Preocupados de que los $7 millones prometidos se pierdan en el camino –o encuentren otro propósito– los pescadores pidieron una reunión a la gobernadora, Jenniffer González para garantizar que el dinero prometido –y adeudado desde los huracanes Irma y María– les llegue.

Se trata de $7 millones en fondos federales asignados al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a través de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica (NOAA, en inglés) en respuesta a los huracanes de 2017. La asignación de estos fondos ha sido motivo de casos judiciales en reclamo de información, censos entre los pescadores, cuestionarios para saber cuánto y qué perdieron durante el huracán y actualizaciones para saber qué pescadores estaban activos cuando llegaron los huracanes.

Las organizaciones de pescadores han acudido al DRNA, así como a vistas en la Asamblea Legislativa para reclamar la repartición de este dinero entre los 500 a 600 pescadores que cualifican.

Miguel Ortiz, presidente de la Villa Pesquera en Guayama dijo que solicitaron una reunión a la gobernadora en aras de agilizar la asignación de fondos. El Nuevo Día solicitó una reacción a La Fortaleza, pero al cierre de esta edición, no respondieron.

“Es bien triste lo que está sucediendo porque estamos hablando de algo que lleva mucho tiempo, desde María para acá. Ese dinero está disponible desde 2019. Asignaron $11.4 millones para las pesquerías”, explicó. “NOAA hizo un censo y vieron que hubo un sinnúmero de pérdidas. Los pescadores perdieron embarcaciones, se perdieron villas pesqueras”.

Ante el hecho de que el dinero ya autorizado no ha sido desembolsado, pidieron auxilio a La Fortaleza.

“Enviamos la carta a la gobernadora a ver si nos reúne, pero ni de un lado ni de otro vemos movimiento positivo después que le prometimos a los pescadores que el DRNA nos confirmó que daría la ayuda directa a todos los pescadores”, aseveró. “Es triste que, a estas alturas, todavía estemos dando cantazos con estos fondos”.

Nelson Boulogne Pimentel, pescador comercial y de viajes fletados, recordó que este dinero es una compensación a los pescadores por las pérdidas sufridas durante los huracanes de 2017.

“Sabemos que en todo Puerto Rico, y más en Vieques, no había electricidad y no podíamos tampoco salir a pescar. La NOAA hizo un estudio y dijeron que las pérdidas económicas eran de $11.4 millones y la DRNA dividió esos fondos”, dijo. “La mayoría de los pescadores lo que necesitan es equipo, motores, carretones, arreglar los botes. Desde 2017 todo ha subido y los productos marinos han aumentado de precio. Lo más que necesitamos son equipos, arreglar las embarcaciones, comprar motores”.

Juan Capella Noya, de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA) reiteró que el dinero debe repartirse a partes iguales entre los pescadores afectados que cualifiquen, incluyendo las distinciones entre los pescadores que estaban trabajando a tiempo parcial y los que trabajaban a tiempo completo.