Empleados de varios hospitales afiliados al conglomerado Metro Pavía Health System están recibiendo cartas de cesantía como parte de un plan de “reorganización” del grupo hospitalario, supo El Nuevo Día.

Hasta el momento se desconoce el total de trabajadores afectados en la nueva ronda de cesantías, pero este diario conoció que el viernes pasado hubo despidos en los hospitales del grupo localizados en Cabo Rojo, San Germán y Ponce.

Las cesantías, que incluyen diversas áreas de los hospitales, incluyendo personal de enfermería, habrían continuado este martes, aseguraron fuentes de este medio.

“Como resultado de un plan de reorganización en el hospital, nos vemos obligados a ajustar la cantidad de empleados al volumen actual de los servicios a ser brindados”, rezan las misivas a las que este diario tuvo acceso.

En abril pasado, El Nuevo Día reportó que Metro Pavía había puesto en marcha un plan de reorganización interno que contemplaba el recorte de sobre 500 puestos de trabajo en, al menos, 10 de sus 13 hospitales localizados alrededor de la isla.

Hasta ese momento, se registraron despidos en los hospitales afiliados a Metro Pavía en Ponce, Yauco y San Germán, así como en Santurce y Río Piedras.

No obstante, la gerencia del conglomerado, encabezada por su presidenta, Karen Artau Feliciano, ha guardado silencio sobre los planes para enderezar las finanzas de la empresa a pesar de múltiples peticiones información.

A inicios de este año, la ejecutiva nombró al exsecretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, como principal oficial financiero (CFO, por sus siglas en inglés) del conglomerado. Parés Alicea, quien es contador público autorizado (CPA), tampoco se ha expresado públicamente sobre la supuesta reestructuración del negocio.

De acuerdo con los informes presentados al Centro de Servicios para Medicaid y Medicare (CMS, en inglés), Metro Pavía empleaba unos 4,640 empleados hasta 2021. Para tal periodo, el total de pagos por concepto de nómina ascendía a $140.8 millones.

Los informes sometidos ante CMS evidencian la fragilidad de las finanzas del grupo de hospitales, dos años antes de que adquiriera el antiguo hospital HIMA de Caguas por $21 millones.

En concreto, los hospitales Metro Pavía registraron un ingreso neto de $10.4 millones en 2021, pero el total de sus obligaciones corrientes y futuras, incluyendo obligaciones de largo plazo, ascendían a $165.2 millones.

En el agregado, las cuentas por cobrar de Metro Pavía para el mismo periodo ascendían a $93.9 millones, mientras contaba con unos $107.6 millones en efectivo y sus activos totalizaban $532.5 millones.

La empresa, además, registraba -hasta 2021- una deuda de $4.5 millones relacionada a retenciones hechas a la nómina de sus empleados.

La crisis financiera que atraviesa Metro Pavía no ha redundado, por el momento, en la reducción de servicios a la ciudadanía, de acuerdo con el Departamento de Salud.

“En la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARSP) no se ha recibido una petición de suspensión o reducción de servicios u operaciones de alguno de los hospitales Pavía”, confirmó la agencia en declaraciones escritas.

Sin embargo, la agencia no se expresó en cuanto a los despidos ni detalló cuáles son las ayudas, si algunas, que estarían disponibles para los profesionales de la salud que se quedaron sin empleo.

Frente a la falta de información sobre el futuro de los empleados afectados y la propia reorganización de Metro Pavía, la representante Mariana Nogales solicitó a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que celebre vistas públicas para abordar el tema.

“Estas cesantías levantan serios cuestionamientos sobre el efecto que tendrán sobre la calidad y accesibilidad a los servicios de salud, así como el golpe que representa para los profesionales de la enfermería que ya vienen enfrentando condiciones de trabajo y salarios precarios”, expresó la legisladora en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la representante Sol Higgins.

“Me preocupa que el bienestar de la ciudadanía esté en juego debido a los malos manejos de una empresa privada que, simultáneamente, tiene intereses en First Medical, una de la aseguradoras cuyas prácticas usureras han causado la debacle de nuestro sistema de salud”, agregó la legisladora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

First Medical Health Plan Inc., la compañía de seguro de la familia Artau, ha reportado ingresos netos en negativo durante los pasados tres años, que totalizan más de $28 millones en pérdidas.

La empresa dejó de emitir pagos a sus proveedores bajo el Plan Vital, por lo que la Administración de Seguros de Salud (ASES) emitió dos cartas de intención de multas en su contra, al tiempo que amenazó con cancelar su contrato si no desembolsaba el dinero adeudado en o antes del 1 de agosto.

Recientemente, ASES confirmó que First Medical emitió pagos ascendentes a $137 millones, para saldar la deuda que arrastraba por encima de los 30 días con los proveedores de la red de proveedores que sirve al plan gubernamental.