Pese al reclamo unísono del Municipio de Ponce y un grupo de empresarios de la Ciudad Señorial, el gobernador Pedro Pierluisi vetó el Proyecto de la Cámara 1617, que proponía transferir el Aeropuerto Mercedita a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP).

La medida de la autoría del representante Domingo Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), fue aprobada en enero de este año en la Cámara de Representantes sin ningún voto en contra. Posteriormente, en julio pasado, el Senado avaló el proyecto con 19 votos a favor y cinco en contra.

En un comunicado de prensa, La Fortaleza indicó que Pierluisi vetó la medida debido a, entre otras cosas, “la posible pérdida de la certificación otorgada por la FAA (Agencia Federal de Aviación) al aeropuerto, así como la posible pérdida de los fondos otorgados por la FAA al aeropuerto”.

El primer ejecutivo, empero, firmó una orden ejecutiva para la creación de un Comité Evaluador, que estudiará y emitirá recomendaciones sobre la posible transferencia a la APP en el futuro.

Según la orden ejecutiva, el comité deberá presentar un plan de acción preliminar al gobernador, en o antes de 180 días, con objetivos y recomendaciones, incluyendo la posibilidad de realizar gestiones para lograr la transferencia del certificado de operación del aeropuerto en cumplimiento con las leyes y regulaciones federales aplicables.

El comité, que será presidido por el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) en el cargo, estará compuesto por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) designado, el alcalde del Municipio de Ponce incumbente y cualquier otro miembro que el gobernador de turno designe.

En agosto de 2023, el actual director ejecutivo de la APPR, Joel Pizá Batiz, expresó a este diario que la entidad que dirige ni la FAA “autorizarán una transferencia a un operador que no tenga la solvencia económica -ni la experiencia operacional- para sostener de manera adecuada el aeropuerto, pues las consecuencias serían fatales y conllevarían la pérdida de la certificación bajo el 14 C.F.R. Parte 139″.

En síntesis, el proyecto vetado por el gobernador perseguía transferir el aeropuerto a la entidad a cargo del manejo del puerto de Ponce en un periodo de cinco años. Mientras tanto, el gobierno central designaría el presupuesto necesario para las operaciones de la principal instalación aeroportuaria en la zona sur de Puerto Rico.

Los cinco años, además, servirían para elaborar un plan maestro del aeropuerto, que sería presentado ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Para un grupo de empresarios ponceños, la transferencia del aeropuerto Mercedita a la APP es un movida fundamental para impulsar el turismo en la zona sur de la isla.

“El aeropuerto (Mercedita) es la punta de lanza del desarrollo económico del sur de Puerto Rico. Es pieza fundamental para el despunte de nuestra economía de cara al futuro. A tales efectos, respaldamos la gestión de integrar el aeropuerto Mercedita a Ponce y a su puerto en ánimos de hilvanarlo al ecosistema empresarial de la ciudad-región”, expresó Abel Misla, presidente Misla Hospitality Group, en un comunicado de prensa divulgado en abril de este año junto a otros comerciantes del área.

Tras el veto de Pierluisi, el representante Torres defendió que “el proyecto de ley rechazado por el gobernador contemplaba un proceso ordenado de transferencia”.

“No se disponía una transferencia inmediata, si no que contenía un proceso el cual podría extenderse por 5 años”, recalcó.

Asimismo, indicó que, aunque la orden ejecutiva firmada por Pierluisi no es “lo que hubiese deseado”, continúa la discusión de una posible transferencia de los activos.

Sí consideró que la acción del gobernador “es un esfuerzo mínimo y relega su responsabilidad para que la decisión la tome otro gobernante”.

“En 180 días, él (Pierluisi) ya no será el gobernador, por lo que esta acción es insuficiente. El gobernador de Puerto Rico, si tenía dudas sobre las disposiciones del proyecto, pudo haber establecido esta orden ejecutiva con mayor anticipación. El proyecto 1617 fue radicado el 31 de enero de 2023, por lo que tuvo desde entonces para evaluar la transferencia y buscar consultar al gobierno federal”, agregó.

Torres indicó que continuará trabajando con la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre, para lograr la transferencia del aeropuerto.

“Me mantendré dando seguimiento al comité creado por la orden ejecutiva para ver los resultados. Tarde o temprano esta transferencia se va a dar por el bien de la región sur de Puerto Rico”, apuntó.