Los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aseguraron este viernes que litigarán hasta prevalecer para cobrar su acreencia -estimada en sobre $11,000 millones- a menos que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acepte un acuerdo para poner fin a la quiebra de la corporación pública.

En una declaración enviada a este diario, los bonistas objetores de la AEE, encabezados por GoldenTree Asset Management y las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee, arremetieron contra la intención de la JSF de radicar un nuevo Plan de Ajuste (PDA-AEE) sin el consentimiento de los acreedores y reiteraron que la postura del organismo perpetúa la bancarrota de la empresa estatal, lo que a su vez, impide la restauración del sistema eléctrico.

“Haciéndose de oídos sordos al rechazo constante de sus argumentos por parte del tribunal, la (JSF) ha anunciado su intención de reanudar su estrategia fallida de imponer un plan de ajuste no consensuado, en lugar de trabajar con sus bonistas asegurados y (con una acreencia) debidamente perfeccionada para una salida consensuada de la quiebra que reconozca los derechos legales de los bonistas y (provea) los fondos para las necesidades financieras inmediatas de la AEE”, reza la declaración de los bonistas objetores en la que se agrega que sus derechos “tienen prioridad a las reclamaciones insolventes de las pensiones de la AEE”.

Para los bonistas objetores de la AEE, la corporación pública no solo les adeuda sobre $11,000 millones (en principal e interés acumulado) sino que su recobro va por encima del pago de las pensiones de los trabajadores jubilados de la empresa estatal, argumentos que objeta la JSF.

El pasado 31 de diciembre, el Primer Circuito de Apelaciones informó que no atendería un pedido de revisión por parte de la JSF y del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), organismo que buscaba precisar el término ingresos netos de la AEE.

Luego de que en junio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones concluyera que los bonistas poseen una acreencia de $8,500 millones pagadera de los ingresos netos presentes y futuros de la AEE, en noviembre pasado, el foro intermedio federal revisó su fallo para establecer que los ingresos netos de la AEE son “intangibles generales”, lo que implicaría dinero en efectivo y algún otro activo de la AEE por definirse.

La revisión por parte del Primer Circuito tiene el efecto de ampliar la fuente de repago a la que tendrían derecho los bonistas, quienes –de paso– cobrarían su parte de un cargo especial que se impondría en la factura eléctrica por los siguientes 50 años.

En marzo del año pasado, cuando la JSF presentó para confirmación el PDA-AEE, el impacto de dicho cargo legado se estimaba en 27 centavos diarios para un hogar promedio en Puerto Rico. Entonces, el PDA-AEE proponía pagar unos $2,300 millones a los bonistas, en lugar de los $8,500 millones más intereses que estos reclaman.

En su decisión, sin embargo, el Primer Circuito estableció que aunque la acreencia de los bonistas contra la AEE ronda unos $8,500 millones, ello no implica que la corporación pública tenga que pagar dicha cuantía. El saldo final modificado, indicó el foro apelativo, sería establecido por el tribunal de Título III en un proceso de confirmación de un plan de ajuste en el que se establecería la capacidad de pago de la empresa estatal.

La declaración de los bonistas objetores de la AEE, quienes poseen sobre $5,000 millones de la deuda pública de la AEE, se produce dos días después de que la gobernadora Jenniffer González Colón nombrara a su exdirector de campaña y cabildero, Francisco Domenech, como secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Antes de ser electa, González Colón sugirió que la deuda de la AEE -estimada inicialmente en unos $2,300 millones por la JSF, análisis que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain avaló para luego ser revertido por el Primer Circuito- podía pagarse con fondos del gobierno central.

“Como quedó demostrado con el apagón general de fin de año, el pueblo de Puerto Rico continuará sufriendo mientras los asesores de la JSF siguen sumando a las comisiones ya récord en una reestructuración municipal y que van en exceso de $1,500 millones”, aseguraron GoldenTree, Assured y National.

El pasado 11 de diciembre, la JSF aseguró a la jueza Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, que si Boston fallaba en su contra, habida cuenta las diferencias abismales con los bonistas objetores, presentaría un nuevo PDA-AEE. Dicho plan, sin embargo, sería tipo “cramdown”, un remedio que provee la ley federal Promesa.

Un PDA no consensuado o “cram down” en una propuesta de modificación de pagos sin el aval de los acreedores.

Hasta la fecha, la JSF ha viabilizado 15 reestructuraciones de deuda pública, pero todas se pactaron con el respaldo de los acreedores o se impuso el recorte porque se produjo un fallo judicial favorable al organismo. Ese fue el caso de los Bonos de Obligación de Pensiones o POBs en inglés.

En su declaración, los bonistas objetores plantearon que también buscarán ser resarcidos por el alegado uso indebido que la AEE ha dado a los fondos que debió utilizar para el pago de la deuda pública durante los pasados ocho años.

“El gobierno central tiene responsabilidad por cualquier pérdida que hayan sufrido los bonistas”, reza la declaración de los objetores.

“Los bonistas pretenden litigar vigorosamente estos y otros asuntos en ausencia de un acuerdo global”, agregaron GoldenTree, Assured y National al tiempo que recordaron el escepticismo que ha mostrado el Equipo de Mediación de la AEE con las negociaciones.

Desde octubre del año pasado, los bonistas mantienen en la mesa una oferta que representaría una recuperación de sobre 60 centavos de dólar y otorgar otros $2,500 millones en nuevo capital a la AEE. La JSF ha rechazado tal propuesta.