Justo cuando se acercaba el fin de la moratoria en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobó este jueves, una extensión de 30 días al proceso de mediación con el que se pretende reestructurar las finanzas de la corporación pública.

Swain extendió el plazo de las negociaciones, minutos después de que el Equipo de Mediación de la AEE informara al tribunal que continúa en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con las jefes principales de los bonistas, aseguradores municipales y otros acreedores autorizados en el proceso de mediación.

Entendiendo que hay “justa causa”, Swain aplazó la moratoria en el proceso de Título III de la AEE hasta el próximo 30 de octubre, inclusive.

Desde el 8 de abril de 2022, cuando Swain pidió a su entonces homóloga Shelley C. Chapman, y otros dos jueces actuar como mediadores en el proceso de quiebra de la AEE, la jueza a cargo de los casos de Título III de Puerto Rico ha extendido los trabajos de los negociadores en 14 ocasiones.

Pero desde julio pasado, el proceso de quiebra de la AEE tomó un nuevo giro, cuando un fallo del Primer Circuito de Apelaciones restituyó la acreencia de los bonistas de la corporación pública. Ante la negativa de las partes a ceder, Swain ordenó un proceso de mediación compulsoria, exigiendo la participación de los líderes de los fondos de inversión y aseguradores municipales –entre ellos, GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y Syncora Guarante- y de sus contrapartes en la JSF.

En paralelo, Swain ordenó la paralización de los procesos judiciales contenciosos entre las partes que debía expirar este domingo, 8 de septiembre.

“Según ha instruido el tribunal, el Equipo de Mediación ha llevado a cabo múltiples sesiones en persona desde la emisión de la orden de paralización (de procedimientos judiciales) y ha participado en sesiones adicionales de discusión entre y con la JSF y ciertas partes mediadoras y partes adicionales que radicaron objeciones a la confirmación del plan”, informó Chapman a Swain.

Swain concedió otros 30 días a las partes al tiempo en que los bonistas opositores de la AEE han reafirmado su estrategia de colaboración.

La JSF, por su parte, parece apegada a la estructura de pagos que incluyó en Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

El pasado 19 de agosto, los bonistas objetores informaron a Swain que el acuerdo que, entre otras cosas permite compartir información y honorarios entre ellos, continuará vigente y en ese acuerdo de colaboración, se ha unido National Public Finance Guarantee Corporation.

El grupo, que afirma poseer el 61% de los bonos vigentes de la AEE renovó su compromiso el pasado 16 de agosto y está integrado por GoldenTree, Syncora Guarantee, Inc., Assured Guaranty Inc., National Public Finance Guarantee Corporation (“National”), y el grupo organizado de bonistas de la AEE o PREPA Ad Hoc Group.

El grupo extendió su acuerdo de colaboración hasta el 31 de marzo de 2025.

El año pasado, National había aceptado modificar su acreencia con la JSF y por ello, endosaba la oferta de pagos que había en la mesa. National se unió al grupo de objetores el pasado 12 de julio, según la moción informativa del grupo.

Cuatro días antes, es decir, el pasado 15 de agosto, la JSF informó a la jueza que enmendaba el contrato de compra de bonos para extender su vigencia hasta el próximo 1 de octubre. El PDA-AEE contempla que la corporación pública emita unos $1,632 millones en nuevos bonos que a su vez, serán adquiridos por un grupo de inversionistas integrado por Blackrock Financial Management, Nuveen Asset Management, Taconic Capital Advisors, Franklin Advisers y Whitebox Advisors.

Los bonos que, a fin de cuentas, se pagarían a través de la factura de los abonados de la AEE, se emitirían en dos series. Estos pagarían una tasa de interés de 6% y 7.125%, respectivamente. La primera serie vencería en el 2042 y la segunda en el 2060, según documentos judiciales. Barclays Capital, la firma que ha gerenciado todos los bonos de reestructuración de Puerto Rico, también tendría a su cargo la colocación.

Partiendo de la moción de la JSF, el organismo fiscal parte de la premisa de que el PDA-AEE se confirmaría en algún momento de este año y la deuda modificada de la corporación pública comenzaría a pagarse en julio de 2025.

Los ingresos de la compra de los bonos, se utilizarían para pagar a otros acreedores de la AEE, según el plan de pagos propuesto y cuyos nuevos términos dependerían de las negociaciones en curso.

Sin embargo, las negociaciones tienen como telón de fondo una advertencia por parte de la jueza Swain.

El pasado 10 de julio, la jueza que ha presidido la quiebra de la AEE por siete años, advirtió que podría desestimar el caso a falta de un entendido entre las partes o en ausencia de un plan de pagos que no pueda confirmarse a la luz del derecho vigente.

Al aplazar la moratoria en los procesos de Título III de la AEE, la jueza también reprogramó la audiencia en la que se analizaría si conviene levantar la suspensión automática de litigios, provista en la ley federal Promesa, para nombrar un síndico en la corporación pública.

Ese asunto, que se encuentra en una moción de bonistas objetores, se atendería dos días después de las elecciones generales en Puerto Rico y Estados Unidos, es decir, el próximo 7 de noviembre.