Desde posibles subsidios hasta paquetes de rembolsos, fueron algunas de las propuestas que presentaron líderes internacionales y locales para mantener la competitividad de Puerto Rico e implementar el Impuesto Mínimo Global (IMG) del 15% sobre las ganancias de las entidades foráneas.

De acuerdo con José Antonio Ocampo, catedrático de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos en la universidad de Columbia, en Nueva York, dada a su condición territorial con Estados Unidos, el gobierno puertorriqueño debe identificar soluciones que se adapten a su contexto socioeconómico de la isla.

“Las nuevas normas implican que los incentivos fiscales que Puerto Rico ofrece actualmente ya no funcionarán y el impuesto sobre las ganancias que hoy Puerto Rico decide no gravar para otorgar generosos incentivos a las multinacionales, será recaudado por otros países que hayan implementado el impuesto mínimo”, dijo el también ex ministro de Hacienda de Colombia.

Ocampo expuso las tres rutas por las que Puerto Rico puede optar, siendo una de ellas el no implementar el IMG, lo que no considera viable. Mientras que las otras dos opciones es la implementación basadas en los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o adaptándolo al contexto socioeconómico de Puerto Rico.

“El diseño podría adaptarse a las necesidades específicas de Puerto Rico en lugar de importar un paquete inapropiado que siempre sería una camisa de fuerza”, destacó Ocampo.

En Colombia ya hemos aplicado un impuesto mínimo desde el 2022, aplicable desde el año pasado (2023). La tasa estándar sobre el impuesto sobre la renta corporativa se mantiene sin cambios en el 35%. El impuesto mínimo del 15% es aplicable tanto a entidades locales como extranjeras.

Hasta el momento, menos de 50 países, mayormente europeos, han legislado para implementar el impuesto mínimo global, de los 147 que firmaron el acuerdo internacional de la OCDE.

Si no aprueba legislación, a partir de enero de 2025 el erario dejaría pasar la oportunidad de ingresar aproximadamente $3,843 millones, según un estudio realizado por Espacios Abiertos.

Las expresiones se dieron durante el Panel Impuesto Mínimo Global Perspectiva Internacional, convocado, precisamente por la organización Espacios Abiertos y celebrado este miércoles en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Por su parte, Verónica Grondona, asesora senior para la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa (ICRIT, en inglés), la legislación que apruebe Puerto Rico sobre el IMG debe ser específica para las entidades que operan en la isla.

“La realidad es que hay distintas posibilidades en el menú. Creo que de todas maneras Puerto Rico tiene una situación bastante peculiar por ser un Estado Libre Asociado con Estados Unidos, por lo que eso incide en el porcentaje de multinacionales que son norteamericanas”, mencionó Grondona.

La economista exhortó a los líderes en Puerto Rico a que evalúen la implementación de subsidios u otro tipo de salidas de impacto directo o indirecto a estas entidades.

“Esto (el IMG) es una oportunidad para Puerto Rico. A veces las crisis nos dan una oportunidad de pensar en el modelo de desarrollo y de crecimiento que quiere tener Puerto Rico”, continuó.

En tanto, Humberto Mercader, subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), aseguró que Puerto Rico “se juega mucho” si no implementa el IMG, por lo que indicó que la agencia se sentó a la mesa con entidades foráneas para crear un marco contributivo que “haga sentido” para todas las partes.

“Tenemos que crear estos créditos que sean competitivos que ayuden a que ellos (las foráneas) quieran mantener lo que tiene, pero cómo también damos señales al mundo de que estamos abiertos a que vengan más entidades”, dijo Mercader.

Según el funcionario, el DDEC evalúa imponer un cover tax, que sería la diferencia entre el impuesto de 4% que pagan algunas empresas y el 15%, al tiempo que consideran implementar un régimen de créditos reintegrables basados en costos o gastos elegibles que pueden ser desde la creación de empleo, inversión en investigación y desarrollo, así como temas de energía.

“Este proceso es uno de mucho cuidado, queremos estar seguros de que esto se hace de la mano de la industria, porque queremos que crezcan. Así que ¿cómo lo diseñamos de una manera que sea justo para ambas partes y (seamos) competitivos?”, indicó Mercader.

A su vez, la economista Eileene Segarra comentó que la estrategia de desarrollo económico de la isla, basada en incentivos contributivos no ha evolucionado desde 1950.

“Puerto Rico se quedó bien atrás en la estrategia de desarrollo económico porque insistimos que los incentivos contributivos es la manera y lo que nos está diciendo el mundo es que no es la manera”,

Recomendó saber cuánto pagan actualmente las compañías multinacionales a Estados Unidos por las ganancias obtenidas en Puerto Rico, como parte del Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI). Asimismo, exhortó al gobierno a que defina las condiciones de productividad que se quieren para el país.

El impacto a mediano plazo, si no se establece legislación, es que muchas de las empresas foráneas “van a ir cerrando y relocalizándose”.

El objetivo de este panel, según Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos, era que los expertos internacionales y locales generen información suficiente para que permita crear una política pública “basada en datos empíricos”.

“Aquí no se está proponiendo ningún impuesto adicional. Es un impuesto global que las empresas multinacionales lo van a pagar, el asunto es dónde lo van a pagar y a quién lo van a pagar. Ahí es donde hay una oportunidad para Puerto Rico”, subrayó Santamaría.