La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobó este miércoles el acuerdo de estipulación que pondría fin a la reclamación de Cobra Acquisitions contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por los trabajos que contribuyeron al restablecimiento de la red eléctrica luego de los estragos causados por el huracán María.

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La decisión de Swain se produjo durante la audiencia general de los casos de Título III de Puerto Rico del mes de septiembre, una jornada en la que la jueza también dejó en el tintero el cierre del expediente de quiebra de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) hasta que se resuelva un asunto técnico que continúa pendiente.

Casi siete años después de sustituir a Whitefish Holdings en los trabajos de emergencia para restaurar la electricidad en Puerto Rico, Cobra recibirá aproximadamente la mitad de los cerca de $400 millones que facturó a la AEE.

Según Swain, el pacto que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) suscribió con Cobra, con el aval de la administración de Pedro Pierluisi, es más que razonable a la luz del Código de Quiebras y no lacera los derechos que los municipios puedan tener contra la empresa por el pago de arbitrios de construcción o de cualquier otra índole.

Swain emitió su fallo en corte abierta, luego de unos 45 minutos de argumentaciones entre los abogados de la JSF, del contratista Cobra y la representación legal de los municipios de Caguas, Cayey, Humacao, Guayama, Guaynabo, Las Piedras, Naguabo y Yabucoa, así como de Foreman Electric Services Inc., empresa que se disputa con Cobra por otros asuntos y en otros foros en los estados de Oklahoma y Florida.

Al emitir su decisión, Swain denegó la objeción de los municipios al concluir que estos violaron la suspensión automática de litigios que protege a la AEE bajo el Título III de la ley federal Promesa. Esto, al intentar preservar parte del dinero que la corporación pública pagaría a Cobra para cubrir los arbitrios de construcción y otros impuestos municipales que se alega debe el contratista.

A su vez, Swain determinó que Foreman Electric Services, otro contratista que ha hecho negocios con Cobra, no tiene méritos o “standing” para intervenir en la controversia, una conclusión que reafirmó un fallo similar emitido por la jueza hace unos dos años.

El fallo de Swain se produjo pese a los argumentos de los abogados Arturo Negrón Vargas y Alex Fuentes, quienes recordaron a la jueza que los municipios juegan un papel fundamental en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Desde la perspectiva de los municipios, habida cuenta que Cobra no les ha pagado, estos tendrían derecho a un gravamen contra cualquier cuantía monetaria que la AEE haga al contratista según la estipulación.

Pagar a Cobra podría suponer la pérdida de unos $75 millones en ingresos, alegan los ayuntamientos, quienes desde hace unos años encaran un litigio incoado por Cobra en el foro estatal.

“Cobra tuvo la oportunidad cuestionar judicialmente la notificación de cobro y no ejerció ese derecho”, indicó Negrón Vargas al señalar que los municipios obraron según el Código Municipal aprobado en 2018 y reafirmado en el 2022. Esto, cuando informaron al contratista que adeudaba el pago de patentes y arbitrios de construcción y que por ello, de cualquier pago que recibiera el contratista emanaría un gravamen.

“El efectivo de la AEE es propiedad de la AEE La AEE está protegida por la suspensión automática de litigios y está sujeta a la jurisdicción exclusiva de este tribunal bajo la sección 306 (b) de Promesa”, indicó por su parte, Paul V. Possinger, abogado de la JSF y socio del despacho legal Proskauer Rose.

Possinger, quien sostuvo que ningún otro acreedor de la AEE objetó el acuerdo pactado con Cobra, destacó que la estipulación pondría fin a lo que habría sido otro litigio largo y costoso para la AEE mientras reiteró que el pacto no libera de responsabilidad a Cobra de cualquier obligación que pueda tener con terceros.

El abogado de Cobra, Abid Qureshi, aseguró que el acuerdo que recortaría en 50% la acreencia del contratista pondría fin a una controversia que ya marca cinco años y de un evidente impasse entre las partes.

Según Qureshi, habría sido la labor “incansable” de la exjueza Shelley C. Chapman, como mediadora en la controversia, el factor decisivo para llegar a un entendido.

Y aunque Cobra solo recobraría la mitad, poner fin a la disputa permitiría a la empresa centrarse en sus negocios, en lugar de continuar disputándose con la AEE.

Cobra llegó a Puerto Rico a reparar la red eléctrica, una vez se levantaron múltiples cuestionamientos contra el contratista Whitefish Holdings.

Pero una vez Cobra se hizo del proyecto, salió a relucir que el expresidente de la empresa, Donald Ellison y la exsubdirectora regional de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) conspiraron para que la empresa recibiera la millonaria contratación. Ambos se declararon culpables por los hechos hace unos dos años.

El acto de corrupción provocó que FEMA y la AEE se embarcaran en un largo proceso de auditoría y evaluación a las facturas de Cobra, análisis que a su vez, repercutió en un pedido del contratista a la jueza Swain para dirimir la veracidad de sus acciones de cobro mediante un juicio. Como parte del acuerdo, Cobra desistiría del litigio contra la AEE.