El gobierno no cumplió con lo que sería el segundo presupuesto balanceado presentado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entre otras cosas, porque incluyó entre sus gastos el proyecto de ley que crearía un plan de mitigación para que las cooperativas recuperen unos $400 millones por las pérdidas que experimentó el sector con los bonos de Puerto Rico.

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El pasado fin de semana, la JSF certificó su versión del presupuesto, en lugar de la versión legislativa, pues de acuerdo con el director ejecutivo del organismo, Robert F. Mujica Jr., la Legislatura dio luz verde al Proyecto del Senado (PS) 644, considerándolo dentro de su presupuesto sin analizar su impacto fiscal.

Según Mujica, esa medida es la única diferencia entre el presupuesto certificado para el año fiscal 2025 versus el ejercicio que se realizó desde la Casa de las Leyes.

Hasta el momento, el gobierno ha logrado presentar, aprobar y certificar solo un presupuesto balanceado ante la JSF, siendo el primero el correspondiente al año fiscal 2024. Uno de los requisitos para que el organismo federal culmine sus trabajos en la isla es que el gobierno cumpla con cuatro presupuestos balanceados.

“El segundo (presupuesto) podría ser este (de 2025) si lidian con (el PS) 644, porque esta es una diferencia. Así que, si ustedes (el gobierno) lidian con (el PS) 644, entonces ustedes tendrían un presupuesto que está emparejado” con el de la JSF, expuso Mujica.

El PS 644 fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado mes. No obstante, fue reconsiderado en ambos cuerpos legislativos, en los que se bajó a votación con 20 votos a favor, cinco en contra y uno abstenido, en el Senado. Mientras que en la Cámara de Representantes la medida fue aprobada con 34 votos, 12 en contra y dos abstenidos.

Para ir por encima del veto ejecutivo se necesitan dos terceras partes de ambos cuerpos legislativos.

De acuerdo con la JSF, el proyecto al que dio paso la Legislatura, le costaría al fisco entre $300 millones y $535 millones.

“Para ser claros, nuestra posición sobre este proyecto de ley y las estimaciones de costos en este proyecto no eran nuevos. Habíamos escrito cuatro cartas distintas sobre el (PS) 644, y luego escribimos otra carta sobre, (en la que se indica) que tiene un impacto fiscal estimado de $300 millones y $535 millones”, sostuvo Mujica.

En entrevista reciente con Negocios, líderes del movimiento Cooperativas por la Capitalización insistieron en la importancia de que se aprobara el proyecto para que, entre otras cosas, se implemente un plan de mitigación para que el gobierno restituya el dinero que perdió el sector cooperativo como consecuencia de la quiebra del país.

Según los estimados preliminares presentados a El Nuevo Día, la aprobación de la medida representará un desembolso del gobierno de entre $400 millones y $641 millones.

Además, la medida también cambiará la gobernanza de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec). Entre otras cosas, el PS 644 propone reducir la composición de la junta de directores de Cossec, de 9 miembros a cinco.

En mayo pasado, el PS 644 fue aprobado y enviado al gobernador, quien a principios del mes pasado lo vetó, justificado por el impacto fiscal de la medida y el conflicto que generaría con el Plan Fiscal de Cossec.

De otra parte, el PS 644 implicaría un reversazo al Plan de Ajuste del Gobierno central, aprobado en el 2022, y que tuvo el efecto de modificar toda la deuda por concepto de bonos y, por ende, el dinero que cada año se dedica a pagar a los bonistas.

Mujica destacó que, a diferencia de otras medidas que levantaron señalamientos por parte de la JSF, en el caso del PS 644, los legisladores no acudieron al organismo federal para adaptar la medida y que esta cumpliera con el presupuesto.

“El gobernador se opuso porque le preocupaba, pero decidieron anular al gobernador. Ahí es donde nos separamos y ahí es donde la (JSF) no se siente cómoda, porque tenemos un plan financiero y una base para nuestros planes diferentes”, expresó Mujica.

Las expresiones del director ejecutivo de la JSF se produjeron este lunes, luego de que la JSF informara y discutiera en una mesa redonda con periodistas el presupuesto consolidado certificado para el año fiscal 2025 y que asciende a unos $33,300 millones.

En su presentación, Mujica indicó que la Legislatura dio paso a medidas que requerirán de entre $639 millones y $874 millones, incluyendo el PS 644, por encima de los gastos del Fondo General certificados para el 2025.

Considerando las medidas que la Legislatura aprobó, el gasto con cargo al Fondo General aumentaría de 3% a más del 9% más que al año anterior. Entre esos proyectos de alto impacto fiscal se encuentra el aumento en el pago de pensiones, un bono a maestros retirados y ajustes en las obligaciones de retiro a bomberos.

“El presupuesto (operacional con cargo al Fondo General) que habíamos acordado pasaría de $13,100 millones (en gastos) a $13,900 millones, y no tendríamos recursos para pagarlo. Así que tendríamos que volver a la mesa y elaborar un nuevo presupuesto”, dijo Mujica.

“No podemos anticipar todas las acciones que se van a producir, y tendremos que intentar arreglarlo durante el presupuesto. Una manera fácil de arreglarlo sería derogarlo o (si no) hay litigios que son posibles”, adelantó el director de la JSF.