Walgreens habría reanudado sus intentos de convertirse en proveedor del Plan de Salud del Gobierno (PSG), conocido como el Plan Vital, denunció la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR).

Sin revelar cómo la organización supo del alegado plan de Walgreens para insertarse en el plan de salud financiado principalmente por el programa federal Medicaid, la directora ejecutiva de la AFCPR, Linda Ayala, expresó su profunda preocupación ante una acción que, según ella, “amenaza la estabilidad del sistema de salud actual y el acceso de los pacientes a servicios farmacéuticos en Puerto Rico”.

De inmediato, El Nuevo Día pidió una reacción a Walgreens. Al momento de la publicación de esta noticia, la cadena de farmacias no había contestado.

“La AFCPR rechaza categóricamente el argumento falso de que existe una deficiencia en el acceso a medicamentos para pacientes positivos a VIH, que se alega es la justificación para este cambio”, dijo Ayala.

Explicó la ejecutiva que durante las pasadas décadas, Puerto Rico ha mantenido un sistema eficiente de distribución de medicamentos para pacientes VIH positivos, que inicialmente operaba a través de 46 centros especializados.

“Recientemente, este servicio se expandió al incluir a las farmacias de comunidad como proveedores del Plan Vital, aumentando los puntos de servicio a más de 850 lugares”, indicó, por su parte, Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma.

De ser correcto, no es la primera vez que Walgreens buscaría ser proveedor del plan Vital.

Ayala recordó que Walgreens ha tratado, por más de 20 años y siete gobernadores, de entrar nuevamente como proveedor del Plan Vital. En un principio, la cadena era proveedor del PSG, pero se retiró del mismo cuando la ASES no aceptó que la cadena impusiera las tarifas a pagarles, lo que, en su momento, dejó a miles de participantes de la llamada Reforma en el aire.

La Asociación destacó que cientos de farmacias de la comunidad ya han confirmado la disponibilidad y acceso a medicamentos para pacientes de VIH en establecimientos alrededor de la isla, demostrando que la red actual es más que suficiente y adecuada para atender las necesidades de esa población.

Por su parte, la directora ejecutiva de la ASES, Roxanna K. Rosario Serrano, fue parca en su reacción a las expresiones de la AFCPR, ya que aún están en proceso de evaluación.

“En ASES, estamos evaluando alternativas de expansión y fortalecimiento de los servicios de farmacia con énfasis en vacunación para adultos y medicamentos especializados, de alto costo. Nuestra prioridad en ASES, es y siempre será, proteger a los 1.3 millones de beneficiarios bajo el fondo Medicaid y Plan Vital, así como garantizar el mayor acceso a medicamentos posible, todo el tiempo, consistente y como lo requieren los Programas Medicaid de la nación de los Estados Unidos. Como estamos aún en proceso de evaluación, responsablemente, no emitiremos detalles adicionales sobre el particular”, sostuvo Rosario Serrano.

A jucio de la organización, en el 2022, la propia ASES llevó a cabo un estudio que había demostrado que los pacientes de Vital estaban bien servidos, además de demostrar que había adecuacidad en la red con más de 850 farmacias de comunidad ubicadas en toda la isla.

Inclusive, en una opinión solicitada a Mercer, una firma de consultores de Estados Unidos que habría contratado ASES para analizar la posibilidad de dejar entrar a la cadena al plan de salud Vital, el consultor habría establecido que “Puerto Rico tiene una exención estatutaria de la libertad de selección de proveedores en la sección 1902(a)(23)(A) de la Ley del Seguro Social y del 42 CFR 431.51(b). Esto significa que no le es requerido permitir a cualquier proveedor dispuesto y cualificado participar en el Plan Vital”.

Entre los múltiples riesgos asociados con la posible admisión de Walgreens al plan Vital, según los portavoces de la AFCPR, figuran el impacto económico, la estabilidad y el acceso a los servicios a la población.

Señalaron que un estudio económico del 2022 reveló que el sector de farmacias de la comunidad contribuía a dicha fecha con casi 850 pymes, 14,500 empleos directos y 5,000 empleos indirectos. Tales cifras son aún mayores luego de la salida de la cadena CVS y su adquisición por una cadena de farmacias de comunidad local, aseveró la organización.

La inclusión de Walgreens, alega la AFCPR, podría resultar en el cierre de numerosas farmacias de comunidad, afectando directamente la economía local y el empleo en múltiples municipios cuyas finanzas ya están en precario.

Agregaron que en los pasados años, las farmacias foráneas han mostrado una tendencia de cierres, siendo el más reciente la farmacia Walgreens en Santa Rosa Mall, en Bayamón. En octubre pasado, la cadena informó al mercado inversionista que reducirá un 25% de sus farmacias “menos productivas”, equivalente a más de 1,200 establecimientos en Estados Unidos y Puerto Rico.

El cierre de farmacias locales, seguido por una posible retirada o reducción de operaciones de la cadena foránea, crearía un vacío significativo en el acceso a servicios farmacéuticos, especialmente en comunidades rurales y vulnerables que dicha cadena puede o no atender actualmente, argumentó la AFCPR.

“La Asociación, en nombre de todas las farmacias de comunidad le hacen un llamado urgente al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que no permitan este atropello faltando escasamente un mes para un cambio de administración y precisamente, cuando el gobernador está de viaje fuera del país. Nos extraña que se quiera aprobar la entrada de esta cadena (Walgreens) como proveedor a la red Vital cuando ambos han sido defensores de las farmacias de comunidad y del modelo salubrista que le ha servido bien al país. No creemos que ninguno de ellos quiera dejar este legado de cierre de las farmacias y desarticulación de un sector tan importante del componente de salud y no sabemos de dónde surge esto ni quién está detrás por lo que les pedimos que se detenga cualquier acción a estos efectos,” expresó Ayala.

La organización recordó que públicamente, la gobernadora electa, Jenniffer González, ha solicitado a la administración del gobernador Pierluisi que cesen las gestiones de personal, de erogación de fondos y la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria. A esos pedidos, la AFCPR añadió “el cese de cualquier gestión que cambie el modelo de salud”.

“Pedimos a la gobernadora entrante, quien también ha expresado su total apoyo a las farmacias de comunidad, que interceda con el gobernador Pierluisi para que detenga cualquier intento que pueda poner en peligro la red existente de proveedores de Vital, a las farmacias de comunidad que han servido efectivamente a la población durante décadas y a los pacientes en aras de mantener la estabilidad y continuidad de los servicios farmacéuticos que se brindan en Puerto Rico”, indicó Ayala.

“Esta decisión no solo amenaza la supervivencia de cientos de negocios locales, sino que también pone en riesgo el acceso confiable y estable a servicios farmacéuticos para los beneficiarios del Plan Vital”, recalcó la directora ejecutiva de la AFCPR.