Dos años y medio después de que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobara la reorganización financiera del gobierno central, suplidores y contribuyentes aguardan por sus pagos.

Entre los acreedores que no han recuperado su parte figuran demandantes que prevalecieron en litigios contra el gobierno, incluyendo unos 5,500 estudiantes de Educación Especial que forman parte del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, resuelto hace casi dos décadas; al igual que contratistas y suplidores representados por el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC).

Tampoco han cobrado su parte, contribuyentes que esperan por sus reintegros y aquellos que esperan su paga como resultado de expropiaciones forzosas por parte del estado. Incluso, diversas agencias federales tampoco han recuperado su parte, que, de paso, al igual que en la mayoría de los casos, serán pagos reducidos a centavos de dólar.

“Después de muchos años, hemos tenido la capacidad de eliminar miles de millones de dólares de esas reclamaciones, muchas eran reclamaciones duplicadas, muchas eran reclamaciones de bonistas, así como reclamaciones que se atendieron bajo el Título VI”, indicó el abogado Brian Rosen, haciendo referencia a la cifra de $43 billones en reclamos de cobro que se radicaron durante el proceso de Título III del gobierno central.

“Continuamos trabajando para reducir ese número”, agregó el socio de Proskauer Rose y representante legal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El 19 de enero de 2022, Swain confirmó el PDA del gobierno central con el objetivo de modificar unos $33,000 millones en diversas obligaciones del gobierno, incluyendo unos $21,000 millones en bonos de Obligaciones Generales (GOs en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos, entre otros emisores de deuda.

Tras la aprobación del PDA del gobierno central, los primeros en cobrar fueron los bonistas, quienes -de un plumazo- recibieron unos $7,028 millones en efectivo, así como distribuciones semestrales por los bonos reestructurados, pagos que el gobierno ha hecho de manera consistente desde entonces.

En cambio, los acreedores representados por el UCC y otros, no han recibido su parte, un recordatorio que el abogado del grupo y socio del bufete Paul Hastings, Luc A. Despins, ha hecho repetidamente en diversas audiencias de los casos de Título III. Para estos, en el agregado, su recuperación fluctuaría entre cinco y 10 centavos de lo que el gobierno les adeuda.

Según Despins, aparte de que sus clientes recuperarán una minucia, pasarán “años” antes de que muchos acreedores del gobierno central puedan recuperar lo que se distribuyó para ellos.

Ante tales reclamos, en mayo pasado, Swain instruyó a la JSF a ofrecer un reporte detallado de la situación, una rendición de cuentas que el organismo entregó a la jueza esta semana.

Según el informe, la JSF recibió 182,789 reclamaciones contra el gobierno central, la AEP, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), entre otros. En total, los acreedores reclamaban $43.7 billones en pagos al gobierno central.

La amplia mayoría de tales reclamaciones se eliminaron por duplicidad u otras razones, pero otras se refirieron a dos procesos de negociación para agilizar su pago.

Mientras, a través del proceso de reconciliación de reclamaciones (ACR, en inglés) se han resuelto unas 24,907 reclamaciones, pero quedan en el tintero otras 46,451 acciones de cobro.

Al menos otras 6,000 reclamaciones que pretenden atenderse con ofertas grupales mediante un proceso de resolución de disputas (ADR, en inglés) también están pendientes.

Rosen ofreció detalles de cómo va el proceso de distribución de pagos del PDA del gobierno central durante la audiencia general del mes de septiembre de los casos de Título III de Puerto Rico, celebrada esta semana, y en la que también se aprobó un acuerdo entre la JSF y Cobra Acquisitions que pondrá fin a la reclamación del contratista contra la AEE y que corresponde a los trabajos efectuados para reparar la red eléctrica luego del huracán María hace siete años.

A preguntas de la jueza Swain, Rosen indicó que la JSF ha recabado los servicios de la firma Alvarez & Marsal para dar sentido a la avalancha de reclamaciones contra el gobierno central, pero reconoció que faltan “varios meses” antes de que pueda tenerse una idea más clara de la situación.

Rosen dijo que el gobierno ha conferido prioridad a la resolución de los casos, cosa que afirmó Peter Friedman, abogado de O’Melveny Myers y abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

El abogado admitió, sin embargo, que a pesar de lo hecho, todavía hay muchas reclamaciones que ni siquiera han podido atenderse hasta que no se confirme el Plan de Ajuste (PDA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que, a su vez, impide precisar cuándo y cuánto precisamente terminará pagando el gobierno central para implementar en su totalidad su propio PDA.

“Al presente, los deudores (el gobierno central) anticipan que las reclamaciones intragobierno y por expropiación se resolverán y pagarán en el curso ordinario de los procedimientos”, reza el informe de la JSF ante Swain.

“La JSF, en coordinación con la Aafaf, ha entablado conversaciones iniciales con el abogado de la amplia mayoría de los reclamantes en el caso de Educación Especial en relación a una potencial solución a las reclamaciones asociadas. A la fecha, esas conversaciones no han dado fruto”, agrega el informe.

Según Rosen, la JSF ha logrado entendidos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que apuntan a que las reclamaciones del gobierno federal podrían atenderse de manera agrupada.

Pero en contraste, el abogado explicó que es posible que la JSF tenga que prepararse para litigar contra el síndico de la deuda de la AEE, figura que también presentó una reclamación de cobro contra el gobierno central por los $8,000 millones que adeuda la corporación pública a la luz del fallo reciente del Primer Circuito de Apelaciones que favoreció a los bonistas de la corporación pública.