Una empresa radicada en Puerto Rico, es objeto de una demanda radicada por el Departamento federal del Trabajo (DOL, en inglés) por alegadamente desviar dinero que pagaban sus empleados para plan médico para cubrir gastos administrativos de estas empresas y sus filiales.

La demanda fue radicada el martes en el Tribunal Federal en la isla y fue asignada a la jueza federal Camille L. Vélez Rivé.

El recurso es contra Suffolk Administrative Services, con oficina en San Juan, y su filial, Providence Insurance Co. Están incluidos además los dueños y exdirectivos de ambas empresas identificados como Alexander Renfo, William Bryan y Arjan Zieger.

De acuerdo con el documento radicado en el Tribunal Federal, al menos desde 2016 ambas empresas llegaron a un acuerdo de administración de planes médicos para empleados. Los planes ofrecían, mayormente, tratamientos preventivos de salud, pero, el dinero que Suffolk y Providence cobraban por la administración de los planes era destinado, en gran parte, a cubrir “cargos masivos”, lo que viola la ley federal.

De acuerdo con el documento federal, las reclamaciones que hacían los empleados contra el plan médico se pagaban principalmente de las mismas primas que ellos pagaban, en vez de ser pagadas por la aseguradora.

Pero, indica la demanda federal, los administradores de ambas empresas, determinaban por su cuenta cuánto sacar del pote para cobrar los cargos administrativos por gestionar el plan. Esto, sin contar con el endoso o conocimiento de los participantes del plan.

En total, la demanda estima que desde 2016, unos 1,900 empleados en 45 estados de Estados Unidos pagaron por el plan médico que gestionaba Suffolk.

Las violaciones, según el gobierno federal, fueron detectadas por funcionarios de la Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados (EBSA, en inglés) y apuntan a que los administradores señalados supuestamente decidían, por su cuenta, cuánto pagarse a sí mismos en comisiones, lo que viola la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados (Erisa, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la demanda, más de un tercio del dinero contribuido por los empleados para el pago del plan médico se fue a pagar los llamados “costos administrativos” que decidían las mismas empresas.

“El Departamento del Trabajo de Estados Unidos actuó para detener estos cargos excesivos recuperando unos $40 millones de beneficios injustos”, dijo en declaraciones escritas Klaus Placke, director regional de EBSA en San Francisco. “Queremos asegurarnos de que estos planes estén debidamente administrados y que los participantes tengan acceso a unos beneficios de salud que puedan pagar”.

En total, la demanda tiene cinco cargos que van desde señalamientos de violentar las responsabilidades como fiduciarios del plan hasta autorizar pagos de cargos excesivos con dinero de este plan.

La demanda presenta, como ejemplo, que un empleado podía pagar $75 mensuales por un plan individual. De esa, la empresa alegadamente recibía casi $27 en cargos por servicios y la diferencia iba al pago de reclamaciones..

La demanda solicita remover a los demandados como fiduciarios del plan y nombrar un fiduciario independiente que pueda continuar las operaciones.