Todo el terreno fiscal que Puerto Rico ha ganado desde que se declaró en bancarrota hace casi una década podría desmoronarse si los recortes en fondos federales que se discuten en Washington se extienden al presupuesto del gobierno de la isla, advirtieron economistas y dos exsecretarios de Hacienda, consultados por Negocios.

Aunque la administración del presidente Donald Trump ya comenzó a hacer recortes en distintas partidas federales, incluyendo a Puerto Rico, el economista Juan Lara señaló que todavía “el cuchillo no llega al hueso”.

Pero si el gobierno estadounidense materializa recortes más profundos, en su plan para corregir su propio desbalance fiscal, el presupuesto local -que descansa considerablemente en fondos federales- pudiera regresar a un cuadro deficitario.

“Si hay recortes verdaderamente grandes en los fondos que se asignan a través de las agencias, el efecto en el presupuesto de Puerto Rico sería muy fuerte. De hecho, creo que sería poner al gobierno de Puerto Rico en un estrés fiscal”, advirtió Lara.

“Creo que podría ser suficiente para llevar a Puerto Rico otra vez a una situación de déficit y de estrés fiscal. Esperemos que no sucedan (los recortes) hasta ese punto”, insistió.

“Me parece surreal, estar viendo que el gobierno federal está tratando de cuadrar su presupuesto para cerrar un déficit de unos $2 billones (trillions, en inglés) y pensar que eso no nos afectaría, para mí, pensar así no es prudente. En realidad, esa postura es una imprudencia”, prosiguió Parés Alicea.

En esencia, el gobierno de Puerto Rico, y con este, los principales programas de asistencia social, serían inviables sin asignaciones federales.

De los $33,300 millones aprobados en el presupuesto consolidado y certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el año fiscal en curso, unos $15,300 millones provienen de fondos federales; otros $13,100 millones salen del Fondo General, y unos $4,900 millones provendrán de Ingresos Especiales.

Es decir, en el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico, un 46% depende de transferencias federales.

Lara explicó que existen dos tipos de asignaciones federales que benefician a Puerto Rico, aquellas ordinarias que se destinan a distintas agencias, como el Departamento de Educación, y otras que han sido asignadas para mitigar los impactos de las emergencias ocurridas en los pasados años.

Además, cerca de 40% proviene del Fondo General, que se nutre del dinero que los patronos sacan del cheque de quienes trabajan, de los pagos que los contribuyentes remiten al Departamento de Hacienda cuando radican sus planillas -como sucederá el próximo martes; van de compras y pagan el impuesto al consumo o las farmacéuticas pagan regalías.

La diferencia, es decir, casi un 15%, proviene de Ingresos Especiales. Estos son, a manera de ejemplo, aquellos pagos que hacen los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), o los conductores al comprar el marbete para el auto o los ciudadanos que compran sellos para obtener un certificado de salud o presentar una escritura, entre otros.

A 83 días desde que inició la administración Trump, en Puerto Rico, se concretó la cancelación de unos $17 millones en fondos federales asignados a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Ese impacto, sin embargo, se produjo en el contexto del fin de la emergencia asociada con la pandemia de Covid-19.

Por la misma razón, el Departamento de Salud vio la cancelación de más de $45 millones y el Departamento de Educación trata de evitar la pérdida de los fondos que no ha gastado por igual concepto. Para lidiar con la crisis sanitaria, la agencia recibió más de $5,000 millones.

De igual forma, el gobierno de Donald Trump informó la potencial cancelación de millones de dólares en contratos de arrendamiento en Puerto Rico donde ubican diversas agencias federales.

“Va a haber recortes, ya los ha habido. Va a haber efecto en el presupuesto y en la economía. La pregunta es si esos efectos van a ser tan fuertes para que realmente pongan en entredicho la estabilidad fiscal y el crecimiento de la economía”, subrayó Lara.

Este mes, el Senado de Estados Unidos aprobó la resolución que propone unos $1.5 billones (trillions, en inglés) en recortes federales durante la próxima década. La medida aguarda ahora el visto bueno del Congreso, lo que daría paso al plan de austeridad que el presidente Trump ha puesto en marcha, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), y haría permanentes las rebajas tributarias aprobadas en el 2017.

Si se materializara un déficit presupuestario en Puerto Rico, este sería el primero desde que en 2016, el expresidente estadounidense Barack Obama aprobó la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Ley Promesa, en inglés) para habilitar un proceso de reestructuración de la deuda pública y otras obligaciones del gobierno puertorriqueño.

Esto, partiendo de la premisa que desde la llegada de la JSF, el gobierno no ha excedido sus gastos en relación a los ingresos recibidos.

Los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico demuestran que antes de la aprobación de Promesa, por 16 años fiscales consecutivos (2000-2015), el gobierno operó cubriendo sus gastos con fondos no recurrentes y deuda.

Aparte de que un déficit presupuestario implicaría que el gobierno no puede cumplir con sus gastos en un año determinado, tales desbalances pesan en la solvencia del estado.

En el caso de Puerto Rico, con todo y la reestructuración de parte de su deuda pública, todavía hasta el año fiscal 2022, el gobierno no tenía suficientes recursos para cumplir con todas sus obligaciones, según los informes consolidados.

“Ahora, no hay alternativa, no hay posibilidad de correr déficit. Antes se corría el presupuesto con deuda, se emitían Trans (Bonos de Anticipación al Recibo de Impuestos). Ahora, eso no está y no hay acceso al mercado”, dijo Zaragoza, haciendo referencia al hecho de que luego de la aprobación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, por ley, Puerto Rico no puede tomar prestado para cubrir gastos operacionales.

Para Daniel Santamaría Ots, economista y analista de Política Pública de Espacios Abiertos (EA), si los recortes se implementan y el gobierno no está preparado para absorberlos, pudiera adelantarse el escenario de déficit.

“Sería buenísimo entender para cuándo, la actual administración de la (JSF) prevé un déficit presupuestario en Puerto Rico y si se adelanta ante la caída de fondos federales, cuál sería esa fecha”, dijo Santamaría Ots.

En los planes fiscales más recientes certificados por la JSF, se anticipaba que una vez se redujera en la economía local, el impacto de los fondos federales para la reconstrucción, el gobierno de Puerto Rico corría el riesgo de operar en números rojos temprano en la próxima década.

Negocios solicitó entrevistarse con la JSF acerca de los retos que encararía Puerto Rico de cara a un plan de austeridad federal, pero no fue posible.

No obstante, antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, en el año fiscal 2023, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, advirtió el riesgo de que el gobierno no pudiera mantener sus presupuestos balanceados a largo plazo.

Desde que la JSF tomó el control de las finanzas públicas de Puerto Rico en el 2016, el organismo identificó como potencial riesgo, el uso de fondos federales no recurrentes para pagar gastos corrientes, como aumentos salariales a la clase magisterial, por ejemplo.

El pasado 5 de abril, Mujica dijo a este diario que “Puerto Rico no tiene la capacidad fiscal para reemplazar” potenciales recortes en fondos federales.

“Cualquier efecto en fondos federales que se vaya a producir, va a hacer muy difícil de absorber con el presupuesto del Fondo General”, coincidió el economista de EA.

En declaraciones escritas, Mujica aseguró que el organismo que dirige y la administración de Jenniffer González Colón analizan “el impacto en Puerto Rico de los cambios en las políticas y el financiamiento del gobierno federal”.

El economista Antonio Fernós Sagebién sumó al análisis los fondos federales otorgados a Puerto Rico para diferentes propósitos y que estarían próximos a agotarse.

“Hay que reexaminar cuál es la fecha de caducidad de muchos de los programas que tienen dinero, porque si no se usan, hay que devolverlos y eso no tiene nada que ver con la política nueva, es que vencían y no los usaron”, dijo Fernós Sagebién.

Pero según Parés Alicea y Zaragoza Gómez, urge hacer mucho más: desde un examen de conciencia colectivo acerca del gasto público hasta viabilizar planes de contingencia ante múltiples eventos que ejerzan presión al fisco.

Hora de mirar el gasto público

“Sigo viendo un movimiento de recaudos significativo”, dijo Parés Alicea, cuando Negocios preguntó acerca de las cifras récord que ha mostrado el fisco en los pasados años.

Pero acto seguido, recordó que solo bajo su incumbencia, el gasto público con cargo al Fondo General casi se duplicó.

“Mientras fui secretario, el gasto fue de $9,000 millones a cerca de $13,000 millones. En parte, fue porque se añadió el servicio a la deuda y el pago de los pensionados, pero el resto, lo que dice es que tienes un gobierno insaciable y corresponde a los puertorriqueños crear conciencia para que, cuando se evalúe la gestión de sus políticos, se considere la utilización adecuada de los recursos”, dijo Parés Alicea.

“El agravante es que el gasto va dirigido a mantener el status quo, en mantener la estructura del gobierno tal y como está y no en trasformarla. Se cubren los defectos del pasado, pero no para prepararnos para el futuro”, agregó Parés Alicea.

A manera de ejemplo, el contador público autorizado indicó que en el presupuesto con cargo al Fondo General, se han separado unos $240 millones, o apenas el 2%, para obras capitales, cuando la mejor práctica es que entre el 5% y 8% del presupuesto se dedique a inversiones de largo plazo.

“Lo que estamos viendo es que los impuestos que llegan al Fondo General no se están utilizando para tener un mejor gobierno. Punto”, dijo Parés Alicea.

Parés Alicea dijo que del lado los recaudos, el gobierno tomó medidas para fortalecer su capacidad de allegar ingresos, aunque admitió que la bonanza que exhibe la caja del Departamento de Hacienda -con cerca de $10,000 millones- también es fruto del impacto de los fondos federales en la economía local.

Ahora, agregó, ha llegado el momento de implementar las reformas estructurales que quedaron en segundo plano.

“El gobierno no ha sido un buen padre de familia”, comentó Zaragoza.

Según Zaragoza Gómez, en cualquier hogar, sus integrantes saben que hay gastos que pueden reducirse. A manera de ejemplo, mencionó la televisión por cable o los gastos asociados a la comunicación celular, pero también es sabido que otras partidas, como la comida, “no se tocan”.

En ese sentido, Zaragoza sostuvo que el gobierno tiene poco espacio para hacer grandes cortes en el gasto público, sobre todo, si ese curso de acción trastoca programas de asistencia social o servicios directos a la población.

Lo que se necesita, agregó Zaragoza, es tomar medidas para corregir lo que considera ha sido un error de gestión de años.

“Cualquier operación, toda operación, un negocio, una organización sin fines de lucro que depende 50%, de manera recurrente, de fuentes exógenas que no controla, es una operación muy frágil, por definición” dijo Zaragoza al señalar que ese es el caso del gobierno puertorriqueño.

“Pero decir que hay que reducir el gasto a la mitad, eso no es posible”, prosiguió.

Explicó que, sin duda, Puerto Rico debe hacer esfuerzos para acrecer su economía, pero ello no permitirá reemplazar, de golpe y porrazo, el peso de los fondos federales en la gestión pública.

De aquí que, según Zaragoza Gómez, en lugar de desaprovechar los años de ingresos récord al fisco, Puerto Rico debe crear planes de contingencia, como separar una parte de los ingresos que el estado reciba por encima de lo proyectado, para crear reservas que se utilizarán en diversos momentos como podría ser una ronda de recortes federales, por ejemplo.

Zaragoza recordó que mientras estuvo en el Senado, legisló junto al también exsenador William Villafañe, fortalecer el Fondo de Emergencia.

“Esto no tiene que ver con que haya, o no haya recortes de Trump, es una medida que hay que tomar”, subrayó.

Además, Zaragoza, indicó que conviene mirar aquellas partidas de gasto que podrían dejarse sin efecto “en lo que pasa el temporal”.

“Ese es el análisis que hay que hacer, aún sin Trump”, insistió.

Uno de los mandatos de la JSF bajo Promesa es crear el marco institucional necesario para que el gobierno puertorriqueño opere con presupuestos balanceados como preludio al regreso a los mercados de capital a tasas razonables.

La encomienda es de tal envergadura que la JSF no podrá concluir sus labores hasta que se comprueben cuatro años de gestión balanceada, es decir que los gastos no superen los ingresos, incluyendo en la ecuación el pago de la deuda pública y otras obligaciones como las pensiones.

Aunque la JSF no lo ha admitido formalmente, a falta de estados financieros auditados que lo comprueben, Puerto Rico se habría mantenido en presupuesto en los años fiscales 2023 y 2024. Ahora, si se reporta un desbalance presupuestario, la JSF prolongará su permanencia, explicaron los economistas.

“Si Puerto Rico volviera a pasar una situación en la que no pueda mantener un presupuesto balanceado, habría que volver a empezar (el conteo) para rebalancear el presupuesto”, explicó Lara.

De acuerdo con el Plan Fiscal Certificado del año fiscal 2024, las obligaciones de deuda pública luego de la reestructuración financiera a través del Título III de Promesa han disminuido en un 57%, a aproximadamente $31,000 millones.

Según Lara, en caso de que se produzcan recortes importantes en el presupuesto, la Asamblea Legislativa deberá repensar y descartar aquellas medidas que impliquen pérdidas en los recaudos, como serían propuestas de índole contributivo, según Lara.

Mientras, Santamaría Ots insistió en la necesidad de que la JSF contemple qué medidas se pueden realizar a nivel local de manera preventiva.

“Esos recortes (federales) que se esperan en la próxima década tienen que estar reflejados en el próximo plan fiscal. No podemos esperar a que venga el recorte para relajarlo, hay que decir: ‘con tal probabilidad viene este recorte, vamos a prepararnos por si viene’, porque sino, cuando venga va a ser demasiado tarde”, reiteró Santamaría Ots.