Nueva York — Uno de los abogados que representan al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó el miércoles su confianza en que el caso penal contra el demócrata ha terminado, a pesar de que el funcionario del Departamento de Justicia que ordenó que se desestimaran los cargos dejó abierta la posibilidad de que el caso se reabra el próximo otoño.

“No hay una amenaza inminente. Este caso ha terminado. No se volverá a presentar”, dijo el abogado, Alex Spiro, a los periodistas. “A pesar de toda la fanfarria y las afirmaciones sensacionalistas, en última instancia no hubo evidencia de que él hubiera violado alguna ley en ningún momento”.

Sin embargo, mientras Spiro proclamaba lo que describió como una victoria total sobre una “persecución errónea”, la realidad de la maniobra del Departamento de Justicia, delineada en un memorando de dos páginas enviado el lunes, es más complicada.

Por ahora, los cargos contra Adams permanecen vigentes.

El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, instruyó en su memorando a la fiscal federal interina de Manhattan, Danielle Sassoon, a desestimar los cargos “tan pronto como sea posible”. Un portavoz de su oficina se negó a comentar. No ha habido nuevos documentos presentados en el caso en los dos días desde que el memorando se hizo público.

Bove escribió que la orden de suspender el caso se hizo sin “evaluar la solidez de la evidencia” contra Adams, pero que estaba destinada a permitirle concentrarse en ejecutar las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump en torno a la inmigración y la delincuencia.

La posible desestimación de los cargos también estaba condicionada a que Adams aceptara que el caso pudiera reabrirse en noviembre tras las elecciones municipales, escribió Bove.

Esos términos inusuales han suscitado escepticismo entre algunos demócratas y una feroz reprimenda de los rivales demócratas en las primarias para alcalde, quienes sostienen que Adams ha aceptado llevar a cabo la dura agenda de inmigración de Trump a cambio de su libertad.

Hablando con los periodistas en su oficina el miércoles, Spiro negó que Adams hubiera hecho tal promesa. Pero reconoció que se discutieron temas de inmigración y otras políticas en una reunión entre el equipo legal del alcalde y funcionarios del Departamento de Justicia antes de la directiva para detener el caso.

“El funcionamiento del gobierno, y la capacidad del alcalde para hacer cumplir cuestiones de seguridad nacional, amenazas de terrorismo, problemas de inmigración y todo lo demás, por supuesto que surgió”, dijo Spiro.

Adams aún no había firmado ningún documento en relación con la posible desestimación, señaló Spiro.

Si bien Spiro reconoció que los cargos, si se desestiman bajo los términos delineados en el memorando, podrían ser presentados nuevamente más tarde, afirmó que cualquier revisión honesta de la evidencia debería llevar a los fiscales a concluir que el alcalde no había cometido ningún delito.

Adams se declaró inocente en septiembre de los cargos de haber aceptado alrededor de $100,000 en vuelos internacionales gratuitos o con grandes descuentos, estancias en hoteles, comidas y entretenimiento a cambio de contribuciones ilegales a su campaña de un funcionario turco y miembros de la comunidad empresarial turca.

Los fiscales también alegan que él dirigió personalmente a los miembros del personal de la campaña para solicitar donaciones de nacionales extranjeros, lo cual está prohibido por la ley federal. Esas contribuciones fueron disfrazadas para permitir que Adams calificara para un programa de la ciudad que proporciona una generosa contraparte financiada por el público para donaciones de bajo monto.

Su juicio estaba programado para comenzar en abril.

Los fiscales de Nueva York que presentaron el caso habían indicado, hasta esta semana, que creían tener un caso sólido y que la investigación había descubierto evidencia adicional de mala conducta por parte de Adams.

Sin embargo, su poder para resistir la directiva del Departamento de Justicia es limitado. La secretaria de Justicia tiene el poder de reemplazar a los fiscales federales a su voluntad, lo que significa que cualquier persona que se oponga a las directivas de Washington podría ser potencialmente retirada de su cargo.