Aunque de entrada, múltiples sectores de la sociedad puertorriqueña favorecerían la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) antes de lo dispuesto en la ley federal Promesa, no está claro si el gobierno de Puerto Rico y su clase política ha propiciado las transformaciones necesarias para no regresar a un cuadro de bancarrota y mucho menos, para maximizar el beneficio que representa la reestructuración de su deuda pública.