En un hecho poco común, los cuatro candidatos a la gobernación han coincidido, por separado, en que de ganar las elecciones, comenzarán a regular a los administradores de beneficios de farmacia (PBM por sus siglas en inglés), tal como ya ocurre en una treintena de estados.

La promesa cumple con al menos una de las expectativas del sector que atraviesa por múltiples retos y cuya matrícula, agrupada en la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFC) escuchó los planteamientos de los aspirantes a morar en La Fortaleza el pasado fin de semana.

“Me dejaron sorprendido porque todos entendían perfectamente qué es lo que hay que hacer para apoyar al sector de farmacias. Todos dijeron cosas realistas y coherentes, y coincidieron en que darán prioridad al tema de los PBM en los primeros meses de entrar a gobernar”, manifestó Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma.

Juan Dalmau, candidato a gobernador por la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), enfatizó que en Estados Unidos hay más de 30 estados que regulan a los PBM, y en Puerto Rico, ya existe una ley a esos efectos. Lo que hay que hacer, según Dalmau, es cumplir con lo que dispuso la jueza federal Laura Taylor Swain, al analizar el estatuto que fue cuestionado en el tribunal, y presentar los datos de impacto fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En Puerto Rico, se aprobó la Ley 82 de 2019 para regular a los PBM, pero la ley no se ha puesto en vigor porque la JSF objetó la misma una vez el gobierno no presentó un estudio de impacto económico que valide que el estatuto no tendrá impacto fiscal.

Uno de los asistentes al foro, que prefirió no se le identificara, indicó que la Ley 82 no tendría impacto fiscal, “porque el impacto que la Junta Fiscal dice que tendría es el dinero que nos han dejado de pagar a las farmacias”.

Jenniffer González, candidata del Partido Nuevo Progresista, sostuvo que, de resultar victoriosa en los próximos comicios, se compromete a “romper las prácticas anticompetitivas e injustas” de los PBM, que son entidades intermediarias entre las aseguradoras de salud, las farmacias y los fabricantes de medicamentos.

La hoy comisionada residente de Puerto Rico en Washington dijo que enmendaría el estatuto para asignarle la labor de fiscalizar a los PBM a la Oficina del Comisionado de Seguros, en vez de al Departamento de Salud y a la Administración de Seguros de Salud (ASES) -como mandata la Ley 82-, ya que estas “no tienen la pericia”.

“En todos los estados e inclusive en la legislación modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés), quien supervisa a los PBM es el mismo reglamentador que supervisa a las aseguradoras”, sostuvo la candidata del PNP.

Los dueños de farmacias indagaron sobre qué opinan los candidatos acerca de derogar el impuesto al inventario, sobre todo a los medicamentos con receta.

En ese punto, los cuatro dijeron favorecer que se elimine dicho impuesto, pero algunos como Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad, indicó que habría que buscar un sustituto para no impactar aún más las arcas municipales. Jiménez es contador público autorizado y desde el 2005 es el alcalde de San Sebastián. Presidió la junta de directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de 2009 a 2012.

Por su parte, González catalogó el impuesto al inventario como “una medida impositiva regresiva, ineficiente, injusta, que afecta la disponibilidad de mercancía, encarece los bienes y es un escollo para el desarrollo económico”.

La candidata propuso congelar el impuesto al inventario durante un periodo de cinco años para auscultar alternativas que sirvan para eliminar el impuesto, y crear una comisión que, en seis meses, deberá presentarle sugerencias de cómo reformar el sistema contributivo de la isla.

“Cuando me dicen que van a nombrar una comisión para que presente propuestas, ya yo sé que no va a pasar nada. Harán un informe y terminará en un tirijala en la legislatura”, reaccionó uno de los entrevistados.

“Lo que hay que hacer es eximir a los medicamentos con receta del pago del impuesto al inventario, es lo más sencillo y representa apenas entre $14 millones y $20 millones. Luego, se trabaja con lo demás”, agregó el entrevistado.

Esa idea fue acogida por González del PNP. “Los medicamentos con receta no pagan IVU y por las mismas razones de política pública que no pagan IVU tampoco deben estar sujeto a ninguna contribución municipal”, aseveró González.

Dalmau, el candidato de la Alianza PIP-MVC e hijo de una farmacéutica, señaló que declarará como servicio esencial a las farmacias.

Esa idea gustó mucho a los dueños de farmacias porque “cuando hay tragedias a nosotros no nos consideran para nada, por ejemplo, en la entrega de diésel. Sin embargo, somos los primeros en abrir y atender a la población, como ocurrió también en la pandemia”, sostuvo el participante que prefirió no se divulgara su nombre.

Jesús Manuel Ortiz, candidato del Partido Popular Democrático (PPD), se comprometió a que de ganar las elecciones, también garantizará que las farmacias sean reconocidas como proveedoras de servicios esenciales. “Mi compromiso con nuestras farmacias locales es inquebrantable. Ellas estuvieron ahí cuando más lo necesitamos, y es nuestro deber protegerlas. Cómo gobernador estoy comprometido con la salud y el desarrollo económico de nuestra gente”, afirmó Ortiz.

En cuanto a cómo ven que cadenas de Estados Unidos, como Walgreens, participen del programa de salud del gobierno Vital, el candidato del PPD dijo que no permitirá la apertura de la red de farmacias a cadenas que no sean locales.

Mientras, la candidata novoprogresista indicó que los pacientes de Vital están bien servidos con la red de farmacias de comunidad, además “estamos apoyando al pequeño comerciante de aquí y asegurándonos que los chavos se queden aquí y se inviertan aquí”, manifestó González.