Cada año, miles de conductores son multados por todo tipo de infracciones a la Ley de Tránsito de Puerto Rico, pero desde el 2020, buena parte del dinero que pagan los ciudadanos, no va al erario, pues una tajada significativa se queda en manos de las empresas privadas que fueron contratadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y unos 10 municipios para su procesamiento.