destinaron cerca de $500 millones.

LUMA es el operador de la red eléctrica y Genera PR, el operador de la flota generatriz del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Los líderes cooperativos indicaron haber gestado la Ley 99-2024 como un mecanismo consensuado que viabiliza reformas aceptables en la gobernanza de Cossec, como solicita la JSF, pero bajo la condición de que el gobierno mitigue los efectos adversos causados por la quiebra del país, lo que protegería los servicios que ofrecen las cooperativas, según Martínez.

“Para esa protección, las cooperativas llevan 44 años pagando primas y capital, montos que exceden por mucho los dineros que corresponden a la mitigación”, expresó el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas.

Entre otras cosas, la Ley 99 de 2024, busca reducir el control de los ejecutivos cooperativos sobre las operaciones de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), reduciendo el número de integrantes de la junta de directores, de 9 miembros a cinco.