Luego de que los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reiteraran su deseo de que se levante la suspensión automática de litigios y pueda evaluarse el nombramiento de un síndico, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que informé por qué razón no ha confirmado un nuevo plan fiscal para la corporación pública.

El pedido de un informe de situación acerca del plan fiscal de la AEE, se produjo el pasado viernes, luego de que el organismo que controla las finanzas públicas del territorio estadounidense indicara que no tiene reparos en que se dirima si conviene poner fin al llamado “stay” que ha protegido a la AEE por cerca de ocho años para determinar si la designación de un síndico en la empresa estatal sería más favorable a los intereses de los bonistas que el proceso de Título III.

De igual forma, la jueza interesa conocer cuándo podría tener en su despacho un nuevo Plan de Ajuste (PDA-AEE) para la empresa estatal mientras ahora, los abonados terminarán pagando los servicios de otros dos asesores financieros: PJT Partners y Houlihan Lokey.

PJT Partners asesora al Equipo de Mediación de la AEE, mientras el banco de inversiones Houlihan Lokey ahora entraría como segundo asesor financiero en el caso de quiebra de la corporación pública.

Houlihan Lokey fue la firma de asesoría en reestructuración financiera que hacia el 2015, antes de la entrada en vigor de Promesa, pactó el primer acuerdo para modificar la deuda pública de la AEE mientras Alix Partners y Lisa Donahue tenían a su cargo la operación de la corporación pública.

El banco de inversiones, en especial, uno de sus ejecutivos principales, Stephen Spencer, representó un primer grupo de bonistas organizados de la AEE (Ad Hoc-AEE). Ese entendido fue, posteriormente, enmendado bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y a la larga, desbancado por la JSF. Entonces, la JSF argumentó que el acuerdo transfería a los abonados el riesgo de aumentos continuos en la tarifa eléctrica si la AEE no ingresaba dinero suficiente para pagar la deuda pública.

El Nuevo Día supo que la JSF certificaría el plan fiscal 2024 de la AEE antes de que termine el mes en curso.

“Se instruye a la (JSF) a radicar un informe de situación en o antes del 28 de febrero de 2025 que atienda lo siguiente: (i) el estatus del plan fiscal de la AEE para el año 2024, incluye en la eventualidad de que el plan fiscal de la AEE no haya sido certificado todavía, la fecha anticipada en la que se certificaría el plan fiscal de la AEE 2024 y qué obstáculos específicos, si alguno, están retrasando la certificación del plan”, reza la orden de Swain.

Swain indaga qué ha pasado con el proceso de certificación del plan fiscal de la AEE a poco más de un mes de que la JSF se comprometiera a completar dicho trámite. En diciembre pasado, la JSF aseguró que confirmaría un nuevo plan fiscal para la AEE antes de que terminara el año o una vez el Primer Circuito de Apelaciones decidiera, en definitiva, si los bonistas poseían una acreencia perfeccionada contra la AEE. El Primer Circuito concluyó que los bonistas de la AEE tienen una acreencia, cuya fuente de repago son los ingresos netos presentes y futuros de la corporación pública.

Según la ley federal Promesa, la JSF es la única entidad autorizada en ley a representar al gobierno y sus dependencias en un proceso de reestructuración. La elaboración de un plan de ajuste o plan de pagos para modificar las deudas de una entidad cubierta por el estatuto, a su vez, debe tener como zapata un plan fiscal certificado.

El pedido de rendición de cuentas por parte de Swain también coincide con la extensión de los trabajos del Equipo de Mediación, de la mano del nuevo asesor financiero PTJ Partners, hasta abril próximo.

El mes pasado, Swain acogió un nuevo plan de trabajo sugerido por los jueces mediadores en el caso de Título III de la AEE, desarrollo que si bien los bonistas no objetan, advierten será un ejercicio fallido. Ello, a menos que la JSF reconozca que los acreedores de la deuda pública de la AEE no solo tienen derecho a cobrar su parte sino a ser indemnizados por todo el dinero que la empresa estatal ha utilizado y que debió reservarse mientras se ventila el proceso de quiebra.

Entre otras cosas, la escritura de los bonos de la AEE establece que cada año, la empresa estatal debe pagar la amortización convenida y a su vez, separar una cuantía equivalente a 1.2 veces el servicio a la deuda.

Sin embargo, la AEE no habría cumplido con tales cláusulas, lo que desde la perspectiva de los bonistas constituye un menoscabo y una apropiación de sus intereses no solo bajo el Código de Quiebras sino bajo la cláusula de confiscaciones en la constitución estadounidense. De aquí, la insistencia en el nombramiento de un síndico al interior de la empresa estatal.

“Desde el comienzo de este caso, la AEE ha utilizado y continúa utilizando fondos que constituyen el colateral de los bonistas”, indicaron GoldenTree Asset Management y otros objetores de la AEE al señalar que las acciones de la empresa estatal y la JSF son contrarias al requisito de protección adecuada a sus derechos como acreedores.

Si bien los bonistas aseguran que mantienen su oferta en la mesa, el grupo ve el proceso de mediación con pesimismo mientras la JSF no reconozca el menoscabo que estos han sufrido.

“La extensión de la suspensión automática de litigios tiene el efecto desafortunado de reducir la probabilidad de que se consiga una solución consensuada mientras también impide que los bonistas de la AEE puedan tomar las acciones apropiadas para proteger sus derechos que continúan siendo menoscabados”, argumentaron los bonistas.

“Moverse a un carril dual que incluya la mediación, por un lado, y proceder con un (PDA-AEE) enmendado, en el otro, podría tener propósitos loables”, indicó por su parte, la JSF al indicar que no objeta que se litiguen, de una vez y por todas, las controversias de derecho restantes.

La JSF indicó al tribunal que para reestructurar las obligaciones de la AEE no solo era necesario la decisión del Primer Circuito, que ya ha provisto “un camino claro” para resolver el tema, sino también otras decisiones por parte de Swain. Entre estas, determinar, finalmente, a cuánto asciende la reclamación de los bonistas y cuáles serían los gastos operacionales de la AEE para establecer con qué ingresos netos quedaría la empresa estatal para pagar a los bonistas.

“La JSF está comprometida con pagar la totalidad del valor de la reclamación de los bonistas objetores que sea reconocida (entendiéndose como el valor de los ingresos netos que sirven como colateral) a través de un (PDA-AEE) enmendado”, expresó el organismo.

Mientras, la JSF y los bonistas parecen coincidir en resolver las controversias legales en el tintero, es el gobierno, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), quien ha solicitado la continuación del llamado “stay” porque tal estatus actúa “en los mejores intereses” de las partes.

Por un lado, la Aafaf informó al tribunal su necesidad de familiarizarse con el proceso de Título III de la AEE e informó que contrataría a Houlihan Lokey para buscar otras alternativas al proceso de reestructuración que no acaba de consumarse.

Según la Aafaf, el objetivo del nuevo asesor financiero será interactuar como “partes clave en el proceso de mediación en un esfuerzo para construir consensos que permitan lograr un plan de ajuste en la AEE que sea confirmable y se alinee con la necesidad de Puerto Rico de contar con una empresa eléctrica que provea tarifas (eléctricas) sostenibles y asequibles”.