La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain extendió indefinidamente la moratoria judicial que pesa sobre el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero suspendió su vigencia para requerir a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que presente un nuevo Plan de Ajuste para la corporación pública (PDA-AEE).

Y ese nuevo plan para modificar sobre $12,000 millones en obligaciones de la AEE, así como la Declaración Informativa debe estar en el despacho de Swain en o antes del próximo 28 de marzo.

La directriz a la JSF se formalizó en la tarde de ayer, jueves, cuando la jueza a cargo de los Casos de Título III de Puerto Rico emitió una orden que también abrió la puerta para que los bonistas objetores de la AEE formalicen una reclamación administrativa contra la empresa eléctrica por, alegadamente, haber mal utilizado fondos que debieron servir para pagar la deuda pública.

Swain emitió su orden un día después de haber escuchado los argumentos de la JSF, los bonistas objetores de la AEE y otras partes interventoras en diversos asuntos durante la audiencia general de los casos de Título III de marzo de 2025.

Por un lado, la orden de Swain suspende indefinidamente cualquier acción judicial dentro del caso de quiebra de la AEE, pero su dictamen también sentó las bases para que se resuelvan, por la vía judicial y de manera limitada, varias de las controversias de derecho que han impedido un acuerdo en el proceso de quiebra de la AEE hasta la fecha.

Los bonistas objetores tendrían hasta el próximo 7 de abril para presentar su reclamación administrativa. El período de réplica se extendería durante ese mes y hasta mediados de mayo próximo. En ese momento, Swain espera que las partes se reúnan y tracen un plan de acción para dirimir la controversia.

El año pasado, una vez el Primer Circuito de Apelaciones reconoció que los bonistas objetores de la AEE poseían un gravamen contra los ingresos netos de la empresa eléctrica, el foro federal también concluyó que los bonistas podían incoar una acción contra la AEE por supuesamente haber utilizado para fines el dinero que debió destinarse al pago de la deuda pública.

Durante la audiencia, Swain abrió la puerta para establecer algún remedio en favor de los bonistas objetores y que estaría dirigido a preservar el colateral de la deuda pública de la AEE, en el contexto de tal reclamación.

El abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, no precisó claramente si la JSF estaría dispuesta a llegar a un acuerdo provisional que permita “proteger” el colateral que reclaman los bonistas.

Sin embargo, la abogada Margaret Dale, también socia del bufete Proskauer Rose, fue preparada para ofrecer a Swain una lista de las partidas que se analizarían en un potencial litigio. Ello, para definir los gastos corrientes de la AEE y a su vez, determinar qué dinero se consideraría ingreso neto que estaría disponible para los bonistas. En esa lista de gastos, Dale mencionó desde la compra de combustible hasta las operaciones diarias de la empresa eléctrica.

Mientras Swain abría la puerta al litigio que, por años, han reclamado los bonistas objetores, también insistía en conseguir una solución consensuada a la quiebra de la AEE. Esto, a través del proceso de mediación que la jueza ordenó hace casi tres años para sacar a la corporación pública del proceso de quiebra.

A esos efectos y pese a las objeciones del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), Swain aprobó la contratación de la firma PJT Partners LP como nuevos asesores financieros del Equipo de Mediación de la AEE.

La contratación de PJT Partners supone que se ha agregado a la lista de contratistas de los Casos de Título III un nuevo jugador, así como un pago mensual de $1 millón, según documentos en el expediente judicial de la AEE.

Swain aprobó la contratación de PJT Partners en corte abierta, pidiendo ciertas enmiendas al entendido que pagarán los contribuyentes de Puerto Rico.

“He aprobado un contrato costoso” dijo Swain, quien instó a la JSF y a las partes interventoras en el proceso de mediación a que utilicen efectivamente la pericia analítica e investigativa del nuevo consultor.

Acto seguido, Swain insistió en que el Equipo de Mediación tiene su respaldo y aseveró que tanto la exjueza federal Shelley C. Chapman, quien preside el dúo de mediadores y el juez Brendan Shannon posee un récord exitoso en asuntos de bancarrota de alta complejidad y perfil.

Según Swain, “el mejor camino para la AEE no reside en un litigio que lo arrase todo o en la destrucción mutua, sino en un compromiso informado, razonable y económicamente sólido” que permita a las partes participar de los beneficios de una reestructuración exitosa.

No es la primera vez que PJT Partners trabaja con el proceso de quiebra del gobierno puertorriqueño. Antes, fue consultor en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Por tales servicios, la firma se agenció unos $115 millones, según un análisis de la organización de transparencia Espacios Abiertos.

Hace unas semanas, Swain también avaló duplicar, de $50,000 a $100,000 al mes, la compensación del bufete Wilkie Farr & Gallagher, donde trabaja líder del Equipo de Mediación.