Uno de los asuntos pendientes por resolver este cuatrienio es si se aprobará o no un proyecto para implementar en Puerto en la isla el Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15% a las empresas multinacionales. Pero según el investigador y analista Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), el gobierno de Puerto Rico debería esperar.

De acuerdo con Marxuach, si bien el sector industrial y otras voces han abogado por modificar la legislación vigente en Puerto Rico, todavía se desconoce cómo la capital federal considerará a Puerto Rico cuando dirima el asunto, pues para algunos temas, Puerto Rico es tratado como el resto de los estados, mientras que para fines contributivos, Puerto Rico es considerado una jurisdicción internacional.

Además, Marxuach advirtió que todavía es incierto qué hará el presidente entrante, Donald Trump, con el IMG, a su vez, parte de un acuerdo contributivo mundial que impulsan las economías desarrolladas para evitar la competencia entre países utilizando tratamientos fiscales preferentes.

“No sabemos qué posición va a tomar Estados Unidos todavía y eso va a impactar lo que haga Puerto Rico. Puerto Rico pudiera hacer esto solo, lo que no sabemos es qué presiones vamos a tener del Departamento del Tesoro federal para no hacerlo porque una parte del gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo con el impuesto mínimo de 15%”, afirmó.

La expectativa de buena parte del sector privado es que el gobernador Pedro Pierluisi convoque una sesión extraordinaria. El Nuevo Día publicó recientemente una lista de los proyectos que podrían atenderse en dicha sesión, pero entre los temas a discutirse no se incluye el IMG ni el tema del impuesto al inventario, otro reclamo del sector comercial.

“Una de las propuestas de Trump es bajar el impuesto federal a las corporaciones a 15%. Si Puerto Rico es tratado como un estado para propósitos de los guidelines, las empresas van a decir que, en teoría, tienen que pagar ese 15%”, dijo.

El riesgo más grande de no hacer nada, advirtió, es con las empresas europeas, que van a ver efectos en lo que deben pagar a Puerto Rico y al país de origen, en caso de que la isla no adopte el IMG.

Marxuach ofreció su opinión acerca del IMG durante una sesión con periodistas en la que presentó un estudio realizado por el CNE que propone reformular y lanzar una nueva política industrial para encaminar la economía de Puerto Rico. La idea es que Puerto Rico salga a buscar empresas de manufactura que se muden a la isla, en parte en respuesta al plan federal de mudar a suelo estadounidense la producción de empresas multinacionales con sede en ese país.

En ese contexto, Marxuach describió como una incongruencia para Puerto Rico, el uso extendido de decretos contributivos porque estos crean una variedad de beneficios para las industrias ubicadas en la isla. Tales decretos, recordó, muchas veces, se extienden por años y cambiarlos requeriría renegociar sus términos.

“Eso añade a la complejidad. Vamos a asumir que decidimos hacer lo del 15% y presentar legislación. Todavía no sabemos cómo vas a implementarlo porque tenemos un contrato con cada una de esas compañías. Es una obligación legal y no es tan fácil de eliminar como de un plumazo”, aseveró Marxuach.