La posible entrada de la cadena de farmacias Walgreens al Plan de Salud del Gobierno, conocido como el Plan Vital, cuenta con el respaldo de algunas entidades sin fines de lucro, pero también con la oposición de varios grupos de proveedores de salud.

Uno de los que se opone abiertamente, además de la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFC), es el Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), afirmó su presidenta, Rosa Castro, por escrito.

“Esta medida representa una amenaza directa al ecosistema de salud comunitario de Puerto Rico, poniendo en riesgo la estabilidad de las farmacias locales, los empleos de cientos de farmacéuticos y empleados, y el acceso cercano y personalizado que las farmacias de la comunidad ofrecen a los pacientes más vulnerables”, expresó.

Según Castro, la entrada de Walgreens tendría consecuencias devastadoras para las farmacias de la comunidad, muchas de las cuales operan dentro de hospitales y otras instituciones de salud. “Estas farmacias no solo garantizan el acceso a medicamentos, sino que también generan empleo local y ofrecen un servicio adaptado a las necesidades específicas de sus pacientes”, indicó.

“Permitir que Walgreens ingrese al Plan Vital no solo debilitaría a las farmacias de la comunidad, sino que también centralizaría el poder en una cadena que, en el pasado, dio la espalda a los más vulnerables”, añadió.

El Nuevo Día solicitó a Walgreens una reacción sobre su posible entrada a la llamada Reforma de Salud, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

Castro señaló que, hace más de dos décadas, Walgreens optó por retirarse del sistema de salud público, dejando sin acceso a medicamentos a alrededor de 1.5 millones de beneficiarios y pacientes vulnerables en Puerto Rico.

“Ahora, en un intento por revertir sus bajas ventas, la cadena busca ingresar nuevamente al Plan Vital, utilizando el respaldo de varias organizaciones sin fines de lucro que reciben donaciones de la misma cadena. Esta estrategia levanta serias preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses y el uso de su influencia corporativa para obtener apoyo público”, alertó.

Hasta ahora, cinco entidades sin fines de lucro han apoyado la posible entrada de Walgreens: SER de Puerto Rico, la Fundación Hospital Pediátrico, la Sociedad Americana del Cáncer –capítulo de Puerto Rico–, la Asociación de Distrofia Muscular y Make-A-Wish Puerto Rico.

“El sistema de salud en Puerto Rico necesita soluciones que beneficien a la comunidad, no medidas que pongan en riesgo la subsistencia de las farmacias locales que han estado ahí para los pacientes cuando grandes cadenas como Walgreens decidieron retirarse”, insistieron los administradores de salud.

El CASS hizo un llamado al gobierno para que “priorice la equidad y la sostenibilidad del sistema de salud, fortaleciendo a los proveedores locales y rechazando propuestas que podrían tener un impacto negativo a largo plazo”.

Mientras la entidad pidió a las entidades sin fines de lucro que reflexionen sobre su respaldo a la entrada de Walgreens al Plan Vital, ya que, según Castro, aunque podría parecer beneficioso, podría desestabilizar el sistema de salud en la isla.

Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín III, instó al gobierno a que no entre en negociación para dañar lo que ha funcionado con las farmacias de comunidad, al agregar que tales establecimientos son parte de la estructura de salud pública.

“Permitir que Walgreens forme parte de la red del Plan Vital va en contra de los mejores intereses de los pequeños y medianos comerciantes (pymes)”, dijo, también por escrito.

Por su parte, la directora ejecutiva de la AFC, Linda Ayala, quien el pasado martes denunció la supuesta movida de Walgreens para entrar al Plan Vital, resumió el llamado de las organizaciones al gobierno.

“Si las farmacias de comunidad han venido haciendo el trabajo con excelencia, ¿cuál es el empeño de cambiar el modelo de salud en un componente tan importante en la cadena salubrista y de corrernos el riesgo de que, cuando estas cadenas determinen que el mercado no es un negocio productivo, cierren y se vayan, como han anunciado que ocurrirá en el 2025, cuando han anunciado cerrarán 1,500 farmacias en Estados Unidos y Puerto Rico? Le pedimos al gobierno que cumpla su palabra de apoyo a las farmacias de comunidad”, dijo Ayala.

En 2022, un estudio comisionado por la AFC reveló que el sector de farmacias de la comunidad contaba, en ese momento, con casi 850 pymes, 14,500 empleos directos y 5,000 empleos indirectos.