La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concedió unos tres días a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al Equipo de Mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a los acreedores que participan del proceso de quiebra para que se reúnan y establezcan el calendario para resolver las controversias técnicas que permitirían, posteriormente, confirmar un Plan de Ajuste para la empresa estatal (PDA-AEE).

En una escueta orden, Swain pidió a la JSF y a las partes que intervienen en el proceso de Título III de la AEE establecer un cronograma que permita dilucidar cuáles son los ingresos netos de la corporación pública y si los bonistas de la AEE tienen derecho a una reclamación administrativa porque después de la petición de quiebra, se utilizaron fondos que debieron destinarse al pago de la deuda pública. Ello, a la luz de la escritura de fideicomiso de la deuda de la AEE o la sección 928(b) del Código de Quiebras, incorporado en la ley federal Promesa.

Swain emitió la orden este lunes, luego de que la JSF informara que espera radicar una nueva versión del PDA-AEE en o antes del próximo 17 de marzo.

Junto a la nueva versión del PDA-AEE, la JSF presentará una nueva declaración informativa, lo que resultaría en un nuevo proceso de votación para ciertos acreedores de la corporación pública.

Según reseñó antes El Nuevo Día, la JSF reiteró a la jueza Swain que honrará “en su totalidad” la acreencia de los bonistas objetores de la AEE, una vez el tribunal de Título III defina a cuánto asciende esa acreencia.

Aunque en verano del año pasado, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó que los bonistas de la AEE poseen un gravamen perfeccionado contra los ingresos de la empresa eléctrica, el foro apelativo estableció que la deuda por concepto de bonos es pagadera únicamente con los ingresos netos presentes y futuros de dicha operación.

Al hacer tal determinación, el foro apelativo dejó en manos de Swain establecer cuánto de los $8,500 millones que reclaman los bonistas objetores de la AEE sería reconocido como deuda.

En su orden, la jueza Swain también indicó que dado que los bonistas de la AEE son acreedores sin derecho a recobro (non recourse), también será necesario definir si los bonistas podrían cobrar de otra fuente de fondos o solo de los ingresos netos de la AEE en la eventualidad de que se decida que, en efecto, la AEE mal utilizó fondos que debieron ir al pago de la deuda pública.

“La (JSF) explicará brevemente por qué cree que tales reclamaciones no tienen mérito por razones legales que pueden determinarse antes de cualquier necesidad de descubrimiento (de prueba) o vistas evidenciarias”, indicó el organismo.

De acuerdo con la orden de Swain, el Equipo de Mediación tendría hasta el próximo 14 de marzo para dar forma al calendario de litigio o sugerir alternativas en caso de que la JSF y los bonistas discrepen en torno a cómo atender las controversias de derecho en la mesa.

Swain indicó que espera discutir el asunto en la audiencia general de los Casos de Título III de Puerto Rico el próximo 19 de marzo.