El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes que no frenará la puesta en vigor de la ley federal que prohíbe la operación de la plataforma TikTok en ese país a partir de este domingo, 19 de enero.

“No cabe duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una plataforma distintiva y amplia para la expresión, un medio de interacción y una fuente de comunidad. Sin embargo, el Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria para abordar sus preocupaciones bien fundamentadas sobre la seguridad nacional en relación con las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero”, expuso el alto foro en la decisión del caso TikTok vs Garland.

“Por las razones expuestas anteriormente, concluimos que las disposiciones impugnadas no violan los derechos de la Primera Enmienda de los peticionarios”, remató el Supremo en la decisión unánime que permite la puesta en vigor de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Adversarios Extranjeros.

A esos efectos, TikTok estará obligado a vender sus operaciones en Estados Unidos a una empresa en ese país, si quiere continuar disponible para sus usuarios en los 50 estados y territorios como Puerto Rico.

En la decisión unánime, que no fue firmada por ninguno de los jueces, el máximo tribunal explica que TikTok, en su recurso para retar la constitucionalidad de la mencionada ley, “no disputa que el Gobierno tiene un interés importante y bien fundamentado en evitar que China recopile los datos personales de decenas de millones de usuarios de TikTok en los Estados Unidos”.

Más aún, afirma que ni siquiera podría hacerlo, porque “la plataforma recopila una cantidad extensa de información personal de y sobre sus usuarios”.

Citando el informe congresional en el que se basó la promulgación de la ley, TikTok recopila “edad, número de teléfono, ubicación precisa, dirección de internet, dispositivo utilizado, contactos telefónicos, conexiones en redes sociales, el contenido de mensajes privados enviados a través de la aplicación y videos vistos”.

También accede a toda la información almacenada en la lista de contactos del usuario, que puede incluir foto, nombre, dirección, título de trabajo y notas.

Aunque se puede argüir que ese nivel de recopilación es similar al de otras plataformas sociales, como las de Meta (Threads, Instagram y Facebook, porque Whatsapp afirma que los mensajes privados están cifrados), el Supremo destaca como diferencia que “la ley china permite al Gobierno chino exigir a las empresas que entreguen datos al Estado, lo que convierte a las empresas con sede en ese país en ‘herramientas de espionaje’ de China”.

Bajo esa premisa, el gobierno federal teme que el acceso a información tan detallada sobre los usuarios estadounidenses facilite que “China rastree las ubicaciones de empleados y contratistas federales, construya expedientes de información personal para chantaje y realice espionaje corporativo”.

El alto foro también abordó que el gobierno federal busca “evitar que un adversario extranjero tenga control sobre el algoritmo de recomendación que administra una plataforma de comunicaciones estadounidense ampliamente utilizada, y que pueda ejercer ese control para alterar el contenido de la plataforma de manera indetectable”.

Agregó que, a pesar de que el gobierno federal ha solicitado a la matriz de TikTok, ByteDance, cesar de enviar a China los datos de usuarios estadounidenses para entrenar su algoritmo de recomendaciones, la empresa se ha negado.

Ante esa realidad, el Supremo opinó que la inquietud del gobierno federal sobre la recopilación de datos de TikTok es justificada.

Además de la decisión unánime sin firmar, los jueces Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch presentaron opiniones concurrentes.

Gorsuch recalcó que el expediente judicial deja claro que “TikTok extrae datos tanto de los usuarios de TikTok como de millones de personas que no dan su consentimiento para compartir su información”.

A su vez, se expresó complacido de que el Supremo haya tomado su decisión sin tomar en cuenta ”las pruebas clasificadas que el gobierno nos ha presentado, pero que han protegido de los peticionarios y sus abogados”.

“Los esfuerzos por introducir pruebas secretas en los procedimientos judiciales plantean evidentes problemas constitucionales. Por lo general, las pruebas utilizadas para probar el caso del Gobierno deben ser reveladas al individuo para que tenga la oportunidad de demostrar que son falsas”, adujo Gorsuch sobre una de las inquietudes que han levantado grupos de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Entretanto, a menos de dos días de la hora cero para que Tiktok no puede accederse en Estados Unidos y sus territorios, un proyecto de ley con una sola oración podría ser la salida para “darle al Congreso el tiempo necesario para evaluar completamente las implicaciones de esta prohibición”, expuso mediante comunicado, el senador demócrata Edward J. Markey, quien el martes pasado anunció la medida titulada en inglés “Extend the TikTok Deadline Act”.

El proyecto, que presentó con el apoyo de sus correligionarios Ron Wyden, Cory Booker y Ro Khanna, daría a la compañía matriz de TikTok, ByteDance, 270 días adicionales para vender la operación en Estados Unidos a un comprador avalado por el gobierno federal.

Al momento, la medida no ha avanzado en el Congreso.

Pendientes a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.