El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, José Taboada de Jesús, reclamó la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal y de la gobernadora electa, Jenniffer González, para detener a la Comisión de Juegos de Puerto Rico en su intento de enmendar el reglamento que daría paso a aumentar las máquinas tragamonedas instaladas en agencias hípicas.

La Comisión de Juegos ya realizó una primera vista para evaluar cambios al Reglamento Hípico sobre Sistemas de Videojuego para permitir a estas agencias tener hasta 15 máquinas tragamonedas, en vez de las 10 que están autorizadas actualmente. El director interino de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán dijo a El Nuevo Día que hay 3,400 máquinas de videojuegos operadas por la empresa Light & Wonder, mientras la ley autoriza al Hipódromo Camarero a tener hasta 5,000 terminales. En total, hay 387 agencias hípicas en Puerto Rico.

Durante la vista pública que se realizó para evaluar los cambios al reglamento, la organización de policías insistió en que estos cambios alteran la capacidad del plan de retiro de los policías de recibir los ingresos que reciben de los casinos.

En entrevista con este rotativo, Taboada de Jesús reiteró que ha hecho un llamado tanto a la junta como a la comisionada residente para paralizar los cambios propuestos al reglamento.

“Ellos están utilizando supermercados, panaderías y otras áreas que no son agencias hípicas y utilizan esos comercios y tienen máquinas ahí instaladas. Están violando su propia ley. Si tienes una máquina que es de las de ruta y de las de casino y esa tiene un jackpot de $100,000, pero tienes al otro lado una máquina con un jackpot de $20,000, ¿a dónde van a ir a jugar? Van a la de $20,000 porque tienen más posibilidades”, dijo.

Taboada de Jesús recordó que tanto el presupuesto, como el retiro de los policías y otros potes reciben fondos de las ganancias de los casinos y, a su entender, eso se podría afectar con el propuesto aumento de las máquinas en agencias hípicas.

En declaraciones escritas enviadas hace unos días, Santaella Marchán insistió en que el reglamento lo que pretende es llegar al límite que ya permite la ley, que son las 5,000 máquinas.

“Nunca excederán las 5,000 máquinas que en su momento les fueron aprobadas por ley, sino que se hace un cambio en la distribución de estas”, indicó por escrito. “Estas enmiendas responden a la petición de LNW Gaming Puerto Rico, proveedor de servicios de la empresa operadora, Camarero Race Track Corp.”.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la Junta de Supervisión Fiscal, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En cuanto a la vista pública para enmendar el reglamento, la Comisión de Juegos informó a este rotativo que el próximo paso es preparar un informe sobre lo ocurrido en la vista pública para que luego tomen una determinación sobre la petición de aumentar las máquinas en las agencias hípicas.

Taboada de Jesús insistió en que se debe exigir a estas tragamonedas del Hipódromo que aporten el 22% de sus operaciones a los diversos potes, incluyendo el Fondo del Sistema de Retiro para los Policías.

“La clase trabajadora, los maestros, los policías, los bomberos, todos los que trabajan en este país reclaman que se detenga el privilegio de una empresa privada como el Hipódromo de seguir ampliando su operación basándose en privilegios contributivos que a la corta o a la larga afectan al débil Fondo del Sistema de Retiro de los Policías. La intención del Hipódromo es afectar directamente a la industria de casinos y eliminar a los operadores de máquinas de videojuegos en ruta, cuya operación por ley aportan al Sistema de Retiro de los Policías”, terminó diciendo el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía.