Los bonistas, dueños de sobre $5,000 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mantienen sobre la mesa una oferta que argumentan, dará a Puerto Rico unos 50 años para cumplir con los inversionistas, pagar las pensiones de los jubilados de la corporación pública y un régimen de tarifas razonables para los abonados.

Asegurando que ya no hay espacio para más combates legales o pujas, los abogados Thomas Lauria, Eric Brunstad Jr. y Mark C. Ellenberg comunicaron a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que sus clientes interesan poner fin a la quiebra de la AEE zanjando un acuerdo monetario global con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En dicho acuerdo, el gobierno central tendría que aportar dinero.

Este miércoles, durante la audiencia general del mes de diciembre de los casos de Título III de Puerto Rico, Lauria –socio del despacho legal White & Case y abogado de GoldenTree Asset Management, tomó la palabra para ofrecer, por primera vez, detalles específicos de la oferta que presentaron en algún momento de agosto pasado durante el proceso de mediación.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó tal oferta por diversas razones. Según la JSF, la propuesta supondría endeudar más a la AEE, utilizar recursos del Fondo General para honrar una obligación de una corporación pública y aumentar el cargo legado –la tarifa especial que pagarán los abonados en su factura de electricidad y aplicarlo a más abonados.

“Ni siquiera nos hicieron caso”, soltó Ellenberg, abogado de la aseguradora Assured Guaranty y quien, de paso, dijo estar atónito tras conocerse en corte abierta que la JSF pretendía establecer deslindes particulares sobre los derechos de sus clientes cuando el Primer Circuito de Apelaciones les ha dado la razón.

El también socio de Cadwalader, Wickersham & Taft sostuvo que la JSF “simplemente rechazó” la propuesta. “Habíamos pensado que como mínimo habría sido una base para negociar”, agregó Ellenberg.

“Ahora nos dicen que para determinar el colateral sería necesario establecer si ese colateral excluye los ingresos futuros de la AEE”, dijo Ellenberg haciendo referencia a la determinación de la JSF de presentar de un nuevo Plan de Ajuste para la empresa estatal (PDA-AEE).

Durante la audiencia de este miércoles, el abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, reveló que el organismo presentará un nuevo PDA-AEE luego de que el Primer Circuito revise su moción de reconsideración en torno al colateral de la deuda de la corporación pública.

Para los bonistas, el asunto ya fue definido a su favor en junio pasado, cuando el foro apelativo intermedio federal determinó que estos poseen una acreencia asegurada, es decir, pagadera con una fuente de repago específica. En este caso, los ingresos netos de la AEE, y ese dictamen, fue la base para la oferta que aseguran sigue vigente.

La oferta en cuestión fue develada el pasado 8 de octubre, luego de que una nueva ronda de negociaciones no diera frutos. Ello, a pesar de la orden expresa de Swain para que se consiga un acuerdo consensuado.

“Hoy la oferta sigue en la mesa”, indicó Lauria, quien destacó que un acuerdo con los bonistas objetores serviría para bien a Puerto Rico.

Ello, porque, según Lauria, los fondos de inversión que poseen la deuda de la AEE también son inversionistas de calado en el mercado de bonos municipal y corporativo y un entendido con estos, sería un mensaje de que la AEE comienza a ponerse sobre sus pies.

“Dimos un paso atrás, pensamos en todos los asuntos que tenemos que resolver y establecimos cinco puntos críticos sobre los cuales podemos forjar un acuerdo”, dijo Lauria a la jueza Swain haciendo referencia al momento en que el Primer Circuito reconoció la reclamación de los bonistas objetores y regresaron a la mesa de negociación.

“Hubo mucha introspección entre los miembros del grupo”, agregó el abogado.

“Tiene que ser una solución basada en tarifas razonables para el pueblo de Puerto Rico. La AEE necesita capital con una estructura que sea viable”, dijo Lauria al plantear que la propuesta incluye mecanismos para que la empresa estatal no termine en otro cuadro de impago.

La propuesta de los bonistas objetores consiste en un intercambio de los bonos existentes que rondan poco más de $8,000 millones por dos nuevas series de bonos a 50 años.

Según Lauria, la “pista de aterrizaje” provista a la AEE tendría una vida de cinco décadas. La cuantía de la primera serie de bonos se determinaría según las proyecciones financieras de la AEE que acuerden las partes.

Una segunda serie de bonos, sería por la diferencia de la primera y esta se pagaría del exceso de efectivo que quede en las arcas de la AEE después de los gastos operacionales. Esa segunda serie terminaría en 50 años, independientemente, de cuánto se haya amortizado.

En dólares y centavos, con su oferta, los bonistas recuperarían sobre 60 centavos de dólar. Para la JSF, a lo sumo, la AEE está en posición de pagar unos 12 centavos de dólar.

La tercera emisión de bonos en la oferta de GoldenTree y otros correspondería a nuevo capital: $2,500 millones para que la AEE invierta en las mejoras capitales que debe acometer.

Al presentar el PDA-AEE, la JSF estableció que el cargo que se aplicaría en la factura para pagar a los bonistas no debía exceder el 6% del presupuesto de un hogar con una mediana de ingreso en la percentila 50 entre todos los abonados de la corporación pública.

Asimismo, el PDA-AEE contempla el pago de las pensiones como un gasto que antecede el pago de la deuda pública.

Sin embargo, durante las vistas de confirmación del plan de pagos propuesto en marzo pasado, la referencia del 6% del presupuesto del hogar con una mediana de ingreso propuesta por la JSF para establecer el cargo legado fue ampliamente debatida y cuestionada por los bonistas objetores.

Mientras, durante el proceso de análisis del PDA-AEE en el tribunal, el tema de las pensiones quedó relegado a un segundo plano y ni siquiera se precisó cuánto se necesitaría para cumplir con esa obligación.

En la oferta de los bonistas, de acuerdo con Lauria, las tarifas para pagar a sus clientes se establecerían “por debajo” de los objetivos establecidos por la JSF. En el acuerdo, se establecería, además, el pago de las pensiones como una prioridad y se separaría una partida de los ingresos de la AEE para ese propósito.

Según Lauria, el cargo legado podría aumentarse por dos razones: cuando sea necesario cubrir obras capitales que no sean financiadas por fondos federales o si la AEE incurre en gastos por encima de lo presupuestado. Ello, en aras, de que la porción dedicada al pago de la deuda pública no se menoscabe.

“Creemos apropiado consultar al gobierno central para ver si ellos podrían contribuir de alguna forma a la resolución de esto”, dijo Lauria, quien reconoció que hay una “brecha sustancial” entre la capacidad de pago que tiene la AEE según los bonistas objetores y aquella consignada por la JSF.

Por su parte, Brunstad Jr., asesor legal del grupo organizado de bonistas de la AEE, aseguró que colectivamente, el grupo está dispuesto a poner la acción donde ha puesto su palabra.

“Este modelo es consistente con lo que ha propuesto la (JSF)”, dijo Brunstad Jr., socio de la firma Dechert.

“Nosotros tomamos nuestro colateral, los ingresos netos de la AEE, los que sean”, explicó el abogado al agregar que una virtud de la segunda serie de bonos propuesta es que, si los ingresos de la AEE no son suficientes, “no cobramos ese pedazo”.

“Cada día que pasa es un día que la AEE se queda con nuestro colateral sin compensación”, agregó Brunstad Jr. al indicar que, al presente, la corporación pública utiliza lo que sería la fuente de pago de los bonos sin compensar a los acreedores, lo que sería contrario a la Constitución de Estados Unidos.

El planteamiento de Brunstad Jr. estaría relacionado con la reclamación administrativa que tienen los bonistas por el supuesto uso inapropiado de fondos por parte de la AEE y que debieron reservarse para la deuda pública. Según el Primer Circuito, esa reclamación sería separada de aquella que busca cobrar los bonos de la AEE.

“Proponemos definir primero cuáles son los ingresos netos de la AEE en el contexto de determinar nuestra reclamación administrativa… son asuntos imperativos que merecen atención inmediata”, dijo Brunstad Jr. al reiterar que sus clientes están listos para comprometerse con un acuerdo que ponga fin a la quiebra de la AEE.