Tras las múltiples controversias que ha traído la implementación de la Ley 51 de 2022, conocida comúnmente como la Ley para Prohibir los Plásticos de un Solo Uso, se ha presentado un proyecto en la legislatura que busca derogar el estatuto.

La representante por acumulación en la Cámara de Representantes, Tatiana Pérez Ramírez, radicó el Proyecto de la Cámara 277, a esos efectos.

La Ley 51 de 2022 no ha tenido el apoyo del sector de restaurantes, quienes entienden que el mismo discrimina contra su sector, pues no aplica a otras industrias.

Además, se alega que el estatuto ha tenido efectos adversos como aumentar los costos operacionales, ya que muchos de los envases que require la ley son más caros que los de plástico que se usaban regularmente. El estatuto requiere al sector de restaurantes y similares descartar plásticos que no puedan reciclarse y en su lugar, que se utilicen envases biodegradables o compostables.

El nuevo proyecto 277 busca establecer un nuevo marco regulatorio, según la representante, que balancee la protección del medioambiente con la viabilidad económica de los sectores afectados.

La Ley 51 de 2022, según enmendada, se implementó con el objetivo de reducir la contaminación ambiental a través de la prohibición de plásticos de un solo uso.

Sin embargo, la representante Pérez Ramírez indicó en declaraciones escritas que ha recibido múltiples quejas de la industria de restaurantes y pequeños comerciantes, quienes han señalado que la legislación ha generado desafíos operativos significativos.

Los altos costos de alternativas sostenibles y la falta de competencia en la producción y distribución han afectado la competitividad y el empleo en estos sectores.

“Es crucial encontrar un equilibrio que permita proteger nuestro medioambiente sin comprometer la estabilidad económica de nuestros negocios locales. Este proyecto de ley busca crear un espacio para la innovación y la colaboración entre el gobierno, la industria y organizaciones no gubernamentales”, expresó Pérez Ramírez.

El proyecto de ley propone la creación de un comité de trabajo que estará encargado de desarrollar un marco regulatorio ordenado.

Ese comité incluirá representantes de varias entidades, incluyendo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y la industria de reciclaje, entre otros. Su objetivo será presentar recomendaciones concretas a la Asamblea Legislativa antes del 30 de junio de 2026.

Entre las medidas que se discutirían se encuentran la promoción de alternativas sostenibles, la certificación de productos ecológicos, la educación y concienciación ciudadana, y el fomento de alianzas para soluciones innovadoras.

La representante hizo un llamado a todos los sectores involucrados, incluyendo la industria privada, las organizaciones ambientales y la ciudadanía en general, a participar en este proceso.

“Es momento de unirnos para garantizar un futuro sostenible para Puerto Rico, donde la economía y el medio ambiente trabajen de la mano”, manifestó.