La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain pidió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a los bonistas y otros acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) autorizados a mediar en el caso a regresar a la mesa de negociación, tanto para fijar un plan de trabajo que permita resolver judicialmente al menos una de las cuestiones legales en controversia como para conseguir un acuerdo financiero que sea satisfactorio para las partes.

Empero, la resonancia de su exhortación está por verse, pues la JSF adelantó que el proceso de quiebra de la corporación pública y el grado de complejidad para conseguir una solución dependerá de la determinación del Primer Circuito de Apelaciones.

Mientras, los bonistas objetores de la AEE insistieron en que tras la victoria judicial obtenida por estos en el foro apelativo federal, el camino para modificar la deuda de la empresa estatal es un acuerdo monetario entre las partes y en el cual, el gobierno central podría aportar.

En tanto, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) recomendó al tribunal que antes de continuar adelante con el caso de quiebra de la AEE, dar una oportunidad a la administración de la gobernadora entrante, Jenniffer González, para que aquilate la situación y se consideren los pasos que el nuevo gobierno pondera dar en torno a la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

“Tengo que vivir en esperanza por el pueblo de Puerto Rico y por la resolución eficiente y razonable de estos procedimientos”, dijo la jueza a cargo del proceso de quiebra del territorio estadounidense.

Swain agregó que “el mejor regalo de Navidad” para Puerto Rico, donde se celebran las navidades más largas del mundo, sería recibir alguna muestra de “progreso” que pueda poner fin a la saga financiera y operacional que experimenta la AEE.

La jueza hizo la exhortación minutos después de advertir a las partes que, ante el tranque en las negociaciones y en vista de que se aguarda por una decisión del Primer Circuito de Apelaciones, ni siquiera atendería una moción ante su consideración que busca modificar la suspensión automática de litigios que protege a la AEE.

Haciendo pausas, como quien mide cada palabra antes de expresarse, Swain instó a las partes a adoptar una nueva mentalidad en el proceso de mediación y en torno al rol que ejerce cada cual.

“Esto es algo que no puede hacer ninguno de nosotros por sí solo”, dijo Swain.

La jueza sostuvo que para llegar a algún entendido, de manera consensuada, será necesario “comprometerse con imaginación” y tal vez, cambiar la manera en que la JSF y los bonistas han abordado el proceso de reestructuración más largo y de mayor cuantía de una corporación pública en Estados Unidos, incluyendo -en ese cambio de mentalidad- los objetivos que se han fijado las partes.

“Continuar diciendo ‘yo soy quien tiene una postura razonable y tú no’ no ha funcionado todavía y yo no apostaría a eso como el método a seguir en el futuro”, dijo Swain.

“Sigo esperando noticias significativas, sustanciales y procesales”, insistió la jueza al señalar que lo menos que esperaba de parte de la JSF y los acreedores en mediación era algún tipo de concertación en torno al camino legal a seguir. También se mostró esperanzada en que el Primer Circuito de Apelaciones se exprese prontamente en torno al recurso de revisión que ha presentado la JSF. Ello, en lugar de la larga espera que también ha contribuido a la prolongación del proceso de quiebra de la AEE.

En junio pasado, el foro intermedio judicial federal determinó que los bonistas de la AEE poseen una reclamación en el orden de $8,500 millones que solo podría cobrarse de los ingresos netos de la AEE. Esa decisión se produjo unos tres meses después de que concluyeran las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE) y casi siete meses después de que el caso para determinar los derechos de los bonistas de la corporación pública llegara a Boston.

Luego de ese fallo, en noviembre pasado -o casi cinco meses después de la opinión emitida en junio de este año, el Primer Circuito revisó su determinación, lo que ha abierto la puerta para un nuevo pedido de reconsideración por parte de la JSF.

Al presente, Swain mantiene vigente una moratoria judicial en el caso de la AEE, con la expectativa de que se consiga un acuerdo. Dicha pausa en el expediente de litigios de quiebra vence el próximo 31 de enero.

Este miércoles, reconociendo que no ha habido “un progreso material” a pesar de la instrucción que dio el verano pasado, la jueza prefirió no escuchar a la mediadora y exhomóloga, la jueza retirada Shelley C. Chapman, quien junto al juez de quiebras Brendan L. Shannon, ha procurado conseguir un entendido.

Más bien, Swain pidió a las partes que reanuden las conversaciones con el Equipo de Mediación prontamente y pidió un informe de estatus en torno a cómo resolver las controversias de tipo legal que persisten entre las partes.

Sugirió, como solicita la JSF, empezar por definir el rol de US National Bank, fiduciario de la deuda de la AEE y la reclamación de este en el proceso de quiebra, un asunto que las partes han identificado como “la moción de subordinación” y que tendría que resolverse mediante un proceso adversativo paralelo. Swain, sin embargo, dejó claro que está dispuesta a resolver cualquier asunto de derecho siempre que las partes estén de acuerdo.

Las expresiones de Swain se dieron luego de que el abogado principal de la JSF, Martin Bienenstock, indicara al tribunal de Título III que si no se ha producido un acuerdo en el caso de quiebra de la AEE es porque las partes en la mesa mantienen posturas “comprensibles”, así como visiones legales y monetarias a “millas de distancia” y no por falta de buena intención o dedicación al tema.

“Los acreedores están buscando maximizar valor para sus inversionistas y eso es comprensible. La (JSF) está preocupada por Puerto Rico, su gente, los acreedores y el mandato que tiene en ley”, dijo Bienenstock, quien tomó excepción del análisis provisto por el Equipo de Mediación en torno al curso de las negociaciones en la quiebra de la AEE.

El socio principal de Proskauer Rose sostuvo que, en los pasados siete años, ha habido procesos de reestructuración en los cuales la JSF “ofreció demasiado” a los acreedores, pero tales ofertas “nunca han sido suficientes” porque descansan en los recursos que han estado disponibles.

En ese sentido, Bienenstock defendió que la JSF solicitara a Boston revisar su decisión luego de adoptar “una nueva teoría” en torno a cómo pagar a los bonistas.

Según Bienenstock, si el Primer Circuito decide a favor de la JSF, el organismo enmendará el PDA-AEE -ahora, en su cuarta versión- y se procedería con una nueva audiencia de confirmación. En dicho plan, la reclamación por parte de los bonistas sería “bien pequeña”.

Pero si Boston falla a favor de los bonistas, ello abriría una caja de pandora, pues habría que atender ahora, o en el proceso de confirmación, asuntos que ni siquiera se habían discutido antes.

Por ejemplo, Bienenstock sostuvo que el tribunal tendría que definir cuáles son los gastos corrientes de la AEE para entonces determinar los ingresos netos que serían, a su vez, la fuente de repago y de valoración para una reclamación asegurada como serían los bonos modificados de la empresa estatal.

“Creemos que una reclamación asegurada descansa en los ingresos netos que el sistema (la AEE) tiene hoy, no mañana ni en la eternidad aunque los acreedores objetores piensan lo opuesto”, dijo Bienenstock.

El otro asunto que también reclaman los bonistas y que tendría que resolverse, a juicio de Bienenstock, es que junto al pago de su reclamación por concepto de bonos, ellos tienen derecho a una reclamación administrativa, o de tipo contable, por el dinero que desde el inicio del proceso de quiebra hace unos siete años debió remitirse a los bonistas y se presume que la AEE utilizó para otro propósito.

Bienenstock asegura que los bonistas no tienen prioridad alguna en dicha reclamación, es decir, que no tiene que verse o pagarse antes en el proceso de modificación de deudas de la AEE, lo que también objetan los bonistas.

Swain dedicó la primera parte de la audiencia general de los Casos de Título III de Puerto Rico a escuchar los planteamientos de la JSF, pero también de GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee luego de que el pasado lunes, el Equipo de Mediación comunicara su frustración ante la negativa de las partes a forjar un acuerdo monetario que permita confirmar un PDA-AEE.

“Creemos que no hay espacio para más pugilismo en este caso. Va a continuar indefinidamente, quien pierda va a apelar y a partir de ahora, en unos años vamos a continuar aquí con un caso sin resolver. Pensamos que el camino para una resolución es un acuerdo”, dijo Thomas Lauria, asesor legal de la firma de inversiones GoldenTree Asset Management.

Según el socio de White & Case, luego de que el Primer Circuito decidió a favor de sus clientes, se crearon las condiciones para poner fin a “la saga” que ha supuesto el proceso de quiebra de la AEE, pero no ha sido el caso.

De acuerdo con Lauria, el grupo de acreedores que encabeza GoldenTree hizo una oferta económica que permitiría pagar las pensiones, supondría una tarifa razonable para los abonados de la AEE y daría a la corporación pública el aire financiero que necesita, unos $2,500 millones, para acometer obras capitales que fortalezcan el suministro de energía.

“Esa es la oferta y todavía sigue en la mesa”, indicó Lauria al agregar que en el cúmulo de soluciones debe analizarse si el gobierno central aportaría monetariamente para conseguir una transacción.