Para Robert F. Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la discusión pública sobre si se debe cancelar o no el contrato con la operadora de la red eléctrica, LUMA Energy, no pasa de ser “una distracción del problema que tenemos en Puerto Rico: nuestro sistema eléctrico no es confiable”.

Más aún, en la recta final, hacia las elecciones generales, opinó que “es una conversación políticamente ventajosa, conveniente, que no produce el resultado que se está tratando de lograr... que podamos tener electricidad”.

“Al pueblo, a la persona promedio, no le importa qué se ha hecho con las leyes aquí, quién es el regulador. Quieren llegar a su hogar, prender el interruptor y tener electricidad”, reiteró Mujica, al intervenir la noche del jueves como panelista del foro “Emergencia energética y supervivencia económica del sector industrial”, celebrado en el Distrito T-Mobile.

En cambio, Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), expresó categóricamente que el contrato de LUMA sí se podría cancelar o modificar “y no se ve a acabar el mundo”.

Sin embargo, reconoció que escoger cualquiera de esas dos rutas será “decisión de los oficiales electos y la JSF”.

“También creo que, haciendo los análisis correspondientes, se puede determinar si se cancela con penalidad y perjuicio hacia el gobierno -y es una decisión que se puede tomar- o si se cancela sin ninguna penalidad o perjuicio hasta el gobierno”, abundó Colón, durante el evento convocado por la Asociación de Industriales (AIPR), en colaboración con el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE).

Sobre los planteamientos del ingeniero Colón, el director ejecutivo de la JSF advirtió que abordar los incumplimientos de un contratista tiene consecuencias legales. “Va a haber litigación y va a haber costos. El resultado de ello puede tomar años. Y vuelvo al primer problema: La gente no quiere más de lo mismo. Quieren tener luz”.

Mujica agregó que, incluso si se lograra rescindir el contrato, ve difícil que un nuevo operador desee exponerse a que le cancelen su contrato por razones políticas o a carecer de fondos suficientes para cumplir con las tareas pactadas. “Buena suerte”, acotó.

Más allá del debate sobre si se mantendrían o no los contratos existentes, Colón insistió en que la AEE, como dueña de los activos de la red eléctrica de Puerto Rico, “debemos ser los supervisores de LUMA y Genera PR. Punto. No lo somos. Y que ellos nos deben responder a nosotros 100%, punto, como cualquier otro contratista”.

Para que ese escenario funcione, sin que se repliquen problemas del pasado como la burocracia y la politización, Colón sugirió que todos los nombramientos gerenciales y a la junta de gobierno de la AEE deben responder estrictamente a criterios de capacidad y conocimiento técnico. A su vez, admitió que en la despolitización de la AEE “todavía falta camino por andar. Es un proceso bien metido en el ADN”.

“¿Alguien se cree que esa politización ha desaparecido? (...) Así que sería volver a lo mismo”, reaccionó Mujica. “La conversación debería ser por qué estamos en esta situación. Hay $17,000 millones de fondos federales y solo hemos gastado $1,000 millones. OK. ¿Por qué? ¿Cómo avanzamos?”.

“Reembolso. Se nos olvida que los fondos de FEMA funcionan a base de reembolso”, respondió por su parte, Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (conocida como COR3), sobre las asignaciones de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“El dinero no lo tenemos. Lamentablemente, lo hemos comunicado muchísimas veces. Se ha creado una impresión, de hace muchos años, y quizás interpretamos que el dinero lo tenemos aquí y no lo estamos gastando”, explicó el ingeniero Laboy.

Sin embargo, informó que en el 2022, se logró que el gobierno federal aprobara un adelanto de 25%. “Esa es la razón por la que hemos gastado $1,500 millones”.

Y, aunque reiteró que en el gobierno federal “nos espetaron reglas que solo le aplican a Puerto Rico”, Laboy informó que FEMA ya autorizó 48% de unos 450 proyectos de restauración eléctrica, a un costo estimado de $6,100 millones.

A su vez, recordó que de los casi $17,000 millones prometidos a raíz del azote del huracán María en 2017, “los primeros $9,500 millones se asignaron en septiembre de 2020″, pero sin permiso para utilizarlos.

“El Congreso pide rendición de cuentas, pero ellos debe remover ‘unnecesary red tape’ (burocracia innecesaria)”, denunció Laboy. “Esto toma tiempo. (...) Y aquí no hay suficiente mano de obra para toda esta reconstrucción, que es algo que también tenemos que tomar en consideración”.

En cuanto a la realidad de agilizar el fortalecimiento del sistema eléctrico en año electoral, Mujica levantó bandera de que próximamente, van a cambiar gobernantes y jefes de agencia ligados al proceso de quiebra de la AEE y las obras de reconstrucción de la red eléctrica.

“No podemos perder tracción. (,...) El enfoque tiene que ser, en primer lugar, si tenemos un sistema confiable. No se puede tener desarrollo económico sin un sistema confiable”, sentenció. “Todo el mundo quiere decir que nos va bien y estamos progresando. Las cosas no están bien. La gente lo sabe. La gente lo siente. Debemos trabajar para arreglarlo”.

Moderado por la editora de Negocios de El Nuevo Día, Joanisabel González, el foro también contó con representantes del sector privado, como el presidente de la AIPR, Eric Santiago Justiniano; así como con del sector público, como el secretario de Estado, Omar Marrero; y el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés.