Los negocios de comida podrán servir los alimentos y bebidas en los recipientes plásticos de siempre, sin miedo a que alguna agencia del gobierno los multe, ya que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ni el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fiscalizarán, por ahora, la Ley de Plásticos de un Solo Uso.

Esa fue una de las conclusiones de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños y Medianos Comerciantes, Seguros, Banca y Cooperativismo del Senado -que preside la legisladora Nitza Morán- realizada este lunes y en la que se dicutió qué pasará con la Ley 51 de 2022 y con el Reglamento 9570 que el DRNA y el DACO redactaron para implementar dicho estatuto.

En la Mesa de Trabajo participaron líderes de las principales entidades empresariales del comercio, así como los jefes del DACO, DRNA y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“¿Cómo puedo fiscalizar algo que yo no entiendo? No está claro cuál es el derecho del consumidor que yo estoy protegiendo. La ley como está no creo que es manejable por nadie”, manifestó Natalia Catoni, secretaria del DACO, a los presentes, al tiempo que indicó que la agencia tampoco tiene inspectores suficientes para fiscalizar el estatuto.

Catoni señaló que, antes de aprobar la Ley 51 se debió trabajar para crear una industria de reciclaje y de compostaje, y recomendó que la administración actual trabaje en ese asunto primero. Por eso, expresó que “dos años de moratoria a la ley no serán suficientes, tienen que ser más”, para, según ella, dar tiempo a que se establezcan compañías de reciclaje y de compostaje industrial en el país.

Nelson Cruz, subsecretario del DRNA, dijo, por su parte, que los empleados del Cuerpo de Vigilantes podrían convertirse en inspectores para hacer cumplir la ley.

Agregó que el secretario Waldemar Quiles ya ha identificado mejores prácticas de reciclaje en sitios como Alemania y en Buffalo, Nueva York, donde hay compañías que reciclan vidrio y que pudieran venir a Puerto Rico.

Carlos Rivera Justiniano, asesor de la gobernadora Jenniffer González, dijo que la política pública de esta administración está enmarcada en el reciclaje, pero señaló que la misma no puede implementarse a expensas de los comercios.

La Asociación de Restaurantes (Asore) favorece que la ley se posponga por dos años o más.

“La gobernadora no quiere que se derogue la ley, así que no vamos a pedir eso”, expresó Carlos Budet, presidente de Asore, al indicar que ellos también quieren trabajar en mejorar el medioambiente.

Mientras, Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), indicó que las “leyes malas cuando llegan hay que derogarlas” y opinó que la Ley 51 de 2022 nunca debió existir.

Por su parte, Félix Aponte, presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), sostuvo que el problema ha sido, desde el inicio, el desconocimiento sobre qué tipo de cubiertos y envases se pueden usar para reciclar y cuáles no.

El líder de MIDA llamó la atención al hecho de que ya, la mayoría de los comercios traen productos que se pueden reciclar.

Otros países están más adelantados que Puerto Rico, según Aponte, en el tema del reciclaje y el cuidado del medioambiente. El empresario contó que fue a Costa Rica hace poco y le sorprendió ver por doquier –en plazas, centros de convenciones, parques, etc.- tres zafacones para echar la basura y reciclar materiales como el plástico. “Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no?”, cuestionó el presidente de MIDA y fundador de Supermercados Agranel.

Empero, la senadora Morán recalcó que la Ley 51 necesita “cambios sustanciales” y adelantó que debe implementarse, de forma escalonada, por ejemplo que en una primera etapa solo se cambien los platos; más adelante, los vasos; después los cubiertos; y así sucesivamente.

Añadió que el cuatrienio pasado, la Cámara de Representantes no quiso atender las dudas que había con el proyecto, como las definiciones de biodegradable, compostable y ecoamigable, o los distintos tipos de plásticos que hay en el mercado. Por eso, pasados dos años de la aprobación de Ley 51 de 2022, Puerto Rico todavía no ha podido ponerla en vigor.

“Hay que tener mucho ciudado, que cuando se hace legislación, que sea viable. Lo vimos también con las bolsas plásticas, ahora hay finitas, más gruesas, de papel, y (en los comercios) las cobran todas”, dijo la legisladora.

La semana pasada, en la Cámara de Representantes se radicó una medida para derogar la referida Ley 51. La representante Tatiana Pérez Ramírez presentó el proyecto cameral 277 a esos fines.

Morán no especificó qué enmiendas particulares se harán al estatuto, y tampoco mencionó si la comisión que preside se reunirá con las organizaciones que favorecen la puesta en vigor de la Ley 51.