Cuando este miércoles, Laura Taylor Swain se siente en el estrado de la sala 17C del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la jueza federal que ha presidido el proceso de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrá que decidir si empezar de cero o incluso, desestimar el proceso de Título III como reclaman ciertos bonistas o acoger la que sería la última propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo la presidencia de David Skeel para poner fin al proceso de bancarrota municipal más largo que se conozca a la fecha.

Luego de que el Primer Circuito de Apelaciones tirara por la borda el fallo de Swain, quien el año pasado, limitó los derechos de los bonistas y ajustó la reclamación de estos en 70%, la jueza de distrito federal buscará cómo retomar el proceso de quiebra de la AEE que comenzó hace siete años.

Y lo hará en una sesión de conferencia en la que, a juzgar por los escritos de las partes y pese a una nueva ronda de negociaciones encabezada por la mediadora Shelley C. Chapman, la JSF y los bonistas continúan en lados opuestos.

Si la jueza Swain acoge los planteamientos de los bonistas objetores, el proceso de quiebra de la AEE podría extenderse hasta entrado el año 2025.

Por un lado, la JSF ha solicitado al Primer Circuito reconsiderar que los bonistas de la AEE no poseen un gravamen perfeccionado contra los ingresos netos de la corporación pública.

En cambio, los bonistas objetores (entre ellos GoldenTree Asset Management y Assured Guaranty), quienes mantienen viva una moción para que se desestime el proceso de Título III, aseguran que quieren negociar con la JSF. Pero advierten que la brecha con la JSF es tan amplia que solo habría espacio para un nuevo plan de pagos que les compense según la decisión de Boston.

Y mientras los abogados de ambas partes continúan abultando en expediente de Título III de la AEE, en Puerto Rico, los abonados de la corporación pública experimentan un nuevo ajuste en sus facturas de electricidad y una nueva ronda de interrupciones en el servicio eléctrico.

La sesión de conferencia es la respuesta procesal que dio la jueza Swain luego de que el pasado 12 de junio, el Primer Circuito de Apelaciones concluyera que los bonistas de la AEE tienen derecho a reclamar unos $8,500 millones por concepto de bonos y para cobrar su acreencia, estos tienen derecho a los ingresos netos presentes y futuros que genere la corporación pública.

Los bonistas también tienen derecho, según el foro apelativo, a buscar los remedios que entienda necesarios para recuperar aquellos fondos que la AEE pudo haber utilizado para fines ajenos al pago de la deuda pública.

El fallo judicial en favor de los bonistas se produjo luego de tres acuerdos extrajudiciales entre el gobierno, la JSF y los bonistas organizados de la AEE -que quedaron en nada- y de que la JSF trabajara en cuatro planes de ajuste de la AEE (AEE-PDA). La cuarta versión enmendada del PDA-AEE, cuya garantía de repago es un cargo en la factura de electricidad por al menos 35 años- se ventiló en marzo pasado en un juicio de confirmación que duró casi dos semanas.

Ahora, la JSF ha planteado a Swain que atender el reclamo de los bonistas a la luz de la decisión de Boston no requiere otra cosa que reabrir el expediente del juicio del PDA-AEE, pero únicamente para determinar cuánto realmente la AEE adeuda a los bonistas.

Como resultado, la JSF entiende que analizar la acreencia definitiva de los bonistas de la AEE no requiere de “extravagancias” judiciales. Más bien, desde la perspectiva del ente fiscal, el asunto podría atenderse en unos tres meses y concluir dicho ejercicio para septiembre próximo.

En consecuencia, la JSF propondría pagar a los bonistas una cuantía superior no precisada identificada como “una consideración extra”, unos $168 millones y los ingresos de una nueva emisión de deuda si fuera necesaria. Y para ello, la JSF admite que podría haber más aumentos tarifarios en la factura eléctrica de ser necesario. En los documentos ante Swain no queda claro cuánto cambiaría el cargo legado, que es la zapata del PDA-AEE, a raíz de la nueva propuesta.

Pero ese curso de acción, según el informe de las partes, pondría en riesgo el acuerdo que la JSF pactó con la aseguradora municipal National Public Finance Guarantee.

“La (JSF) señaló la ausencia de ingresos netos actuales (en la AEE), pero propuso un plan que pedía aumentos de tarifas para aumentar los ingresos netos”, indicó el organismo a Swain al tiempo que subrayó que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones no cambió el cuadro de estrechez que encaran muchos abonados de la AEE.

“Nada en la decisión del Primer Circuito mejora la situación de la gente, y en consecuencia, en el agregado, los acreedores no están en mejor situación. La identificación de una reclamación asegurada solo requiere que se redistribuya el mismo pastel. Algunos acreedores se niegan a aceptar esa realidad”, indicó la JSF.

Empero, para los bonistas objetores de la AEE, el fallo a su favor hace necesario un descubrimiento de prueba amplio, proceso que incluso podría cambiar a la luz del reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en otro caso de quiebra (Harrington v. Purdue Pharma).

“Los bonistas de la AEE planteamos que las enmiendas que propone la JSF, según entendemos, confligen con la decisión del Primer Circuito y con la ley aplicable”, alegaron los acreedores objetores al PDA-AEE, quienes entienden que la corporación pública tiene recursos para pagar, pues hasta abril pasado, acumulaba unos $1,560 millones en sus cuentas bancarias.

Según los bonistas objetores, no solo habrá que definir el valor de su acreencia de $8,500 millones, también será necesario determinar otros asuntos. Entre ellos, cuánto dinero les toca de los sobre $3,000 millones en ingresos netos que la AEE ha registrado desde la petición de Título III hasta el año 2021; la moción que busca levantar la suspensión automática de litigios para nombrar un síndico en la corporación pública e incluso, si la ley federal Promesa sería inconstitucional por ser una ley de bancarrota no uniforme.

Según los objetores, tales cuestionamientos junto al hecho de que los cuatro acuerdos que la JSF pactó con ciertos grupos de acreedores como los llamados fuel lenders o el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) ya no son factibles, requieren que la JSF trabaje un nuevo plan de pagos y por ende, un nuevo proceso de divulgación y de votación entre los acreedores de la corporación pública.

Así las cosas, para los bonistas objetores de la AEE, a la luz de la decisión de Primer Circuito, es necesario extender el caso de Título III de la corporación pública hasta por lo menos el mes de junio de 2025.

En el lado opuesto, los bonistas recordaron a Swain que todavía tiene en su escritorio la moción que radicaron hace unos dos años para sacar a la AEE de las protecciones del Título III de la ley federal Promesa.

“El hecho de que, en siete años, la (JSF) no haya presentado un plan (de ajuste) que pueda ser confirmable es razón más que adecuada para desestimar este caso”, alegaron los bonistas objetores.