El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó un operativo en 80 estacionamientos públicos alrededor de la isla y emitieron 17 avisos de infracción por operar sin licencia válida y falta de rotulación visible con las tarifas.

El secretario interino de la agencia, Francisco González de la Matta insistió este jueves en que estas fallas ponen en riesgo la seguridad de los consumidores.

“Cuando un estacionamiento opera sin una licencia válida o carece de la rotulación adecuada, pone en riesgo la seguridad de los usuarios y también su derecho a recibir un servicio transparente y equitativo. Estos incumplimientos afectan la confianza del consumidor y pueden derivar en cobros indebidos o falta de claridad en las tarifas. Con nuestras intervenciones, estamos corrigiendo esas fallas y asegurando que los puertorriqueños paguen tarifas justas, al tiempo que disfrutan de espacios de estacionamiento que cumplan con todos los estándares de seguridad y conveniencia. Queremos que cada usuario tenga la certeza de que su vehículo y su bolsillo están protegidos cada vez que se estacionen”, expresó González de la Matta en comunicado de prensa.

El operativo responde, según se informó, a un aumento en las denuncias ciudadanas relacionadas con prácticas irregulares en los estacionamientos de todo Puerto Rico, particularmente en zonas urbanas de alto tráfico donde la demanda ha crecido significativamente. Estas inspecciones se llevaron a cabo bajo el Reglamento de Áreas de Estacionamiento Público, que regula tanto las tarifas máximas permitidas como las condiciones de seguridad que deben ofrecer los operadores.

El Reglamento de Áreas de Estacionamiento Público exige que los operadores cuenten con una licencia otorgada por el DACO, la cual puede ser anual o provisional. Además, deben mantener visible en todo momento la rotulación que especifique las tarifas, el nombre del operador y el horario de operación. Entre las infracciones más comunes encontradas durante el operativo están la falta de estas licencias y de la rotulación, situaciones que pueden derivar en multas de hasta $10,000 por violación.

Además, los estacionamientos deben cumplir con estándares estrictos de seguridad y conveniencia, como mantener iluminación adecuada, limpieza y espacios reservados para personas con impedimentos. La falta de cumplimiento en estas áreas también fue señalada por los inspectores del DACO.

Según el secretario, muchas áreas urbanas han experimentado un notable crecimiento comercial, lo que ha llevado a un aumento en el ofrecimiento de servicios de estacionamiento, algunos de ellos clandestinos.

“En este contexto, la fiscalización es fundamental para asegurar que no se abuse de los consumidores con tarifas excesivas o servicios deficientes”, comentó el funcionario.

El reglamento del DACO permite a los operadores solicitar revisiones anuales de sus tarifas, pero estas deben estar debidamente justificadas con informes financieros. Además, cualquier cambio en las tarifas requiere una aprobación previa por parte de la agencia para asegurar que se respeten los derechos de los consumidores.

González de la Matta adelantó que estos operativos continuarán en las próximas semanas como parte de una iniciativa más amplia para asegurar que todos los estacionamientos públicos cumplan con las normativas vigentes.

“Queremos asegurarnos de que todos los estacionamientos estén debidamente licenciados, cuenten con rotulación adecuada y ofrezcan un servicio de calidad que respete los derechos de los consumidores”, agregó.