La organización sin fines de lucro denunció una supuesta “presión externa” para que el gobierno apruebe la entrada de la cadena de farmacias estadounidense al sistema de salud público
La organización sin fines de lucro denunció una supuesta “presión externa” para que el gobierno apruebe la entrada de la cadena de farmacias estadounidense al sistema de salud público
26 de diciembre de 2024 - 1:00 PM
La posible entrada de la megacadena de farmacias Walgreens al Plan de Salud del Gobierno (PSG), levantó señalamientos adicionales y la oposición de la organización sin fines de lucro Empresarios por Puerto Rico (EPPR), cuyo presidente, Elliot Pacheco Beauchamp, asegura que amenaza a los contratos existentes y pone en riesgo la asignación de fondos federales dirigidos al llamado Plan Vital.
“No existe la documentación ni justificación requerida por contrato que establezca que la red de farmacias está mal atendida. Esta red ha sido diseñada bajo estrictos estándares locales y federales garantizando el acceso adecuado y continuo a los servicios de salud para los beneficiarios vulnerables del Plan Vital”, expresó Pacheco Beauchamp.
“Alterar esta estructura podría comprometer la renovación de los fondos federales que sostienen el sistema de salud y que están programados a expirar en 2027″, advirtió.
La Administración de Seguros de Salud (ASES) confirmó en declaraciones previas a El Nuevo Día que la cadena de farmacias solicitó prestar servicios a los pacientes del Plan Vital, desde el 2019, pero la agencia “no ha terminado esa evaluación”, según Roxanna Rosario Serrano, directora ejecutiva de ASES.
Hasta el momento, la red de farmacias que despachan medicamentos a pacientes bajo el PSG asciende a unas 943 farmacias independientes o de la comunidad.
EPPR señaló también que la entrada de Walgreens alteraría los términos contractuales entre ASES y el manejador de beneficios de farmacia (PBM), Abarca Health, lo que pone en riesgo la estabilidad de la red.
Asimismo, en la comunicación, firmada por Pacheco Beauchamp, manifiesta que el supuesto “historial fraudulento” de la cadena estadounidense “representa un riesgo significativo para la integridad del sistema de salud en Puerto Rico”.
Recordó que en septiembre pasado, Walgreens acordó pagar $106.8 millones por violaciones al False Claims Act (Ley de Reclamaciones Falsas) en el programa de Medicaid y Medicare.
Aunque el gobierno no ha oficializado el visto bueno a Walgreens para que reciba y despache las recetas del Plan Vital, el gobernador saliente Pedro Pierluisi detalló que la cadena entraría a toda la isla y serviría en las áreas donde “pueda complementar”.
En la comunicación, la asociación denunció, además, una alegada “presión externa” hacia el gobierno de Pierluisi para que se apruebe la entrada de Walgreens al Plan Vital.
“Hacemos un llamado al Gobierno a resistir las presiones externas e indebidas que buscan imponer decisiones apresuradas, violando los contratos vigentes y poniendo en grave riesgo la continuidad del sistema. Estas acciones, promovidas por actores externos, comprometen la estabilidad del sistema, y el acceso adecuado y sostenible a los servicios de salud que son financiados principalmente por fondos federales”, sostuvo Pacheco Beauchamp.
En reseñas anteriores de El Nuevo Día, fuentes vinculadas al sector de farmacias plantearon que la designación por parte de Pierluisi del exadministrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carlos Rodríguez Mateo, como miembro de la junta de directores de ASES, podría responder a la necesidad de contar con los votos necesarios en dicha junta para dirimir y aprobar la solicitud de Walgreens, así como completar otros asuntos.
Los beneficiarios del Plan Vital representan el 41% de los puertorriqueños, por lo que es uno de los grupos asegurados más grande de la isla.
Habida cuenta que la posible entrada de Walgreens a la red de farmacias del Plan Vital pudiera ocurrir bajo la administración entrante, El Nuevo Día intentó conocer la postura de la gobernadora entrante Jenniffer González sobre la solicitud de la cadena, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.
La negativa de EPPR se suma a la oposición pública que han realizado otras entidades como la Asociación de Farmacias de Comunidad, el Centro Unido de Detallistas y el Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS).
De acuerdo con la presidenta de la CASS, Rosa Castro, la entrada de la farmacia estadounidense debilitaría las farmacias de la comunidad que dan servicios a los beneficiarios del Plan Vital, el cual representa la mayoría de los pacientes de Puerto Rico.
“Permitir que Walgreens ingrese al Plan Vital no solo debilitaría a las farmacias de la comunidad, sino que también centralizaría el poder en una cadena que, en el pasado, dio la espalda a los más vulnerables”, indicó Castro en declaraciones escritas reseñadas recientemente por El Nuevo Día.
En contraposición están, al menos, cinco entidades sin fines de lucro, las cuales han apoyado la posible entrada de Walgreens, como SER de Puerto Rico, la Fundación Hospital Pediátrico, la Sociedad Americana del Cáncer –capítulo de Puerto Rico–, la Asociación de Distrofia Muscular y Make-A-Wish Puerto Rico.
Del mismo modo, la Asociación de Comercio al Detal, que incluye a Walgreens entre sus socios, respalda la entrada de la cadena al PSG.
En conversación con El Nuevo Día, Wilmelis Marquez, portavoz de ASES, indicó que la agencia ún no ha tomado ninguna decisión y se encuentra evaluando los comentarios solicitados a “diferentes sectores” para conocer su parecer y poder llegar a una conclusión.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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