A más de cinco años del paso del huracán María, gran parte de los parques, cabañas, áreas de acampar y balnearios que administra el gobierno de Puerto Rico permanecen cerrados. Esta situación ha representado una reducción millonaria en ingresos para el fisco, así como menos espacios de recreación para los ciudadanos y pérdidas para los comerciantes que se beneficiaban del turismo que generaban esos polos económicos.