Pese al reclamo de los hoteleros y organizaciones comunitarias, la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado no enmendó el Proyecto de la Cámara 1557, que busca regular los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas inglés), para definir tales alojamientos como una actividad comercial para propósitos de solicitud de permisos.

La comisión, presidida por la senadora Ada García, aprobó el pasado 6 de junio un informe positivo de la medida y sí dio paso a otras enmiendas, entre las que figuraron aumentar la cantidad de dinero que iría a los ayuntamientos por concepto de los recaudos del impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”.

El texto de la medida aprobada por la Cámara a finales de 2023 contemplaba que solo el 2% de tales recaudos irían a los municipios, pero el Senado aumentó la cifra a 3%. Actualmente, quienes se alojan en un STR en Puerto Rico pagan un 7% de “room tax”, que es remitido a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) por plataformas de STR como Airbnb y Join a Join.

De inmediato, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), Miguel Vega, consignó su “decepción” con el proyecto y pidió a los legisladores que le voten en contra.

En síntesis, la medida ordena un registro obligatorio de los STR, clasifica a estos alojamientos como una actividad comercial solamente para fines contributivos y daría garras a los municipios para definir dónde o no podría ubicar un alojamiento de este tipo.

“Es evidente que no se incorporaron cambios esenciales propuestos por nuestra industria y por diversas comunidades afectadas por la falta de regulación adecuada de los arrendamientos a corto plazo”, sostuvo Vega en declaraciones escritas.

“La PRHTA defendió la posición de nuestros socios, reflejada en las enmiendas propuestas, especialmente en cuanto a reconocer los STR como una actividad comercial. Lamentablemente, la comisión no escuchó las demandas de las comunidades y de la industria turística, dejando desprotegidos a quienes se ven directamente afectados”, agregó.

Respecto al aumento de la cantidad de los recaudos del “room tax” que iría a los ayuntamientos, el hotelero anticipó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se pronunciará en contra, ya que, a su juicio, el cambio viola las disposiciones del Plan Fiscal.

La PRHTA había propuesto aumentar a 11% el “room tax” aplicable a los STR y destinar un 3% de ese total a los municipios.

Por su parte, Charlotte Gossett-Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, lamentó que la comisión de García no tomó en cuenta los reclamos de su organización y varias comunidades de la isla afectadas por el supuesto desplazamiento que provocan los STR.

“Es indignante e inaceptable que luego de tanto trabajo dirigido a lograr un proyecto comprensivo y balanceado para regular este creciente sector económico, las propuestas y las preocupaciones de las comunidades hayan caído en oídos sordos. El hecho de que todavía insistan en regular los ACP como una actividad residencial, cuando claramente esa clasificación no responde a la realidad del negocio, muestra la falta de voluntad política para atender este problema” expresó Gossett-Navarro en comunicado de prensa.

Recientemente, Hispanic Federation publicó un estudio en el que recomendó clasificar ciertos STR como una actividad comercial e incrementrar la tasa del “room tax” aplicable a este tipo de alojamientos.

Mientras, Mariana Reyes, directora ejecutiva de Taller Comunidad La Goyco, localizado en la calle Loíza, en San Juan, catalogó el proceso legislativo como “una burla”.

“Este proceso de vistas públicas fue proforma. Al final dejaron el PC 1557 prácticamente igual que antes sin responder a ninguna de nuestras preocupaciones. Los impactos negativos de desplazamiento, precarización de la calidad de vida y el encarecimiento de los servicios a los residentes locales están evidenciados en investigaciones, informes participativos y un manifiesto comunitario que los legisladores no pueden ignorar. Las comunidades no estamos inventando la crisis que confrontamos con esta actividad y los legisladores no deben abdicar su responsabilidad de atenderla”, lamentó Reyes.

René Acosta, presidente de Viva Puerto Rico, la organización que reúne a los propietarios y operadores de STR en la isla, aseguró estar satisfecho con la determinación de la comisión presidida por García.

Para el líder de la industria turística, definir a los alquileres a corto plazo como una actividad comercial para fines de permisos tendría un impacto negativo sobre los STR.

“Nosotros (Viva Puerto Rico) no estábamos a favor de que bajaran este negocio como comercial”, apuntó Acosta en entrevista con El Nuevo Día.

“La opinión mayoritaria de todos los personajes envueltos en esta controversia era que sería bien desfavorable clasificar este negocio comercial, porque se va la mitad del negocio porque la mayoría están en zonas residenciales y no les darían los permisos. La otra parte es que, si le ponen esa clasificación (de actividad comercial), La Fortaleza no lo iba a aprobar”, agregó.

En mayo, el gobernador Pedro Pierluisi indicó a este diario que estaba en contra de catalogar a los STR como una actividad comercial, ya que tal cambio “afectaría significativamente el turismo”.

Aunque no existen datos oficiales sobre cuántos STR hay en la isla, Viva Puerto Rico recientemente estimó que el país cuenta con unos 25,000 alojamientos de este tipo.

Airbnb, la plataforma que reúne la mayor cantidad de STR en la isla, tampoco estaba a favor de clasificar tales alojamientos como una actividad comercial.

En una entrevista reciente con este medio, Jay Carney, jefe de Política Global y Comunicaciones de Airbnb, advirtió que “a veces las regulaciones, incluso si son bien intencionadas, crean consecuencias terribles”.

“El hecho es que la abrumadora mayoría de nuestros anfitriones son personas normales que tienen uno o dos anuncios (propiedades) en Airbnb. Y en Puerto Rico, el 92% de nuestros anfitriones viven en la isla”, defendió.

Carney reclamó que el 85% de los anfitriones en la isla -con una o dos propiedades en Airbnb- representan “un negocio muy orgánico, no es lo que la gente normalmente consideraría una actividad comercial”.

“Tal vez tu madre, tal vez, tu tío tenga una casa, y deciden, durante dos semanas al año, porque están viajando, incluir su casa en Airbnb. ¿Es esa una actividad comercial o es alguien que se aprovecha de su propiedad y trata de ganar un poco de dinero extra?”, cuestionó.